ECONOMÍA · MEDIUM
Fenalco y Andi chocan por el arancel del 40% a las confecciones
El comercio pide derogarlo y nivelar la cancha frente a Temu y Shein; la industria defiende la protección. El Ministerio de Comercio promete mesa técnica.
Fenalco pidió derogar el arancel del 40% a las confecciones y revisar el trato tributario de Temu y Shein; la Andi se opuso para proteger la producción nacional. El ministro de Comercio prometió estudiar las propuestas en una mesa técnica. La disputa define quién paga la protección: el comercio y el consumidor, o la industria y el empleo formal.
La disputa por el arancel del 40% a las confecciones dejó de ser un debate técnico y se volvió un pulso gremial con el Gobierno en el medio. En la instalación de Góndola 2026, en Cartagena, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, pidió derogar el gravamen y revisar las condiciones en que operan plataformas como Temu y Shein. Horas después, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, rechazó la eliminación y advirtió que favorecer las importaciones puede comprometer la producción nacional. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se comprometió a estudiar las propuestas en una mesa técnica.
El arancel quedó fijado por el Decreto 2598 del 23 de diciembre de 2022, vigente desde el 7 de enero de 2023, con un gravamen del 40% ad valorem para los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas, es decir, prendas y artículos de vestir. No cubre toda la ropa que entra al país: aplica a importaciones bajo trato de nación más favorecida y mantiene los programas de desgravación preferencial. El Gobierno que lo expidió argumentó que buscaba competitividad, valor agregado y empleo industrial.
La lectura
Cabal sostiene que el arancel no fortaleció la competitividad del sector y, en cambio, generó efectos negativos en el mercado del vestuario e incentivó el contrabando. Su pedido no se limita al gravamen: incluye nivelar las reglas frente a Temu y Shein y eliminar el impuesto que afecta a los tenderos. Es una agenda de comercio, no solo de aranceles.
Mac Master plantea que el arancel compensa una competencia desleal que golpea a productores y trabajadores nacionales, y que las prácticas comerciales indebidas de economías extranjeras no deben convertirse en ventaja para otros sectores. Su advertencia es explícita: lo que hoy abarata la importación puede ser "pan para hoy, hambre en el futuro". También pidió que la decisión se tome como política industrial y no como cálculo electoral.
El mecanismo económico es directo. Un arancel del 40% encarece la prenda importada y traslada ese costo al comerciante que la trae y, en última instancia, al consumidor. La protección da margen al productor nacional frente al precio externo, pero no garantiza por sí sola que ese margen se traduzca en inversión o empleo. Fenalco apunta a que el costo lo absorben los establecimientos de ropa y sus clientes; la Andi, a que sin protección lo absorben la planta productiva y sus trabajadores. Ambos describen el mismo reparto desde lados opuestos.
El margen del Gobierno es acotado: el ministro prometió estudiar las propuestas en una mesa técnica y coordinar con Hacienda la revisión tributaria, con la frase "lo que no sirva ni sume, se deroga sin contemplaciones". Es una señal de apertura, no una decisión. Cualquier cambio arancelario pasa por el comité de asuntos arancelarios y por una revisión anual ya prevista en el decreto.
El efecto cotidiano comprobable está en el precio de la ropa y en el bolsillo del tendero. Si el arancel se mantiene, la prenda importada sigue cara y el comercio formal compite con un contrabando que el propio Fenalco dice que la medida incentivó. Si se deroga, el precio puede bajar, pero la producción nacional queda expuesta a la importación masiva y a plataformas que, según el gremio del comercio, no enfrentan las mismas cargas. La evidencia disponible no permite concluir cuál de los dos efectos domina: no hay evaluación pública de resultados del arancel que lo demuestre.
Qué sigue
La pelota queda en el Ministerio de Comercio. La mesa técnica con Hacienda definirá si se revisa el gravamen, cómo se nivelan las reglas para Temu y Shein y qué pasa con el impuesto a los tenderos. El antecedente inmediato es que el propio decreto contempla una revisión anual del arancel, lo que da al Ejecutivo una vía institucional para ajustarlo sin derogarlo de golpe. Para el comercio y la industria, la pregunta de fondo es quién paga la protección y si esa protección sigue teniendo sentido cuando el contrabando y el comercio electrónico transnacional ya modificaron el mercado que el arancel pretendía ordenar.