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Argentina suma prueba audiovisual al caso del triple feminicidio de Florencio Varela
Una filmación de 2 minutos 39 segundos documenta los sometimientos violentos previos al asesinato de tres jóvenes captadas por una red de narcotráfico. La causa avanza bajo secreto de sumario con imputaciones por homicidio agravado.
Las autoridades judiciales argentinas incorporaron a la causa del triple feminicidio de Florencio Varela una filmación de 2 minutos 39 segundos que documenta los sometimientos violentos sufridos por las víctimas antes de ser asesinadas. El registro se halló en un operativo antidrogas y sustenta las imputaciones contra una red de narcotráfico de origen peruano. La causa está bajo secreto de sumario
Las autoridades judiciales argentinas incorporaron a la causa del triple feminicidio de Florencio Varela una filmación de dos minutos y 39 segundos que documenta los sometimientos violentos a los que fueron expuestas las víctimas antes de ser asesinadas. El registro, recuperado del teléfono celular de un integrante de la organización criminal, se convierte en la prueba central de un expediente que busca acreditar cómo operó una red de narcotráfico para captar, retener y ultimar a tres jóvenes en Buenos Aires.
El hallazgo se produjo en el marco de un operativo contra el crimen organizado dirigido por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y la grabación fue remitida al juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, para sustentar las imputaciones por los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. La filmación constata agresiones físicas directas y amenazas verbales contra Gutiérrez, de 15 años, ejecutadas por orden del líder narco Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias "Roger", según las precisiones de los investigadores.
La recolección de esta prueba digital se concretó tras un allanamiento en La Reja, partido de Moreno, donde las fuerzas de seguridad federales incautaron 207 kilos de cocaína pertenecientes a la misma estructura delictiva. A raíz de ese procedimiento, la justicia federal dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los imputados y ordenó el alojamiento de Macalopu Cafferata bajo un régimen de alta seguridad dentro del sistema penitenciario.
La ruta del caso
Las actuaciones señalan que los hechos ocurrieron entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2025, cuando las tres jóvenes fueron captadas en Ciudad Evita bajo la falsa promesa de asistir a una reunión. Fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, donde permanecieron privadas de la libertad y posteriormente ultimadas. La hipótesis principal de fiscales y judicatura sostiene que el móvil del triple homicidio responde a una maniobra de venganza por la sustracción de 30 kilos de cocaína a la banda, un ataque coordinado para infundir represalias y mantener el control disciplinario dentro de la red.
La causa atribuye la autoría a una red jerárquica encabezada por ciudadanos de nacionalidad peruana. Si bien inicialmente se identificó a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", como responsable directo en el lugar de los hechos, las pesquisas posteriores determinaron que la línea de mando superior correspondía a su tío, Luis Alan Valverde Rodríguez, aprehendido en territorio peruano. El expediente, resguardado bajo secreto de sumario por instrucción del juez Rodríguez y con intervención de la fiscal Mariela Labozzetta, tipificó las conductas como homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.
Los peritajes presentados en las resoluciones judiciales fundamentan que los acusados articularon la logística completa del hecho, abarcando la captación de las víctimas, la custodia del sitio de cautiverio y la ejecución final. El expediente define el suceso como un patrón de violencia extrema cometido contra mujeres en un entorno dominado por el narcotráfico y la criminalidad organizada.
La lectura
El caso trasciende el homicidio individual y expone una arquitectura criminal transnacional que combina captación mediante engaños, violencia de género extrema y logística de narcotráfico. La incorporación de la filmación como prueba central no solo fortalece la imputación penal, sino que documenta un modus operandi: el uso de la violencia sexual y física como herramienta de disciplina interna dentro de redes delictivas.
Para México y sus lectores, el expediente ofrece una advertencia relevante. La articulación entre redes de narcotráfico de alcance regional y la violencia contra mujeres no es un fenómeno exclusivo del Cono Sur. La captación de jóvenes bajo engaños, la retención en sitios de cautiverio y la ejecución como represalia son patrones que las autoridades mexicanas han documentado en distintas regiones del país. La diferencia, en este caso, es la existencia de un registro audiovisual que permite a la justicia argentina sustentar imputaciones con estándares probatorios más sólidos.
El hecho también plantea una pregunta sobre la cooperación judicial regional. La detención de Valverde Rodríguez en Perú y la identificación de una estructura jerárquica con ciudadanos peruanos sugieren que la investigación requiere coordinación entre Argentina y Perú para completar la cadena de responsabilidades. La causa avanza bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso público a los detalles, pero confirma que la justicia argentina trata el caso como crimen organizado y no como episodio aislado.
Qué sigue
El expediente continúa bajo secreto de sumario por instrucción del juez Rodríguez. Queda por determinar si la filmación se ampliará con otras pruebas digitales recuperadas en los allanamientos y si la cooperación con Perú permitirá procesar a los mandos superiores de la red. También resta conocer si la causa incorporará peritajes adicionales sobre la cadena de mando y el financiamiento de la estructura. Para los lectores en México, el caso deja una lección verificable: la evidencia audiovisual puede ser determinante para acreditar violencia de género en contextos de criminalidad organizada, pero su eficacia depende de la capacidad institucional para recolectarla, preservarla y incorporarla al proceso penal.