G9 presiona para liberar la renta inicial en la CDMX

El G9, la agrupación que reúne a cámaras y asociaciones empresariales de la Ciudad de México, propuso modificar la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles para que propietarios y nuevos inquilinos acuerden libremente el precio inicial de la renta cuando termine un contrato y comience una relación con otra persona. La propuesta no toca el tope inflacionario durante la relación con el mismo arrendatario, pero sí libera el precio cada vez que cambia el inquilino.

La diferencia con el proyecto de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es precisa y tiene consecuencias distributivas. La iniciativa oficial establece en sus artículos 1, fracción I, y 18, fracción I, que el límite al incremento anual se mantiene incluso cuando cambia la persona arrendataria; el artículo 19 dispone que la renta solo podrá aumentar conforme a la inflación reportada por el INEGI, independientemente de quién firme. El G9 quiere que ese tope rija dentro del contrato, no entre contratos.

El mecanismo: quién absorbe el ajuste

En un mercado de renta con oferta limitada, el precio inicial de un contrato nuevo funciona como válvula de ajuste. Si el tope inflacionario se arrastra de inquilino a inquilino, el propietario queda atado a una renta pactada años atrás y solo puede actualizarla al ritmo de la inflación, aunque el valor de mercado del inmueble haya subido más. La propuesta del G9 libera esa válvula al cambiar de arrendatario y la conserva durante la relación vigente.

El efecto cotidiano es identificable: quien ya renta conserva previsibilidad en su pago anual; quien busca entrar a un inmueble después de que el anterior inquilino se fue puede enfrentar un precio inicial más alto que el que pagaba el inquilino saliente. El costo del ajuste se desplaza del propietario al nuevo inquilino, y el beneficio de la estabilidad se concentra en quien ya tiene contrato.

El G9 argumentó que mantener una renta pactada bajo circunstancias particulares como referencia para contratos posteriores podría afectar los incentivos de los propietarios para conservar, mejorar y ofrecer viviendas en alquiler. "Este ajuste busca evitar que una renta pactada bajo circunstancias particulares condicione indefinidamente contratos posteriores y reduzca los incentivos para conservar, mejorar y ofrecer viviendas en alquiler", indicó el posicionamiento. La agrupación reconoció el objetivo de prevenir incrementos desproporcionados y dar estabilidad a las familias que rentan, pero sostuvo que la regulación también debe favorecer la conservación y generación de vivienda: "Se trata de proteger a quienes hoy rentan sin reducir las opciones de quienes necesitan hacerlo".

La lectura

El punto de disputa no es la inflación, sino quién carga con el desajuste acumulado del mercado. La iniciativa de Brugada trata el tope como un derecho adherido a la vivienda; el G9 lo trata como un derecho adherido a la persona. Bajo la primera lógica, el propietario absorbe el costo de haber quedado rezagado frente al mercado; bajo la segunda, ese costo se transfiere al siguiente inquilino en forma de renta inicial más alta.

El margen del gobierno capitalino es acotado en dos sentidos. Si cede y libera el precio inicial, la ley pierde parte de su capacidad de contener el encarecimiento de la vivienda en renta y queda expuesta a la crítica de que solo protege a los inquilinos ya instalados. Si no cede, el G9 advierte menor disposición a conservar y ampliar oferta, un argumento que el propio gremio no cuantifica en su posicionamiento y que la evidencia disponible no permite verificar. La iniciativa aún no es ley y el G9 anunció propuestas sobre el Registro Digital de contratos, las garantías y la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, sin detallar cambios.

El G9 agrupa a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda delegación Valle de México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Confederación Patronal de la República Mexicana, además de representantes del sector hotelero, restaurantero y comercial. Es decir, la presión no viene de propietarios individuales sino de la cadena de construcción, desarrollo y operación de inmuebles.

Qué sigue

El debate se traslada al proceso legislativo capitalino, donde se definirá si el tope inflacionario viaja con la vivienda o con el inquilino. El G9 anticipó propuestas sobre los otros tres componentes de la iniciativa, pero no precisó su contenido, por lo que falta conocer si busca flexibilizar también el registro de contratos o el régimen de garantías. Para medir el impacto real de cualquier desenlace faltaría un dato que la evidencia no ofrece: cuánta oferta de vivienda en renta existe en la ciudad y cuántos contratos cambian de inquilino cada año. Sin esa cifra, la magnitud de la transferencia de costo entre inquilinos sucesivos queda como una inferencia razonable, no como un monto verificable.