Riesgo país argentino supera 900 puntos tras elecciones en EE.UU.

El riesgo país argentino volvió a cruzar un umbral que el mercado lee como señal de alerta. El indicador elaborado por JP Morgan superó los 900 puntos básicos este jueves y llegó a ubicarse en torno a las 915 unidades durante la rueda, mientras los bonos soberanos registraban caídas que en algunos casos superaban el 3%. La escalada coincidió con la reacción de los mercados a los resultados de las elecciones estadounidenses y con las dudas sobre el margen de maniobra de Trump en los últimos dos años de su mandato.

El riesgo país pasó de 607 puntos a fines de septiembre a 787 al cierre de octubre y ahora supera los 900, un deterioro que aleja la posibilidad de volver a financiarse a tasas sostenibles. El movimiento no es un dato aislado: profundiza una tendencia de varias semanas y presiona las condiciones financieras locales. Para una economía que depende del acceso al crédito internacional, cada escalón del indicador se traduce en un costo más alto para el sector público y las empresas que buscan financiamiento externo.

La discusión de fondo es política. Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, advirtió en el Foro Abeceb que la derrota republicana podría limitar la capacidad de Washington para asistir a economías en dificultades. Sostuvo que, con un Congreso dividido, las decisiones podrían demorarse y disminuiría la disposición política a usar el Fondo Monetario Internacional u otros mecanismos de rescate. Sus planteos llegaron después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras, cuya nueva composición asumirá el 3 de enero de 2027.

En el Gobierno restan peso a las advertencias de Litman y sostienen que la evolución económica depende de las políticas nacionales, no de una eventual asistencia externa. En Balcarce 50 argumentan que el dirigente empresarial no participa en las decisiones financieras de Washington y que sus planteos no modifican las expectativas del Ejecutivo sobre la continuidad del respaldo bilateral. La posición oficial busca separar la alianza estratégica con Estados Unidos de la posibilidad de recurrir otra vez a mecanismos extraordinarios de financiamiento.

El mecanismo que está en discusión es el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), administrado por el Departamento del Tesoro. Su utilización requiere la autorización del secretario del área y la aprobación del presidente estadounidense, y la legislación vigente otorga amplias facultades para operar con divisas sin autorización previa del Congreso para cada intervención. En el Gobierno remarcan que la intervención de 2025 no requirió una ley específica, por lo que la nueva composición del Congreso no representa necesariamente un impedimento legal para repetir una operación similar. La evaluación cambia en el terreno político: en Balcarce 50 reconocen que la administración republicana podría enfrentar más dificultades para justificar una nueva asistencia tras la derrota electoral.

El costo inmediato lo absorben quienes necesitan financiamiento externo y el propio Estado, que ve encarecerse cada colocación de deuda. El efecto cotidiano es menos visible pero verificable: un riesgo país más alto se traduce en tasas más caras para el crédito, presión sobre el tipo de cambio y menos margen para sostener políticas públicas sin recurrir a reservas. La volatilidad internacional presiona las condiciones financieras locales aunque el Gobierno la considere transitoria.

La lectura

El patrón es claro: el mercado no está reaccionando a un dato económico argentino sino a un cambio en la política estadounidense que podría reducir el respaldo financiero. La senadora Elizabeth Warren presentó en octubre de 2025 un proyecto para prohibir el uso del ESF en operaciones de respaldo a los mercados argentinos; la propuesta fue remitida a la Comisión de Banca del Senado y no constituye una restricción vigente, aunque el cambio de mayorías podría facilitar su tratamiento. Trump conservaría la facultad de vetar una eventual ley que limite esas herramientas.

El Gobierno también menciona la aprobación de una norma presupuestaria estadounidense como argumento para descartar riesgos, pero esa disposición no equivale a una asignación específica de fondos para la Argentina ni garantiza una nueva asistencia del Tesoro. La apuesta oficial es que la relación bilateral trascienda la cercanía entre Milei y Trump. El embajador Peter Lamelas ratificó que el compromiso de Washington se mantiene pese al cambio de mayorías legislativas.

Qué sigue

El Ejecutivo busca acelerar los acuerdos pendientes con Estados Unidos y prevé enviar al Congreso argentino, durante noviembre, el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado en febrero. También planea profundizar programas de cooperación ya anunciados, como el aporte no reembolsable de US$15 millones para un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad. En el Gobierno no descartan que el calendario electoral de 2027 genere nuevas tensiones sobre el mercado cambiario, aunque evitan anticipar una crisis o un movimiento determinado del dólar. La pregunta que el mercado ya se hace es si Scott Bessent conservará las condiciones políticas para volver a usar el ESF en respaldo de la Argentina.