ECONOMÍA · MEDIUM
México avanza hacia la eliminación del efectivo: entra en vigor la Ley de Economía Digital
La nueva legislación obliga a sectores clave a usar pagos digitales, busca combatir la evasión fiscal y exige interoperabilidad bancaria, aunque deja sin presupuesto a los no bancarizados.
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos entró en vigor en México, marcando un punto de inflexión en la forma en que se realizan transacciones comerciales. El objetivo central del gobierno de Claudia Sheinbaum es la trazabilidad fiscal y la reducción de la economía informal. Sin embargo, la medida genera preocupación por la inclusión financiera, ya que millones de mexicanos carecen de acceso a servicios bancarios o internet, y la ley no asigna recursos adicionales para equipar a los comercios con terminales de cobro.
El dinero en efectivo, durante décadas la columna vertebral de la economía informal y la transacción diaria en México, enfrenta un desafío existencial. Con la publicación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado un paso firme hacia la digitalización forzada de la economía. Esta normativa no solo moderniza los canales de pago, sino que busca, con firmeza, cerrar las brechas de evasión fiscal que históricamente han mermado la recaudación del Estado.
El mecanismo de implementación no es inmediato ni generalizado, pero sí perentorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene un plazo estricto de 15 días hábiles para definir qué sectores y actividades específicas operarán exclusivamente con cobros electrónicos. Una vez que Hacienda emita esta lista, las autoridades sectoriales correspondientes dispondrán de otros 15 días para establecer los calendarios de transición gradual. Este diseño busca evitar un colapso operativo, aunque la dirección es clara: el efectivo dejará de ser una opción viable en los puntos de venta seleccionados.
Es crucial aclarar que la ley no prohíbe el efectivo de manera general e inmediata en todo el país. La prohibición se circunscribe a los sectores clave que serán definidos por Hacienda, obligándolos a aceptar únicamente tarjetas, transferencias bancarias y códigos QR. No obstante, la digitalización es obligatoria en su totalidad para los trámites gubernamentales. Todas las oficinas de gobierno, ya sean federales, estatales o municipales, deberán aceptar cobros digitales, eliminando la posibilidad de pagar con billetes o monedas en dependencias públicas.
La lógica detrás de esta medida es la trazabilidad fiscal. Al digitalizar las transacciones, el SAT y otras autoridades podrán monitorear el flujo de dinero en tiempo real, dificultando la ocultación de ingresos y la práctica de la economía sumergida. Para facilitar este ecosistema, el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumirán la regulación de las terminales de cobro. Su mandato será obligar la interoperabilidad de los códigos QR y la adopción de pagos sin contacto (NFC), rompiendo las barreras entre diferentes plataformas bancarias y fintechs.
Sin embargo, la transición hacia un país sin efectivo no está exenta de fricciones estructurales y sociales. El punto más crítico del debate radica en la inclusión financiera. Millones de mexicanos, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos, no cuentan con acceso a internet estable ni a servicios bancarios formales. Al obligar a los comercios a rechazar el efectivo, se corre el riesgo de excluir a esta población de la economía formal, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda clase en sus propias transacciones cotidianas.
Además, la ley presenta una omisión significativa en cuanto a la infraestructura necesaria. No se asigna presupuesto extra para el equipamiento de los comercios, especialmente los pequeños y medianos empresarios, con las terminales de punto de venta (TPV) o lectores de códigos QR necesarios. Esto traslada el costo de la modernización fiscal directamente a los empresarios, quienes deben invertir en tecnología sin garantías de que el aumento en la formalización se traduzca en un crecimiento de sus ventas. La falta de un plan de subsidios o capacitación técnica podría frenar la adopción real de la ley en el sector informal, que es precisamente el que más necesita digitalizarse para ser fiscalizado.
A medida que Hacienda publique la lista de sectores afectados, la sociedad civil y el sector empresarial deberán vigilar de cerca los detalles de la implementación. La pregunta no es si México se digitalizará, sino cómo se protegerá a la población vulnerable de los efectos colaterales de esta modernización fiscal. La ley entra en vigor, pero su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar que la digitalización sea inclusiva y no excluyente.