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ECONOMÍA · HIGH

Diputados aprueba Cuenta Pública 2024 con 65 mil mdp sin aclarar

La Cámara de Diputados avaló el último ejercicio fiscal de AMLO con 321 votos a favor; la ASF deberá seguir con los procedimientos para recuperar recursos observados.

Ilustración editorial de Ruido Cero sobre Congreso y proceso legislativo
Ilustración editorial de Ruido Cero; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2024 con 321 votos a favor y 117 en contra. La ASF determinó recuperaciones por 67 mil 174.7 millones de pesos, de los cuales 65 mil 169.1 millones siguen pendientes de aclaración. El 91.09% de esos recursos corresponde a gasto federalizado ejercido por estados y municipios. La aprobación no suspende las acciones de la ASF, que

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2024, el último ejercicio fiscal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con 321 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones. La aprobación legislativa no suspende ni limita las acciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que deberá continuar los procedimientos jurídicos y remitir a San Lázaro información actualizada sobre la recuperación o aclaración de los recursos observados.

La ASF determinó recuperaciones por 67 mil 174.7 millones de pesos, de los cuales 2 mil 005.6 millones ya fueron recuperados y 65 mil 169.1 millones permanecen como recuperaciones probables o montos pendientes de aclaración. Esta cifra equivale a 0.7% del gasto neto total del sector público presupuestario, que en 2024 ascendió a 9 billones 205 mil 438.2 millones de pesos, un incremento real de 7.5% respecto a 2023 y 27.1% del PIB.

El dictamen precisa que los entes fiscalizados y las personas servidoras públicas presuntamente responsables podrán presentar aclaraciones o solventaciones, mientras que las autoridades competentes determinarán si existen responsabilidades y sanciones. La fiscalización comprendió 2 mil 264 auditorías, de las cuales mil 846 correspondieron al gasto federalizado; 175 a Desarrollo Económico; 154 a Desarrollo Social, y 89 a funciones de Gobierno. Se emitieron 6 mil 274 acciones preventivas y correctivas, entre ellas 2 mil 762 pliegos de observaciones y 2 mil 203 promociones de responsabilidad administrativa.

El 91.09% de los recursos pendientes de aclaración, 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a gasto federalizado ejercido por entidades federativas, alcaldías, municipios y entes públicos locales. Este dato es relevante porque el gasto federalizado son recursos que la Federación transfiere a estados y municipios para servicios como educación, salud e infraestructura. La opacidad en su ejercicio no es un problema exclusivo de la Federación, sino que involucra a los gobiernos subnacionales, que en 2024 recibieron participaciones y aportaciones federales. La aprobación de la Cuenta Pública no implica que esos recursos se hayan perdido, pero sí que su destino final no está completamente documentado.

El decreto instruye a la ASF a continuar los procedimientos jurídicos y mantener informada a la Cámara de Diputados sobre los avances en la recuperación o aclaración. También plantea fortalecer los mecanismos de control interno y los procesos de planeación de los entes auditados. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá instalar una mesa de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones de la ASF, con participación de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la ASF.

La lectura

El monto pendiente de aclaración representa una fracción menor del gasto total, pero su concentración en el gasto federalizado revela un patrón de debilidad institucional en la cadena de rendición de cuentas. Los principales afectados son los ciudadanos de estados y municipios, quienes dependen de que esos recursos se ejerzan con transparencia en servicios básicos. La aprobación legislativa cierra formalmente la revisión del último año de la administración anterior, pero no resuelve el fondo: la ASF tiene un margen limitado para recuperar recursos si los entes fiscalizados no solventan las observaciones. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, podría reforzar los mecanismos de control, pero la responsabilidad última recae en los ejecutores locales.

Qué sigue

La ASF deberá continuar los procedimientos jurídicos y reportar avances a la Cámara de Diputados. Los entes fiscalizados podrán presentar aclaraciones; las autoridades determinarán sanciones. La mesa de trabajo propuesta podría dar seguimiento a las recomendaciones, pero su instalación no está garantizada. Queda pendiente conocer si la ASF ejercerá acciones penales o administrativas contra los responsables y si los recursos observados se recuperarán efectivamente. La publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación formalizará la aprobación.