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Congreso exime a automotrices y gasolineras del tope de deducciones del ISR 2027
La Cámara de Diputados avaló con 349 votos los cambios del Senado y cerró el paquete fiscal. Las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos que no están en esos sectores sí enfrentan el límite.
Con 349 votos a favor y 92 en contra, el Congreso aprobó la reforma al ISR para 2027 y excluyó a la industria automotriz y a las gasolineras del tope de deducciones y pérdidas fiscales. El gobierno buscaba limitar esos beneficios a empresas con ingresos mayores a 50 millones de pesos para combatir la elusión. La oposición criticó que el cambio se aprobara sin transparencia. El expediente ya está e
El Congreso de la Unión cerró el paquete fiscal de 2027 con una decisión que redistribuye cargas entre contribuyentes. Con 349 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular las modificaciones del Senado a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que excluyen a la industria automotriz y al sector gasolinero del tope a deducciones y pérdidas fiscales. El expediente fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma deja fuera del tope a las armadoras de vehículos y a las estaciones de servicio, mientras las demás empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos sí quedan sujetas al límite. La propuesta original del gobierno federal buscaba restringir deducciones y pérdidas fiscales justamente en ese umbral para combatir la evasión y la elusión. Al aprobarse la reserva del Senado, esos dos sectores conservan un tratamiento fiscal más flexible que el resto de las empresas medianas y grandes.
El mecanismo y quién paga
El tope a deducciones y pérdidas fiscales opera como un límite a los gastos que una empresa puede restar de sus ingresos antes de calcular el ISR. Al excluir a automotrices y gasolineras, el Congreso evita que esas compañías enfrenten una carga tributaria mayor en un entorno de alta regulación. Para el resto de las empresas que superan los 50 millones de pesos en ingresos, el límite se mantiene como herramienta de fiscalización.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, defendió que el mecanismo contempla las particularidades operativas y económicas de sectores clave para evitar daños injustificados a su competitividad. Para el sector automotriz citó su papel en la generación de empleo, el fortalecimiento de cadenas de suministro y la atracción de inversión extranjera. Sobre las gasolineras, subrayó que es una actividad altamente regulada por el Estado. "Reconocer sus particularidades no significa otorgar privilegios fiscales ni establecer excepciones generalizadas", aseguró.
La decisión implica que la carga fiscal que el gobierno buscaba recuperar de estos sectores no se compensa automáticamente con otros contribuyentes en el texto aprobado. El margen de maniobra del gobierno queda acotado: mantiene la facultad de fiscalizar al resto de las empresas grandes, pero renuncia a aplicar el límite a dos actividades con peso económico y político. El costo o beneficio para cada sector depende de su estructura de deducciones, algo que la evidencia disponible no desglosa.
La oposición cuestionó el procedimiento. El diputado del PRI Jericó Abramo Masso afirmó que se legisló "al vapor" y advirtió inconsistencias en la planeación tributaria. El panista Federico Döring reprochó la ausencia de la Procuradora Fiscal en reuniones previas y calificó la modificación como un acuerdo "en lo oscurito". Homero Ricardo Niño de Rivera, también del PAN, señaló que la Cámara alta enmendó la plana a los diputados en un procedimiento que ya se vuelve costumbre institucional.
El efecto cotidiano comprobable está en el bolsillo de las empresas y, de forma indirecta, en el empleo y los precios de dos cadenas muy visibles: la venta de autos y la gasolina. Para los consumidores, la exclusión no cambia el precio de un vehículo ni el de un litro de combustible por sí sola; lo que hace es preservar márgenes operativos de esas industrias y evitarles una carga tributaria extraordinaria. Para las empresas fuera de la excepción, la obligación de ajustar estrategias contables y revisar restricciones a deducciones y pérdidas fiscales se mantiene vigente.
La lectura
El patrón político es claro: el gobierno federal impulsó un límite a deducciones para ampliar la base fiscal, y el Senado lo desactivó para dos sectores con capacidad de presión y peso en la narrativa de competitividad y empleo. La mayoría parlamentaria sostuvo que el límite legal del 31 de octubre aplicaba solo a la Ley de Ingresos, lo que le dio margen para discutir el ISR después. Ese argumento permitió cerrar el paquete sin romper formalmente el calendario, pero concentró la decisión sustantiva en una reserva de última hora.
La pregunta que queda abierta es cuánto recaudará el Estado con este diseño y cuánto deja de captar por las excepciones. La evidencia disponible no incluye cálculos de impacto recaudatorio ni el detalle de cuántas empresas automotrices o gasolineras superan el umbral de 50 millones de pesos. Sin esos datos, no es posible sostener que la excepción sea fiscalmente neutral ni que su costo se compense con otras medidas.
Qué sigue
El expediente está en la oficina del Ejecutivo Federal para su sanción y publicación en el DOF. Después, los contribuyentes deberán vigilar los criterios de aplicación que emita el Servicio de Administración Tributaria. La aplicación práctica de las reglas depende de esa publicación y de esos criterios. Mientras tanto, las empresas fuera de la excepción tendrán que revisar sus restricciones a deducciones y pérdidas fiscales, y las automotrices y gasolineras conservarán el margen que el Congreso les reconoció.