ECONOMÍA · MEDIUM
Cuatro congresos pactan no crear impuestos nuevos en el Valle de México
El Parlamento Metropolitano del Valle de México arranca con un compromiso fiscal: congelar la creación de contribuciones y coordinar las leyes de ingresos entre CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos.
Los congresos de CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos firmaron el protocolo del Parlamento Metropolitano del Valle de México y se comprometieron a no proponer ni aprobar nuevos impuestos o incrementos el próximo año, salvo ajustes por inflación. También coordinarán sus leyes de ingresos para evitar que una entidad atraiga o expulse carga fiscal a costa de las familias de otra.
Los presidentes de las juntas de coordinación política y de gobierno de los congresos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos firmaron el protocolo constitutivo del Parlamento Metropolitano del Valle de México. El nuevo mecanismo legislativo nace con un compromiso fiscal explícito: las cuatro legislaturas no propondrán ni aprobarán nuevos impuestos o incrementos a las contribuciones existentes en los paquetes económicos del próximo año, con la única excepción de las actualizaciones de cuotas y tarifas conforme a la inflación, que el acuerdo no considera aumentos porque solo buscan conservar el valor real de los gravámenes.
La zona que cubre el parlamento concentra 59 municipios del Estado de México, 16 alcaldías de la Ciudad de México, 8 municipios de Hidalgo y uno de Morelos, y aporta hasta el 23% del Producto Interno Bruto nacional, según la diputada Selina Trujillo Arizmendi, presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso mexiquense. Es decir, el pacto no se firma en un territorio menor: se firma donde se produce casi una cuarta parte de la riqueza del país.
El mecanismo: congelar la creación de impuestos y coordinar las leyes de ingresos
El compromiso tiene dos piezas. La primera es de contención: ninguna de las cuatro legislaturas meterá nuevos impuestos ni subirá los existentes en sus paquetes económicos del próximo año, más allá del ajuste inflacionario. La segunda es de coordinación: antes de aprobar las leyes de ingresos y los códigos fiscales o financieros, los congresos mantendrán comunicación para evitar que las decisiones tributarias de una entidad afecten económicamente a las familias de otra.
Esa segunda pieza es la que da sentido económico al acuerdo. En una metrópoli donde una persona puede vivir en Edomex, trabajar en la CDMX y hacer trámites en Hidalgo, la carga fiscal de una entidad no se queda en su territorio. Un impuesto nuevo o un incremento en un estado puede empujar a familias y empresas a mudar consumo, registro vehicular o domicilio fiscal al vecino, y con ello alterar la recaudación de todos. El pacto busca evitar que la competencia fiscal entre entidades se resuelva a costa de los contribuyentes de la región.
El margen de maniobra de los gobiernos queda acotado pero no desaparece. Al excluir de la definición de aumento a la actualización por inflación, las legislaturas conservan la posibilidad de ajustar cuotas y tarifas sin romper el compromiso. Es un margen real: en términos prácticos, el acuerdo congela la estructura tributaria, no el valor nominal de lo que se paga.
La lectura
El costo o beneficio de este pacto se reparte de forma desigual. Para las familias de la zona metropolitana, el compromiso implica certidumbre: no habrá sorpresas fiscales en los paquetes económicos del próximo año más allá del ajuste inflacionario. Para las haciendas estatales, en cambio, el acuerdo limita una fuente de ingreso que en años de estrechez presupuestal suele ser la más accesible políticamente: crear o subir contribuciones locales. El beneficio cotidiano comprobable será que los recibos de predial, tenencia, derechos vehiculares y trámites estatales no incorporarán nuevos conceptos ni tasas adicionales, salvo la actualización por inflación.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Jucopo mexiquense, enmarcó la firma como una señal de "voluntad política y responsabilidad institucional" y reconoció que hay asuntos que deben atenderse juntos "desde nuestras atribuciones y con pleno respeto a nuestra autonomía". El límite del acuerdo es justamente ese: es un compromiso político entre legislaturas autónomas, no un mandato vinculante, y su cumplimiento dependerá de que cada congreso lo respete al aprobar su ley de ingresos.
Qué sigue
El seguimiento quedará en manos de la Mesa Temática de Finanzas Públicas del Parlamento Metropolitano, una vez que quede integrada, y los compromisos se promoverán entre los legisladores de las comisiones de hacienda y presupuesto de cada congreso. La prueba real llegará con los paquetes económicos del próximo año: ahí se sabrá si las cuatro legislaturas sostienen la congelación tributaria o si la coordinación se queda en el protocolo. El Parlamento también abre la puerta a homologar ordenamientos jurídicos y políticas públicas en movilidad, servicios públicos y medio ambiente, pero la evidencia disponible no permite anticipar si esos acuerdos tendrán el mismo nivel de compromiso que el fiscal.