FinTech México propone reglas proporcionales para 2030 sin tocar el efectivo

La Asociación FinTech México presentó «Visión FinTech México 2030», un libro que funciona como hoja de ruta para modernizar la regulación financiera, impulsar la competencia, ampliar el acceso al crédito y acelerar la adopción de servicios financieros digitales. La puesta en escena no fue menor: al evento acudieron María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda; Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio; Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial; Ángel Cabrera, presidente de la CNBV, y Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Es decir, la propuesta llega con el oído de las autoridades que tendrían que convertirla en norma.

El documento propone actualizar el marco regulatorio mediante reglas proporcionales a los riesgos de cada actividad, promover mayor interoperabilidad entre servicios financieros y fortalecer los mecanismos de seguridad, confianza y protección de usuarios. También contempla Open Finance, inteligencia artificial, ciberseguridad y activos digitales. El mecanismo económico es claro: si la regulación distingue entre un pequeño proveedor de pagos y una institución que custodia depósitos, bajan los costos de entrada y aumenta la competencia; si esa proporcionalidad se aplica mal, el costo se traslada a los usuarios en forma de comisiones o de menor protección.

El diagnóstico que la asociación puso sobre la mesa es el dato más incómodo para el discurso de la digitalización. El efectivo sigue siendo el principal medio de pago en México: 85,2% de las personas de entre 18 y 70 años lo usa con frecuencia en compras de hasta 500 pesos, y 73,5% lo emplea en operaciones superiores a ese monto. A ello se suma que, según cifras de Banco de México retomadas en la publicación, 87,6% de las empresas de hasta 250 trabajadores que necesitaron crédito no lo obtuvieron. La brecha no es solo de adopción tecnológica: es de acceso al financiamiento para la base productiva del país.

La lectura

Claudia Núñez Sañudo, directora general de FinTech México, planteó que el reto ya no es tecnológico ni regulatorio, sino de comportamiento de los usuarios. «Si no logramos entender cuáles son esas barreras del comportamiento humano, no importa que tengas innovación tecnológica, no importa que tengas las mejores reglas: el sistema no se está utilizando», dijo. Y añadió que no basta con una ley, como la recién aprobada de Economía Digital impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum: «Lo vimos con la ley del 2018 y lo vimos con la creación del SPEI. Necesitas encontrar las soluciones adaptativas a través de las cuales el comportamiento humano va cambiando».

Esa lectura tiene una consecuencia redistributiva concreta. Quienes hoy pagan el costo de la exclusión financiera son las personas y las PyMEs que operan en efectivo y no construyen historial crediticio. La digitalización puede reducir costos y mejorar la transparencia, pero solo si los servicios llegan a quienes hoy no los usan. El margen del gobierno es amplio en la definición de reglas —la CNBV y Hacienda tienen la llave regulatoria—, pero acotado en el resultado: ninguna norma obliga a una persona a dejar de usar billetes. Por eso la hoja de ruta insiste en información, análisis y colaboración entre empresas y autoridades, más que en una nueva ley.

Felipe Vallejo, presidente del Consejo de FinTech México, señaló que el país necesita condiciones para ampliar la competencia, atraer inversión y desarrollar mejores servicios, y que la hoja de ruta busca construir una agenda conjunta con autoridades y participantes del sistema financiero. La asociación estableció cuatro compromisos: generar información y análisis para orientar decisiones del sector; convertir conocimiento de la industria en propuestas regulatorias y de política pública; fortalecer la colaboración entre empresas y autoridades; e impulsar soluciones financieras útiles, seguras y accesibles.

El efecto cotidiano comprobable, si las propuestas avanzan, sería una mayor oferta de pagos digitales y de crédito para pequeños comercios y personas sin historial. Pero el punto de partida es adverso: con ocho de cada diez empresas pequeñas sin acceso al crédito que buscaron, la promesa de ampliar financiamiento choca con la realidad de un sistema que aún no las atiende.

Qué sigue

La hoja de ruta no es una norma: es una agenda de incidencia. Su avance dependerá de que Hacienda y la CNBV retomen las propuestas de reglas proporcionales y Open Finance en el calendario regulatorio, y de que la banca tradicional y las fintech acuerden estándares de interoperabilidad. Falta evidencia pública sobre plazos, metas medibles y quién asumirá el costo de la transición. Sin esos elementos, el documento funciona como declaración de intenciones más que como política en marcha.