ECONOMÍA · MEDIUM
Index propone al gobierno modernizar el IMMEX para retener inversión
La cúpula de la manufactura de exportación quiere trámites digitales y trazabilidad antes de la revisión del T-MEC. El sector emplea a 3.3 millones de personas y pide certidumbre para no perder la ola de relocalización.

Index, que agrupa a la manufactura de exportación, presentó al gobierno federal la iniciativa IMMEX 4.0: simplificar procesos, digitalizar trámites y mejorar la trazabilidad. Su presidente, Humberto Martínez, la vincula a la revisión del T-MEC y a la necesidad de certidumbre para invertir. El sector reporta 3.3 millones de empleos directos. La propuesta aún no es política pública: es una petición
La industria manufacturera de exportación llevó al gobierno federal una propuesta para reescribir las reglas con las que produce y vende desde México. Se llama IMMEX 4.0 y busca simplificar procesos, digitalizar trámites y mejorar la trazabilidad del programa que permite importar insumos sin pagar arancel siempre que el producto se exporte. La iniciativa no es todavía política pública: es una petición empresarial en negociación con el Ejecutivo, y su suerte depende de cuánto del margen regulatorio acepte ceder Hacienda.
El anuncio lo hizo Humberto Martínez, presidente de Index, durante la 51ª Convención Nacional del organismo en Monterrey. “No se trata solamente de actualizar un programa, se trata de asegurar que México cuente con los instrumentos necesarios para competir en la siguiente etapa de la manufactura global”, afirmó. La propuesta se preparó con otras cámaras empresariales y el dirigente recordó el compromiso de presentarla a la presidenta Claudia Sheinbaum durante octubre.
El mecanismo: quién paga la fricción
El IMMEX es la llave que permite a una planta importar componentes sin arancel y exportar el bien final. Cada trámite, cada revisión y cada expediente en papel cuesta tiempo y dinero. Cuando el programa es lento, el costo lo absorben las empresas exportadoras —sobre todo las medianas— y se traslada a precios, márgenes y decisiones de inversión. Digitalizar y simplificar no cambia el régimen arancelario: cambia quién carga con la fricción administrativa y cuánto tarda una planta en operar.
La trazabilidad tiene una segunda lectura. Un sistema que documenta el origen de cada insumo facilita el cumplimiento de las reglas de contenido del T-MEC y reduce el riesgo de sanciones. Para el gobierno, mejorar la trazabilidad es también una herramienta de control fiscal y aduanal: no solo un favor a la industria. Ahí está el margen de negociación. La propuesta pide un entorno regulatorio que premie el cumplimiento, pero el Ejecutivo decide cuánta simplificación concede y cuánta vigilancia conserva.
El momento no es casual. La revisión del T-MEC eleva la necesidad de certidumbre. Martínez pidió una discusión con argumentos técnicos y visión estratégica que fortalezca la integración productiva de México, Estados Unidos y Canadá. Su defensa parte de una relación donde las industrias comparten procesos, tecnología, inversiones y talento que cruzan fronteras.
La lectura
El sector que pide reglas más ágiles reporta 3.3 millones de empleos directos y seis millones indirectos, según las cifras que presentó su dirigente. Esa dimensión laboral es el argumento político central: la manufactura de exportación no pide solo eficiencia, pide reconocimiento como motor de empleo de calidad. Pero el dato también expone la apuesta. Si México no ajusta sus instrumentos, la reorganización de cadenas de suministro puede pasar de largo y llevarse inversiones a otras geografías.
La agenda de Index no se agota en el IMMEX. Martínez incluyó certidumbre para inversiones, infraestructura, energía, agua, logística y talento. “Ninguna estrategia industrial puede prosperar si no atiende de manera integral estas condiciones”, planteó. La petición de una visión que trascienda sexenios es, en los hechos, una crítica a la discontinuidad regulatoria que la industria percibe como riesgo.
El efecto cotidiano comprobable es indirecto pero real: menos trámites y más digitalización pueden traducirse en plantas que arrancan antes, proveedores que cobran más rápido y empleos que se sostienen. Nada de eso está garantizado con el anuncio.
Qué sigue
La propuesta debe convertirse en decisión gubernamental. No hay evidencia pública de calendario, texto normativo ni compromiso formal del Ejecutivo. Falta conocer si Hacienda y Economía aceptan la lógica de simplificación y cómo concilian la trazabilidad con sus facultades de fiscalización. También queda por verse si la revisión del T-MEC impone plazos que aceleren o frenen el expediente. Por ahora, la industria tiene una propuesta y el gobierno, la pelota.
