Municipios indígenas de Bolivia desafían al gobierno de Paz con leyes antimineras

Cinco municipios de la Amazonía boliviana —Palos Blancos, Alto Beni, San Buenaventura, Rurrenabaque y Caranavi— declararon sus territorios libres de minería aurífera mediante leyes municipales, y dos de ellos ya obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados. La decisión, gestada durante una década por la contaminación que atribuyen a la actividad minera en sus ríos, abre un pulso jurídico y político con el gobierno de Rodrigo Paz, que considera esas normas contrarias a la ley.

El conflicto no es menor: la disputa define quién tiene la última palabra sobre el uso del suelo y el agua en la Amazonía, si los concejos municipales o el Estado central que administra los recursos mineros. Para los municipios, la protección de sus cuencas es una condición de supervivencia productiva; para el Ejecutivo, es una intromisión en una competencia reservada.

La lectura

El origen de la ola antiminera es concreto. El alcalde de Palos Blancos, Jesús Chucamani, explicó que la mayoría de sus pobladores vive del cacao y que la actividad minera afectaba la producción. Antes de 2017 operaban empresas y cooperativas que explotaban oro en el río Alto Beni; hoy quedan mineros artesanales que, según el alcalde, no inciden en los cultivos. La norma aprobada prohíbe toda práctica minera en esas jurisdicciones, así como el otorgamiento de autorizaciones o derechos para operar, y encarga al Ejecutivo y a los gobiernos municipales garantizar su cumplimiento.

La media sanción en Diputados convierte una demanda local en un asunto de alcance nacional, porque obliga al Senado a pronunciarse sobre la validez de los territorios libres de minería. El texto también protege la vocación ecoturística y agroecológica de ambos municipios y la vincula con la soberanía alimentaria del país.

La abogada e investigadora Fátima Monasterio, de la Fundación Solón, calificó la norma como una "conquista política y jurídica" y advirtió que la contaminación minera no reconoce límites municipales ni departamentales. Su argumento apunta a una escala mayor: una actividad aguas arriba puede comprometer ecosistemas y medios de vida a cientos de kilómetros, por lo que la protección individual de cada municipio resulta insuficiente sin una estrategia de cuenca.

El gobierno de Paz no comparte esa lectura. El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón, afirmó en conferencia de prensa que autonombrarse municipios libres de actividad minera "no tiene sentido" y es "ilegal", porque la minería es competencia del Estado central. La posición oficial no niega la existencia de impactos ambientales, pero desplaza la discusión al terreno de las competencias: el Ejecutivo sostiene que un municipio no puede vetar una actividad que la Constitución y las leyes sectoriales colocan bajo su órbita.

El pulso tiene antecedentes políticos. Chucamani recordó que en la gestión anterior el entonces vicepresidente David Choquehuanca visitó Palos Blancos para pedir actividad minera en sus territorios, y que la población lo rechazó mediante cabildos. Ese episodio sugiere que la resistencia no nació con el actual gobierno, sino que se consolidó frente a intentos previos de promover la minería en la zona.

La dimensión regional es relevante. La Amazonía boliviana comparte con Perú, Brasil y Colombia la presión de la minería aurífera informal y de pequeña escala, asociada a la deforestación y a la contaminación por mercurio. Si el Senado avala las leyes municipales, Bolivia enviaría una señal de que los gobiernos locales pueden erigir barreras jurídicas a la expansión minera, un precedente observado por comunidades de toda la cuenca amazónica. Si las rechaza o las congela, el conflicto probablemente se trasladará a los tribunales y a la movilización territorial.

Para los lectores en México, el caso ofrece una analogía útil. El país enfrenta disputas similares entre comunidades, municipios y el Estado federal por proyectos extractivos y por la protección de cuencas; la pregunta de fondo es la misma: hasta dónde puede un territorio local decidir sobre una actividad económica de interés nacional cuando percibe riesgo para su agua y su producción. La diferencia institucional es importante: en Bolivia la discusión pasa por leyes municipales y su validación legislativa; en México, por el régimen de concesiones, consultas y amparos.

Qué sigue

La pelota está en el Senado. Palos Blancos y Alto Beni esperan la sanción de la cámara alta para obtener reconocimiento nacional, mientras el Ejecutivo mantiene su objeción de legalidad. No está claro, con la evidencia disponible, si el gobierno impulsará una acción judicial contra las normas ya aprobadas ni si el Senado priorizará su tratamiento. Tampoco se conoce el detalle de cómo se financiaría la vigilancia municipal para impedir la operación minera. Lo que sí es verificable es que la ola antiminera ya suma cinco municipios y que su articulación, como advirtió Monasterio, apunta a una escala de cuenca que excede a cada localidad.