ECONOMÍA · MEDIUM
Diputadas de Coahuila piden frenar vinos importados baratos
Legisladoras del PRI solicitan mecanismos federales para revisar la entrada de vinos extranjeros y proteger a los más de 29 productores vitivinícolas del estado.
Beatriz Fraustro Dávila y Edna Dávalos Elizondo, diputadas locales del PRI en Coahuila, pidieron mecanismos federales para revisar la importación de vinos extranjeros que llegan a precios bajos y podrían constituir competencia desleal. Argumentan que afecta a más de 29 casas vinícolas del estado. La propuesta busca mayor transparencia en la procedencia y comercialización de los vinos importados, y
Las diputadas locales del PRI en Coahuila, Beatriz Fraustro Dávila y Edna Dávalos Elizondo, solicitaron establecer mecanismos federales para revisar la entrada de vinos extranjeros a México y evitar posibles prácticas de competencia desleal que afecten a los productores nacionales. La petición surge ante reportes de que vinos importados, presuntamente procedentes de excedentes europeos, se comercializan a precios considerablemente bajos, lo que podría desplazar a las marcas locales. La solicitud de las legisladoras busca que las autoridades federales revisen la procedencia y comercialización de los vinos importados para detectar posibles irregularidades.
El llamado "huachicoleo de vino" —término coloquial usado en la información original— alude a la presunta introducción de excedentes de producción europeos que llegarían al mercado mexicano con precios inferiores a los de muchas marcas nacionales. Las diputadas señalaron que esta situación enciende las alertas sobre la competitividad de la industria vitivinícola coahuilense, que agrupa a más de 29 casas vinícolas. Coahuila cuenta con más de 29 productores vitivinícolas que podrían verse afectados por la competencia de vinos importados a bajo precio.
El mecanismo económico es directo: si el precio de un vino importado es menor que el de uno nacional, el consumidor tiende a elegir el primero, lo que reduce los ingresos de las bodegas locales y presiona sus márgenes. Esto puede llevar a recortes de empleo, menor inversión o incluso cierre de operaciones. Quienes absorben el costo son los productores nacionales, sus trabajadores y proveedores, así como los municipios donde la vitivinicultura es una actividad económica relevante. La presión sobre los precios puede afectar el posicionamiento de las marcas locales y los ingresos de quienes dependen de esta actividad.
Las legisladoras también recordaron que en una sesión anterior se presentó una propuesta de reforma al Código Penal estatal para reforzar la protección de los empresarios vitivinícolas. Sin embargo, la regulación de las importaciones y la revisión de los productos que ingresan al país requieren acciones que involucren a las autoridades federales. Fraustro sostuvo que, además de revisar el marco legal, es necesario impulsar políticas públicas que favorezcan la compra de vinos mexicanos y ayuden a conservar el valor comercial de las etiquetas nacionales. La regulación de importaciones y la revisión de productos requieren la intervención de autoridades federales, según las legisladoras.
Edna Dávalos Elizondo planteó la necesidad de establecer disposiciones que permitan conocer con mayor precisión qué vinos ingresan a México, cuáles son las casas productoras de origen y qué empresas se encargan de su distribución y comercialización. La propuesta busca que las autoridades puedan revisar la procedencia de los productos importados y verificar si cumplen con los requisitos correspondientes. Para la diputada, este tipo de controles permitiría identificar posibles irregularidades y conocer mejor las condiciones en las que determinados vinos llegan al mercado mexicano. Dávalos propone controles que permitan identificar la procedencia y cadena de comercialización de los vinos importados.
La preocupación alcanza a distintos municipios donde la actividad vitivinícola tiene presencia, como Parras de la Fuente, Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe. En estos lugares existen proyectos y casas vinícolas que buscan consolidar sus marcas tanto en el mercado nacional como en el internacional. El sector también forma parte de la oferta turística de Coahuila, por lo que las afectaciones comerciales podrían tener repercusiones más allá de la venta de botellas, al involucrar empleos, proveedores y actividades relacionadas con el turismo. Las afectaciones podrían extenderse a empleos, proveedores y turismo en municipios vitivinícolas como Parras de la Fuente, Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe.
La lectura
El margen de acción del gobierno estatal es limitado: la revisión de importaciones y la aplicación de aranceles o cuotas compensatorias son facultades federales. Las diputadas locales solo pueden exhortar y, en su caso, legislar en materia penal estatal, como ya lo intentaron. La pelota está en la cancha de la Secretaría de Economía y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que podrían revisar la procedencia y el cumplimiento normativo de los vinos importados. Sin embargo, no hay evidencia pública de que existan denuncias formales por prácticas desleales ni de que las autoridades federales hayan iniciado una investigación. La simple diferencia de precios no constituye una violación; se requeriría demostrar dumping o subvenciones. Hasta ahora, el señalamiento es político y carece de una determinación oficial.
Qué sigue
Las legisladoras deberán formalizar su petición ante las autoridades federales, probablemente mediante un punto de acuerdo en el Congreso de Coahuila o una solicitud directa a la Secretaría de Economía. También podrían insistir en la reforma al Código Penal estatal, aunque su efecto sería limitado. El sector vitivinícola, por su parte, podría presentar denuncias formales si considera que hay competencia desleal. La evolución dependerá de si las autoridades federales deciden revisar el caso y de si se comprueban irregularidades. Mientras tanto, los productores locales enfrentan un entorno de precios que, según las legisladoras, los pone en desventaja.