Marzam denuncia al juez Chora por frenar fallo de la CNA

Grupo Comercial e Industrial Marzam (SAPI de C.V.) presentó una denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México contra Carlos Adrián Chora Martínez, juez 54 de lo Civil, por presuntas irregularidades en la emisión de medidas cautelares con las que se pretendía dejar sin efecto la resolución de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) que confirmó el cambio de control accionario de la empresa el pasado 23 de marzo. La denuncia, revelada este lunes, sostiene que la actuación del juzgador contravino de manera flagrante los derechos de la denunciante y de la sociedad en general, y pide al Tribunal determinar si existió incumplimiento de obligaciones legales.

El conflicto se remonta a la operación mediante la cual nuevos propietarios adquirieron Casa Marzam. La CNA, órgano federal especializado en competencia económica, determinó que la adquisición no representaba impedimentos en materia de competencia, al considerar que no implicaba riesgos de concentración ni afectaciones a la libre concurrencia. Esa resolución es la que el juez Chora Martínez habría intentado neutralizar mediante medidas cautelares, según la denuncia.

La denuncia acusa que las medidas cautelares del juez 54 de lo Civil buscaban anular de facto una resolución federal en materia de competencia económica. El documento presentado ante el Tribunal de Disciplina Judicial señala que la actuación del juez ha contravenido de manera flagrante, y en perjuicio de los derechos de la denunciante, así como de la sociedad en general, por lo que se pide aplicar las normas sustantivas y procesales que rigen su actuar, al actualizarse diversas conductas sancionadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El trasfondo es una disputa por el control de un mercado estratégico: la distribución de fármacos en México. Marzam sostiene en su denuncia que las medidas cautelares favorecen a Nueva Tierra Finance, de Mariana Matarazzo Escandón, esposa de Pablo Escandón, quien encabeza Nadro, empresa que mantiene una posición preponderante en la distribución de medicamentos en el país. La denuncia también apunta que se estarían utilizando mecanismos judiciales ilegítimos para generar efectos contrarios a la libre competencia, por lo que se trataría de una estrategia anticompetitiva para impedir la entrada de nuevos inversionistas al sector, lo que ameritaría una investigación formal.

El caso pone en el centro del debate la tensión entre resoluciones de órganos reguladores federales y decisiones judiciales locales que pueden alterar el sentido de una política de competencia. La CNA había validado la operación al concluir que no había riesgos de concentración; las medidas cautelares del juez civil, en cambio, buscaban suspender esos efectos. Para Marzam, ello viola el estado de derecho y va en contra de la competencia económica. El Tribunal de Disciplina Judicial deberá determinar si el juez incurrió en irregularidades procesales o resoluciones fuera de sus atribuciones.

El impacto cotidiano se mide en el abasto de medicamentos. La distribución farmacéutica es un eslabón crítico para farmacias, hospitales y otros establecimientos de salud en todo el país. Una concentración excesiva en pocas manos puede traducirse en menores opciones, precios más altos o desabasto en regiones donde la competencia es débil. Por eso, la disputa judicial no es un tecnicismo: define quién controla la cadena que lleva los fármacos al consumidor final.

El 14 de septiembre de 2026, Marzam informó que las medidas cautelares quedaron sin efecto como resultado de una suspensión definitiva concedida en un juicio de amparo. Ese antecedente sugiere que el pulso judicial continúa y que la denuncia ante el Tribunal de Disciplina busca sancionar la conducta del juez más allá de la suspensión ya obtenida.

La lectura

El mecanismo económico es claro: en un mercado de distribución de medicamentos con un jugador de posición preponderante, cualquier traba judicial que retrase o anule la entrada de nuevos competidores o inversionistas termina por beneficiar al incumbente. Marzam alega que las medidas cautelares del juez Chora Martínez tenían ese efecto, al frenar la resolución de la CNA que avalaba la operación. Si el Tribunal de Disciplina concluye que hubo irregularidades, el precedente enviaría una señal de que los jueces locales no pueden sustituir la evaluación técnica de un órgano federal de competencia. Si, por el contrario, no encuentra faltas, quedaría abierta la puerta a que decisiones judiciales aisladas sigan alterando el sentido de las resoluciones regulatorias.

El margen del gobierno federal es limitado en este caso: la CNA ya emitió su fallo, pero su cumplimiento depende de que los tribunales locales no lo bloqueen. La denuncia de Marzam presiona al Poder Judicial de la Ciudad de México para que discipline a uno de sus jueces y, con ello, reafirme la primacía de las resoluciones federales en materia de competencia. El costo, si no se corrige el patrón, lo absorben los consumidores y los competidores pequeños que enfrentan barreras para entrar al mercado.

Qué sigue

El Tribunal de Disciplina Judicial deberá admitir la denuncia y, en su caso, iniciar un procedimiento para determinar si el juez Chora Martínez incurrió en incumplimiento de obligaciones legales. La resolución podría tardar meses y no necesariamente anulará las medidas cautelares ya suspendidas por el amparo, pero sentará un precedente sobre los límites de la actuación judicial frente a resoluciones de la CNA. Mientras tanto, la disputa por el control accionario de Marzam y por el mercado de distribución de fármacos seguirá su curso en los tribunales, con efectos directos sobre la competencia en un sector sensible para la salud pública.