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Declaración argentina sobre gas reaviva tensión por Puerto Williams
Un general retirado afirmó que Argentina puede 'eliminar' la ciudad chilena mediante el suministro de gas. Autoridades de la provincia Antártica respondieron con datos y demandas de inversión.
El general retirado argentino Edgar Fernando Calandín afirmó que Argentina tiene herramientas para frenar el desarrollo y 'eliminar Puerto Williams' apuntando al suministro de gas. Autoridades chilenas de la provincia Antártica desmintieron esa dependencia energética y pidieron inversión estatal para materializar la soberanía. El episodio reaviva una tensión diplomática recurrente y expone la frag
El general en retiro argentino Edgar Fernando Calandín afirmó que Argentina tiene herramientas para frenar el desarrollo y “eliminar Puerto Williams”, apuntando al suministro de gas que conectaría a la ciudad chilena con el territorio trasandino. La declaración, difundida este 24 de octubre, abrió una nueva tensión diplomática entre Chile y Argentina y provocó reacciones inmediatas de autoridades de la provincia Antártica, que cuestionaron el desconocimiento del territorio demostrado por el militar retirado.
El episodio no es un incidente aislado. Ocurre en un punto extremo del mapa: Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, es la ciudad más austral del mundo y un enclave donde la presencia del Estado chileno se mide en servicios, infraestructura y conectividad. La afirmación de Calandín no describe una dependencia energética real, según las autoridades locales, pero sí instala una discusión sobre la vulnerabilidad de la zona.
La lectura
El seremi de Energía, Marco Pinto, precisó que Puerto Williams ha utilizado principalmente biomasa en forma de leña y pellet para sus necesidades energéticas residenciales y comerciales. Añadió que en un par de años la ciudad contará con una planta de almacenamiento y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) construida por Gasco Magallanes e Inersa. El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, fue más directo: “Nuestro abastecimiento de gas licuado es de origen chileno. Llega por vía marítima desde Magallanes y se distribuye desde una planta de almacenamiento instalada en nuestra propia comuna”.
La respuesta oficial desmiente la premisa del general retirado, pero el gobierno local la aprovechó para exigir inversión. Fernández sostuvo que la entrada sur del país requiere más que discursos sobre soberanía y presencia territorial, y llamó al Estado a garantizar infraestructura, conectividad, seguridad energética y servicios públicos. “La soberanía efectiva debe expresarse en recursos y una política permanente de desarrollo para la zona”, planteó.
El consejero regional Víctor Pérez siguió la misma línea: pidió aumentar la inversión en Puerto Williams y otorgarle mayor autonomía en agua, vivienda, energía y servicios sanitarios. Advirtió que “la soberanía no la hacen las infraestructuras, la hacen la gente”, pero recalcó que para que las personas permanezcan en el territorio necesitan servicios adecuados. También llamó a revisar los recortes a la inversión pública y a considerar necesidades de salud, educación, agua potable, alcantarillado y soluciones energéticas, además de instalar nuevos servicios públicos como Aduanas, PDI y Gendarmería.
El consejero José Luis Paredes sostuvo que los dichos del exmilitar evidencian un desconocimiento del territorio y de la relación entre ambos países. Destacó que la realidad geográfica obliga a mantener un trabajo colaborativo. La tensión, sin embargo, no escala por ahora a una crisis bilateral formal: no hay en la evidencia una reacción oficial del gobierno argentino ni una convocatoria diplomática.
Para lectores en México, el episodio ofrece una lección sobre cómo una declaración individual puede convertirse en un test de soberanía. La disputa por Puerto Williams no es energética en los términos planteados, sino sobre la capacidad del Estado de sostener población y servicios en territorios remotos. Es un patrón que también atraviesa la frontera sur mexicana y las zonas de difícil acceso donde la presencia institucional es frágil.
Qué sigue
La pelota queda del lado del gobierno chileno. Las autoridades locales pidieron inversión concreta y revisar recortes presupuestales. La planta de GLP de Gasco Magallanes e Inersa será una prueba tangible de si la seguridad energética de Puerto Williams se consolida con capital chileno. También queda por ver si Argentina responde formalmente a los dichos de Calandín o si el episodio se diluye como una declaración aislada de un militar retirado. Lo que falta en la evidencia es una reacción oficial argentina y una evaluación técnica independiente sobre la supuesta conexión de gas que el general invocó.