Senado de Paraguay admite pruebas y acerca la definición del juicio a Peña

El Senado de Paraguay, constituido como tribunal del juicio político, admitió este viernes las pruebas presentadas por la comisión de diputados que sostiene la acusación contra el presidente Santiago Peña, y rechazó las objeciones que la defensa había formulado contra ese material y contra el procedimiento. La decisión se tomó por votación electrónica: los 41 senadores presentes votaron a favor de incorporar los documentos, informes y antecedentes de los acusadores, sin votos en contra. El paso tiene significado público inmediato porque acerca el proceso a su definición y confirma que la Cámara Alta no frenó la acusación en su etapa probatoria.

La admisión de pruebas consolida el avance del juicio político y deja al Senado como árbitro final del futuro de Peña. El mandatario no se presentó personalmente ante el Senado; más tarde lo hicieron sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda para realizar una presentación en su representación. La defensa había cuestionado las pruebas y el procedimiento, pero el tribunal legislativo resolvió incorporarlas.

El episodio no ocurre en el vacío. El proceso se desarrolla después de que el Congreso no lograra completar el tratamiento de la renuncia que Peña presentó el jueves, por falta de quórum. Por ese motivo, el presidente continúa formalmente en el cargo mientras avanza el juicio político. La crisis se originó en el cierre de Ueno Bank y en las investigaciones y cuestionamientos surgidos a partir de la situación de esa entidad financiera. Peña había señalado públicamente que se presentaría ante las instituciones correspondientes para ejercer su defensa y entregar la información que le fuera requerida.

La secuencia de esta jornada muestra un Senado que hasta ahora no aceptó los pedidos dilatorios de la defensa. Previamente, la Cámara Alta había rechazado el pedido de Peña para contar con una prórroga de 72 horas destinada a preparar su defensa, por 39 votos contra tres y dos abstenciones. Ese dato, junto con la unanimidad en la admisión de pruebas, sugiere que el tribunal legislativo está encaminando el caso hacia los alegatos finales sin abrir nuevas instancias de discusión probatoria.

La lectura

El juicio político paraguayo combina dos elementos que conviene separar. Por un lado, hay un procedimiento institucional en curso, con un Senado que actúa como tribunal y que hasta ahora ha admitido las pruebas de la acusación. Por otro, hay una crisis política originada en el cierre de un banco, que trasladó al terreno legislativo la discusión sobre la responsabilidad del presidente. El hecho verificable es que el Senado admitió las pruebas y rechazó las objeciones de la defensa; la consecuencia política es que el margen de maniobra de Peña dentro del proceso se reduce.

La evidencia disponible no permite afirmar todavía cuál será el resultado de la votación final ni anticipar intenciones privadas de los senadores. Lo que sí puede sostenerse es que el tribunal legislativo ya superó la etapa de discusión sobre el material probatorio y que la defensa no logró frenar su incorporación. En un sistema presidencialista, un juicio político es una herramienta de última instancia: su avance tiene efectos sobre la estabilidad del Ejecutivo, sobre la confianza en las instituciones y sobre la percepción de los mercados y de los socios comerciales del país.

Para lectores fuera de Paraguay, el caso importa por su valor de precedente. La región observa cómo un Congreso gestiona una acusación contra un presidente en funciones y cómo se resuelve la tensión entre la investidura y la responsabilidad política. Paraguay es un socio relevante en el Mercosur y en el comercio agropecuario; una crisis institucional prolongada puede afectar la agenda legislativa, la firma de acuerdos y la imagen del país como destino de inversión. Para México, la lectura es indirecta pero útil: muestra el funcionamiento de los mecanismos de control político en una democracia presidencialista y el costo institucional de una crisis bancaria que llega al Ejecutivo.

Qué sigue

Con las pruebas admitidas, el procedimiento avanza hacia la presentación de los alegatos finales y posteriormente al juzgamiento de Peña por parte del Senado. La próxima instancia será la exposición de los alegatos antes de que la Cámara Alta avance con la definición sobre el juicio político. Mientras tanto, el presidente sigue formalmente en el cargo, y su renuncia no fue tratada por falta de quórum. La pregunta abierta es si el Senado mantendrá el ritmo de esta jornada o si abrirá un compás de negociación política antes de la votación final.