La AIReF avala el PIB andaluz de 2027 pero alerta del desfase del gasto y de la caída de ingresos

La AIReF ha validado las previsiones de crecimiento económico de Andalucía para 2027, pero el aval llega con dos advertencias que condicionan el debate presupuestario: el gasto computable crecerá un 5,9% frente al límite de referencia del 4%, y las rebajas fiscales ya aprobadas dejarán una caída del 4,5% en la recaudación tributaria ese mismo año. El dictamen, conocido este mes de noviembre, evalúa el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 y deja un balance de luces y sombras que se dirimirá en el Parlamento de Andalucía.

El respaldo técnico al escenario de crecimiento es claro. La previsión del PIB que maneja la Junta para el cierre de 2026, un 2,7% en términos de volumen, se sitúa dentro de las bandas centrales del supervisor, que trabaja con un 2,5%. La senda autonómica del 2,3% en 2027, el 2,1% en 2028 y el 2% en 2029 queda encuadrada en márgenes que el propio informe califica de razonables y realistas. El cuadro macroeconómico andaluz supera el examen del árbitro fiscal, pero ese aval no se extiende a la ejecución del gasto ni a la capacidad de recaudación.

El primer foco de tensión está en la regla de gasto. El informe proyecta que el gasto computable crecerá un 4,2% en 2026 frente al límite individual del 3,5%, y un 5,9% en 2027 frente a la tasa de referencia del 4%. La Junta confía en cerrar 2027 en equilibrio presupuestario e incluye 2.496 millones en créditos retenidos a la espera de una habilitación legal que permita excluirlos del cómputo. La AIReF advierte de que esa cobertura normativa no existe en la actualidad y de que, si se ejecutaran esos fondos sin respaldo legal, el crecimiento del gasto computable se dispararía por encima del 11%. Es decir, el margen de maniobra del Gobierno andaluz depende de una pieza legal que aún no está aprobada.

El segundo foco está en los ingresos. El supervisor calcula que las medidas fiscales ya aprobadas dejarán una caída del 4,5% de la recaudación tributaria en 2027. La erosión procede de las nuevas bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de la bajada de tipos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El proyecto incorpora rebajas que restan unos 280 millones de euros a los ingresos públicos, 157 de ellos con impacto directo a partir de 2028, a los que se suman otros 200 millones anuales en IRPF e ITPAJD anunciados para los próximos tres años.

La Consejería de Hacienda sostiene una tesis distinta y la defiende con datos propios. Según el Gobierno andaluz, las rebajas aplicadas desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta no han reducido la recaudación global: han ampliado la base de contribuyentes con 1.250.000 nuevos declarantes incorporados al sistema. Ese aumento de declarantes y de actividad, argumenta el departamento, compensa el efecto de los tipos más bajos y sostiene el crecimiento de los ingresos públicos. El pulso entre ambas lecturas no es menor: de él depende si las rebajas se financian con más actividad o si, por el contrario, estrechan el margen para sostener sanidad, educación y dependencia.

A medio plazo, el escenario a políticas constantes dibuja la desaparición paulatina del superávit autonómico a partir de 2028, por el impacto acumulado de las bajadas de impuestos y el crecimiento del gasto estructural. La ratio de deuda sobre el PIB seguirá bajando hasta situarse por debajo del 13% en 2031, impulsada por el PIB nominal y los saldos amortizadores, pero la posición fiscal global se debilitará. Las rigideces vienen de los compromisos del personal público y del envejecimiento demográfico, que presiona sanidad y educación. La recomendación final del organismo insta a la Junta a evitar nuevas medidas con incremento estructural del gasto y a no encadenar reducciones sostenidas de impuestos sin partidas compensatorias. Las medidas de ahorro puestas en marcha, como la retirada de programas temporales de choque y la eficiencia en el gasto sanitario, resultan insuficientes para contrarrestar las subidas de costes derivadas de los pactos salariales, según el dictamen.

La lectura

Para el ciudadano, las rebajas fiscales tienen nombres concretos. Quien hereda una vivienda en Jaén o Córdoba paga menos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; quien compra una casa en Málaga o Cádiz nota los tipos del ITPAJD en la factura final. En el otro platillo de la balanza, la regla de gasto marca cuánto margen queda para contratar sanitarios, profesores o profesionales de la dependencia. El beneficio fiscal es inmediato y verificable en la factura; el coste se difiere en forma de menor capacidad de gasto público o de mayor presión sobre las cuentas autonómicas. Ahí es donde el debate fiscal deja de ser un asunto de despachos.

El aval al crecimiento tiene un peso político evidente. La AIReF es la institución que el Ejecutivo autonómico ha citado en otras ocasiones para defender sus tesis sobre la financiación autonómica, y ahora es ese mismo criterio técnico el que valida el escenario de crecimiento andaluz. Pero el mismo informe que respalda el cuadro macroeconómico es el que pone cifras a la erosión de ingresos y al desfase del gasto. La lectura institucional es clara: el cuadro macroeconómico supera el examen, pero la sostenibilidad de las cuentas queda condicionada a decisiones que aún no se han tomado.

Qué sigue

El informe llega antes de que el presupuesto de 2027 complete su tramitación en el Parlamento de Andalucía, la cámara de 109 escaños con sede en Sevilla, y marca el calendario del próximo debate fiscal: cada rebaja que se anuncie en los próximos tres años tendrá que medirse contra este cuadro. El siguiente informe del supervisor medirá si las medidas de ahorro bastan. Andalucía ha demostrado que sabe crecer; el examen pendiente es hacerlo con unas cuentas que aguanten el tipo los próximos cinco años.