PAN acusa a la SCJN de dejar sin blindaje electoral y presenta nueva ley

El coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez Madrid, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar las reformas locales con las que su partido buscaba blindar los procesos electorales frente al crimen organizado, y anunció la presentación inmediata de una nueva iniciativa ante la Oficialía de Partes. El nuevo texto, dijo, acata los señalamientos formales del tribunal, pero mantiene los mecanismos de control contra la infiltración delictiva. El movimiento admite dos lecturas simultáneas: es un ajuste obligado por una derrota judicial y, a la vez, una manera de conservar el tema vivo en el arranque del ciclo que desemboca en 2027.

Chávez sostuvo que la resolución "favorece los intereses de Morena" y que "deja desprotegida a la ciudadanía al impedir que se sancione a candidatos por conductas de terceros relacionadas con el crimen". Es una acusación política, no un hecho acreditado. La información disponible no detalla los argumentos con los que la Corte invalidó las reformas, la votación del asunto ni si el tribunal objetó el fondo de la medida o la competencia de la entidad para regularla. Ese hueco importa: sin conocer la razón del fallo no puede saberse si la nueva iniciativa realmente lo acata o solo lo rodea.

La reforma original no fue un gesto solitario. Según el coordinador parlamentario, la respaldaron PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde y PT, una coalición que atraviesa la línea que separa al oficialismo de la oposición en el Congreso federal. El punto de acuerdo era otorgar a los ciudadanos facultades para denunciar y obligar a las autoridades a sancionar a partidos o candidatos vinculados con la delincuencia organizada.

Cuatro riesgos, un vacío

Chávez enumeró cuatro vías de intromisión delictiva en las elecciones: financiamiento ilícito, imposición de candidaturas, coacción directa en las urnas y pactos de gobernabilidad postelectorales. Dijo que blindar esos rubros es urgente para evitar que la entidad enfrente "crisis de violencia sistemática". El anuncio no precisa de qué entidad habla ni si se trata de un congreso local o de la Cámara de Diputados; el uso de "reformas locales" apunta a lo primero, pero no hay confirmación. La nueva iniciativa sí incorporaría, en cambio, los criterios formales sobre nepotismo electoral y blindaje ante intervención extranjera.

La lectura política

Reintroducir una iniciativa invalidada cumple tres funciones a la vez. La primera es de agenda: mantiene al PAN como el partido que coloca el vínculo entre crimen organizado y elecciones en el centro del debate, en un ciclo en el que se renueva la Cámara de Diputados y las gubernaturas de turno. La segunda es de presión: obliga a los demás grupos parlamentarios a fijar postura sobre un asunto con alto costo de rechazo, y a Morena a defender, en su propio terreno, una resolución del máximo tribunal que ya fue calificada de favorable a sus intereses. La tercera es de deslinde: si el bloque que respaldó la reforma original incluía al PT y al Verde —aliados del oficialismo federal—, el asunto muestra que la disciplina federal y la aritmética local no siempre coinciden, y que el diagnóstico sobre la infiltración criminal puede producir mayorías inesperadas.

Conviene ser preciso: esto no es una candidatura ni una precandidatura de facto de Chávez. Es posicionamiento legislativo y construcción de tema; la iniciativa es el vehículo, no el destino. Lo que sí puede leerse rumbo a 2027 es la apuesta por instalar la integridad electoral y la seguridad como ejes de campaña, y por colocar a la Corte como árbitro en disputa. Acusar al árbitro se ha vuelto una rutina del ciclo electoral mexicano, practicada por todos los bloques; el dato relevante no es la queja, sino si el nuevo texto distingue entre sancionar a un candidato por sus propios actos y sancionarlo por los actos de terceros. Ahí está el límite que la Corte habría trazado y que el PAN dice respetar sin renunciar al control. Si el contenido sustantivo se conserva, es previsible una segunda impugnación y un segundo revés, con la ganancia política que un nuevo agravio puede reportar.

Qué sigue

- La presentación de la iniciativa ante la Oficialía de Partes, anunciada como inmediata. No hay aún texto público, número de iniciativa ni fecha exacta. - Su turno a comisiones, el dictamen y la eventual votación en el pleno, que revelarán si la coalición PAN-PRI-PRD-MC-Verde-PT se reconstruye o se fractura. - La publicación del fallo de la Corte con sus argumentos y sus votos, pieza que hoy falta para verificar si la nueva propuesta acata el criterio o solo lo esquiva. - El calendario rumbo a 2027: la forma en que el tema de la infiltración delictiva se instale como eje de campaña dependerá de si el blindaje se resuelve por ley o vuelve otra vez a la Corte.