Presupuesto 2027 avanza con $94.897 millones extra para regiones

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 superó la Comisión Mixta y quedó en condiciones de iniciar su discusión en la Sala de la Cámara de Diputados. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, consiguió destrabar las diferencias en gobiernos regionales, Servicio Electoral y Contraloría, y la propuesta incorporó $94.897 millones adicionales para inversión respecto del texto que se encontraba en discusión, aprobada por unanimidad en esa instancia.

El dato importa porque un presupuesto no es solo una suma de cifras: es la decisión sobre quién recibe recursos, quién los ejecuta y con qué flexibilidad. Que la Comisión Mixta haya despachado el proyecto en poco más de un mes desde su ingreso, el 30 de septiembre, marca un contraste con la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, que tardó cerca de tres meses y terminó con un acuerdo tributario roto.

El mecanismo: plata que llega antes y se puede mover

Los $94.897 millones adicionales para inversión regional no son un aumento del gasto total, sino una reasignación dentro del texto en discusión. Ese matiz es central: el Ejecutivo movió recursos para satisfacer a gobernadores y parlamentarios de distintos sectores, y con ello destrabó una partida que había generado cuestionamientos.

El acuerdo no solo sumó dinero. También amplió las reglas de ejecución: el porcentaje que los gobiernos regionales pueden destinar a emergencias subió del 2% al 4%, y se permitirá que comiencen a registrar gastos de funcionamiento e inversión desde enero, mientras completan los trámites de apertura presupuestaria. En la práctica, esto significa que los gobiernos regionales ganan margen para actuar antes y con menos trabas administrativas.

El beneficio es tangible para quienes dependen de obras y programas regionales: menos meses de espera burocrática y más holgura para responder a emergencias. El costo, en cambio, se distribuye en el resto del presupuesto: cada peso reasignado a una partida es un peso que no va a otra, y las partidas que quedaron sin respaldo son la otra cara del acuerdo.

En el Servel, el Ejecutivo presentó una indicación para incrementar sus recursos en $3.673 millones, luego de que una reducción de hasta 11,8% en su presupuesto original generara reparos. En Contraloría, Hacienda retiró una glosa que restringía gastos en horas extraordinarias y viáticos de los fiscalizadores, cuestionada por la contralora Dorothy Pérez. Ambas partidas avanzaron por unanimidad.

La lectura

Quiroz logró lo que en Reconstrucción no pudo: cerrar acuerdos sin romper puentes con la oposición. La diferencia no es menor. En el Plan de Reconstrucción, el quiebre ocurrió cuando Hacienda ingresó una indicación para rebajar el Impuesto de Primera Categoría de 23% a 22% para empresas que no se acogieran al régimen de invariabilidad, modificación que los senadores PPD acusaron de no haber sido parte de las conversaciones. Aunque Quiroz retiró la indicación, el acuerdo político no se recompuso.

En Presupuestos, en cambio, el Ejecutivo cedió en partidas concretas y obtuvo unanimidad en la Comisión Mixta. El margen del gobierno es real pero acotado: la velocidad no equivale a un respaldo consolidado. El proyecto llega a la Sala con una serie de partidas y programas que no consiguieron respaldo y que deberán abordarse en las próximas etapas.

Entre ellos figuran recursos de Educación, Ciencia, el Programa de Atención Primaria en Salud y algunos subsidios al empleo para mujeres y jóvenes, cuyas asignaciones fueron rechazadas total o parcialmente. También quedaron pendientes recursos para Aduanas y capítulos de organismos dependientes del Ministerio de Defensa.

El efecto cotidiano comprobable está en las partidas que sí pasaron: regiones con más margen de ejecución, un Servel con recursos repuestos y una Contraloría sin restricciones en viáticos y horas extraordinarias. El efecto de las partidas rechazadas, en cambio, todavía no puede medirse: depende de lo que ocurra en la Sala.

Qué sigue

El proyecto se discutirá en la Cámara Baja a partir del lunes 9 de noviembre. El Ejecutivo deberá buscar nuevos acuerdos para reponer los recursos rechazados, y si persisten las diferencias entre ambas ramas del Congreso, los puntos en disputa podrían terminar en una nueva comisión mixta.

Hay un elemento que la evidencia no permite evaluar: el impacto fiscal agregado de las reasignaciones y de las partidas que se repongan. Sin el detalle completo del articulado y del informe financiero, no es posible sostener si el proyecto mantiene la misma meta de balance que el Ejecutivo presentó originalmente. Lo que sí está claro es que Quiroz llega a la Sala con un resultado favorable en velocidad y capacidad de negociación, pero con definiciones relevantes aún pendientes antes del despacho definitivo.