ECONOMÍA · MEDIUM
La UIA propone un pacto fiscal para bajar impuestos y frenar el dumping chino
Martín Rappallini pide alinear la carga tributaria con Brasil, Paraguay y México, y advierte que la estabilización no alcanza para recuperar la actividad industrial.
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, propone un pacto fiscal industrial federal para reducir la presión tributaria y alinear costos con Brasil, Paraguay y México. También reclama usar instrumentos antidumping contra la competencia china desleal. La industria está 12% debajo de 2022 y sectores como textil y metalmecánica caen hasta 20%. El pedido redistribuye la discusión: menos impuestos a
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, puso sobre la mesa un pedido que excede la coyuntura: un pacto fiscal industrial federal para reducir la presión tributaria y alinear los costos argentinos con los de Brasil, Paraguay y México. Lo hizo antes de la 32° Conferencia Industrial, con una industria que, según sus propios números, está alrededor de un 12% por debajo de 2022 y con sectores que caen entre 15% y 20%. La propuesta no es sólo una demanda de baja de impuestos: es una disputa por quién paga el costo de la transición económica y a qué velocidad.
Rappallini plantea que la estabilización y la baja de la inflación son necesarias, pero no alcanzan por sí solas para garantizar la recuperación industrial. Esa frase ordena el resto del reclamo. La inflación mejoró, aunque sigue en niveles anuales del 25% al 30%, lejos del dígito de los países con los que la Argentina compite. Para la UIA, la estabilidad sin crédito, inversión y exportaciones no se traduce en actividad ni en empleo. El mecanismo que describe es simple: si el costo argentino sigue por encima del regional, la producción local pierde mercado frente a importados y frente a socios con menor carga tributaria.
La letra chica del pacto fiscal
El pacto que propone la UIA incluye computar aportes patronales a cuenta del IVA, revisar el impuesto al cheque, bajar la alícuota de Ganancias del 35% al 25%, implementar amortización acelerada de inversiones y trabajar sobre Ingresos Brutos. También pide poner un límite a las tasas municipales. El objetivo declarado es bajar la carga impositiva, reducir los costos laborales no salariales e incentivar la formalización. La secuencia importa: durante los primeros dos años, las medidas se focalizarían en pymes industriales de sectores transables, las más expuestas a la competencia internacional; después podrían extenderse. El costo fiscal se distribuiría a lo largo de cuatro o cinco años.
Ahí aparece el nudo redistributivo. Un pacto fiscal federal no depende sólo del Gobierno nacional: involucra a provincias y municipios, que administran Ingresos Brutos y tasas. Bajar impuestos a las empresas traslada la discusión a las cuentas provinciales y municipales, que son las que sostienen buena parte del gasto cotidiano. Si la reducción no se compensa con otra fuente o con recorte de gasto, el ajuste lo absorben las jurisdicciones o los contribuyentes que no quedan alcanzados por los beneficios. La UIA no detalla esa compensación en la evidencia disponible; es el elemento que falta para medir quién paga finalmente la cuenta.
El otro frente es la competencia china. Rappallini sostiene que muchos países están tomando medidas frente a una competencia que consideran desleal en determinados sectores y afirma: “Si hay dumping, existen instrumentos para actuar y tenemos que utilizarlos”. El pedido de antidumping introduce un mecanismo de protección comercial que beneficia a los productores locales pero puede encarecer insumos y bienes importados para el resto de la economía. La evidencia no permite saber qué sectores serían alcanzados ni con qué pruebas técnicas se sustentarían las denuncias; sin esa información, el efecto cotidiano es una incógnita que se resolverá caso por caso.
La lectura
La industria llega a su conferencia con una foto heterogénea. Refinación de petróleo y minería crecieron; farmacéutico y algunas ramas de la alimentación recuperaron niveles de 2022. En cambio, textil, calzado, metalmecánica, autopartismo y materiales de construcción muestran caídas importantes. El pacto fiscal que propone la UIA busca recomponer la competitividad de los sectores transables, que son los que más sufren la apertura importadora y la competencia internacional. El margen del Gobierno es acotado: necesita sostener el orden fiscal, pero también responder a un sector que emplea y produce, y que reclama señales antes de las elecciones. La UIA dice estar conversando con el Ejecutivo sobre el universo de empresas alcanzadas y la forma de implementación, sin plazos confirmados.
El efecto cotidiano comprobable, si el pacto avanza, sería un cambio en la estructura de costos de las pymes industriales: menos carga tributaria y laboral no salarial, con impacto posible en precios y en formalización del empleo. Pero también podría traducirse en menor recaudación provincial o municipal, o en un aumento de la presión sobre otros contribuyentes. La evidencia no permite afirmar cuál de los dos efectos predominará.
Qué sigue
La 32° Conferencia Industrial del martes será el escenario donde la UIA formalice su agenda. El punto a seguir es si el Gobierno nacional toma el pacto fiscal como una propuesta concreta o lo deja en conversación. También queda por verse si las provincias aceptan discutir Ingresos Brutos y tasas municipales, y si el Ejecutivo avanza en instrumentos antidumping contra China. Sin esos tres elementos —compensación fiscal, acuerdo provincial y pruebas de dumping—, el anuncio queda en una declaración de intenciones con alto valor político pero efecto económico todavía incierto.