RUTA 27 · LOW
PRI propone blindaje electoral en Edomex antes de que la violencia inhiba candidaturas
La propuesta priista llega sin diseño definido, sin respuesta reportada del Ejecutivo estatal y sin plazo. En 2027 se renuevan 125 ayuntamientos y el Congreso local.
El diputado Eduardo Zarzosa, del PRI, pidió al gobierno del Estado de México informar su estrategia de seguridad rumbo a 2027 e instalar una Mesa Estatal de Seguridad Electoral. El planteamiento obliga al Ejecutivo estatal a fijar posición y le da al PRI un tema para recorrer los 125 ayuntamientos que se renuevan en esa jornada.
El diputado Eduardo Zarzosa convirtió la comparecencia del secretario general de Gobierno en una tribuna de seguridad electoral. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, pidió al Ejecutivo mexiquense informar qué estrategia desplegará rumbo a los comicios de 2027 y propuso instalar de inmediato una Mesa Estatal de Seguridad Electoral para identificar riesgos y prevenir hechos de violencia. El planteamiento coloca el tema en la agenda legislativa antes de que el proceso local entre en su fase formal y obliga al gobierno estatal a fijar posición en un asunto donde la inacción tiene costo político.
"El Estado debe actuar antes de que la violencia inhiba candidaturas, silencie voces o intimide al electorado", dijo el legislador. Zarzosa sostuvo que las amenazas contra aspirantes y partidos, así como el temor de los ciudadanos a expresar sus preferencias, deterioran las condiciones para una elección libre, y planteó coordinación institucional, información oportuna y mecanismos de prevención y respuesta.
Petición sin diseño
La propuesta todavía no tiene arquitectura. La evidencia disponible no precisa qué naturaleza jurídica tendría la mesa, quiénes la integrarían, con qué facultades contaría ni en qué plazo sesionaría. En la práctica, una mesa de seguridad electoral opera como espacio de coordinación política entre gobierno, corporaciones policiacas y autoridades electorales, no como un órgano con capacidad sancionadora propia. Tampoco se reporta respuesta del secretario general de Gobierno al exhorto ni compromiso de instalarla.
Zarzosa también hizo referencia a la Operación Enjambre y sostuvo que evidenció vínculos entre servidores públicos municipales y estructuras criminales, incluidos mandos de seguridad. Es un señalamiento del legislador, no una resolución judicial, y en tribuna funciona como argumento para exigir que las instituciones se sometan a revisión antes de 2027.
La lectura política
El PRI mexiquense juega en terreno conocido. En 2027 el Estado de México renueva sus 125 ayuntamientos y el Congreso local, en la misma jornada de la elección federal intermedia; la gubernatura, en manos de Morena desde 2023, no estará en la boleta. Eso convierte a los municipios en el botín principal y a la seguridad en el tema capaz de ordenar o desordenar esa contienda.
La maniobra cumple tres funciones. Primero, traslada al Ejecutivo estatal el costo de anticiparse: si acepta la mesa, comparte diagnóstico y abre un espacio donde la oposición tendrá voz y reclamo; si la ignora, cualquier incidente en 2027 podrá leerse como omisión. Segundo, entrega al grupo parlamentario un punto de referencia para sus candidatos municipales, que competirán en territorios donde la violencia y la extorsión son parte de la conversación cotidiana. Tercero, fija un estándar verificable: después de la primera agresión, la pregunta será quién no instaló la mesa que se pidió en octubre de 2026.
Conviene ser preciso sobre el alcance. Lo que hay es posicionamiento legislativo de un grupo parlamentario en un tema de alta saliencia, no una candidatura ni una precandidatura de facto: Zarzosa no anunció aspiración alguna y el hecho, por sí solo, no permite sostenerla. El límite es ese. Lo que sí puede afirmarse es que el PRI se coloca como demandante de seguridad antes de que el gobierno estatal defina su propia narrativa, y que la propuesta le da un tema con el que puede recorrer los municipios.
Qué sigue
No hay plazo reportado para que el Ejecutivo estatal responda al exhorto, ni confirmación de que la mesa se instale. El siguiente dato verificable es si el PRI formaliza la propuesta como punto de acuerdo o exhorto, lo que dejaría registro parlamentario de la petición. También falta el diseño: integrantes, atribuciones, periodicidad y vínculo con las autoridades electorales.
En paralelo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) publicará el calendario del proceso local conforme se acerque la jornada. Ahí se verá si la discusión sobre seguridad electoral llega antes del periodo de precampañas o si, como suele ocurrir, se activa cuando los incidentes ya ocurrieron.