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Trump negocia con la junta de Myanmar tierras raras que el régimen no controla
Washington abrió contactos directos con la cúpula militar para frenar estafas en línea y explorar minerales críticos, pero la junta domina apenas el 21% del territorio y los yacimientos están en zonas de grupos armados.
La administración Trump inició en octubre de 2026 conversaciones directas con la junta militar de Myanmar para cooperar contra estafas en línea y explorar acceso a tierras raras. El problema: el régimen controla cerca del 21% del territorio y no gobierna los principales depósitos minerales, en manos de grupos étnicos armados. El giro respecto a Biden inquieta a la oposición y eleva el costo políti
La administración de Donald Trump abrió conversaciones directas con la junta militar que gobierna Myanmar desde el golpe de 2021, un giro en la política de Washington hacia el país asiático que combina dos objetivos muy distintos: frenar las redes de estafas en línea que afectan a ciudadanos estadounidenses y explorar el acceso a tierras raras. El acercamiento, confirmado por contactos reportados en octubre de 2026, tiene una contradicción de fondo que define su riesgo: el régimen puede sentarse a negociar, pero no controla buena parte del territorio donde están los minerales que Estados Unidos busca.
Según el análisis difundido por Responsible Statecraft, la junta controla cerca del 21% del territorio de Myanmar, frente a alrededor del 42% en manos de fuerzas de resistencia; el resto permanece disputado. Los principales depósitos de tierras raras quedaron en zonas dominadas por minorías armadas como los Wa, los Karen y los Shan. Es decir, Washington negocia con un interlocutor que reclama soberanía formal pero cuya capacidad de garantizar resultados en esas áreas es limitada.
Un giro desde las sanciones
El cambio es notable respecto de la administración de Joe Biden, que tras el golpe exigió el retorno a la democracia y sancionó a la cúpula militar, además de acusarla de genocidio en 2022. Las señales de apertura precedieron a las conversaciones: en julio de 2025 Trump envió una carta sobre aranceles al general Min Aung Hlaing, gesto que el análisis describe como un reconocimiento implícito, y dos semanas después el Departamento del Tesoro retiró de su lista de sanciones a varios allegados del jefe militar. En octubre de 2026 llegaron los contactos directos, incluida una reunión en Tokio reportada por Reuters.
Entre los objetivos inmediatos figuró la liberación del empresario estadounidense Adam Castillo, exjefe de la Cámara de Comercio Americana en Myanmar, quien ya fue liberado. La cooperación contra los centros de estafas en línea sigue siendo incierta, y el interés por las tierras raras añade una meta que depende de territorios fuera del control castrense.
El contexto bélico agrava la ecuación. La guerra fragmentada, con el Gobierno de Unidad Nacional y organizaciones armadas étnicas enfrentando al ejército, ha desplazado a más de 3,7 millones de personas, según la ONU, y el monitor ACLED registró 100.114 muertes relacionadas con el conflicto. En 2025 la administración Trump desmanteló USAID mientras el ejército lanzaba una contraofensiva con drones suministrados por Rusia y China, y actores humanitarios advirtieron sobre el cierre de hospitales y el avance de brotes de malaria y tuberculosis.
La oposición teme que el diálogo fortalezca la legitimidad política de sus adversarios sin ofrecer a Washington una vía segura hacia los recursos que busca. Es un costo político que la Casa Blanca asume en un momento en que la competencia por minerales críticos frente a China se intensifica.
La lectura
El patrón es claro: Washington prioriza intereses concretos —control migratorio criminal, liberación de ciudadanos, acceso a minerales críticos— sobre la presión democrática que marcó la era Biden. Pero la evidencia también muestra el límite estructural de esa estrategia. Negociar con quien no controla las minas ni las zonas donde operan las redes criminales puede producir gestos diplomáticos sin resultados verificables. Para México, la lectura es indirecta pero relevante: la disputa por tierras raras y la reorganización de las cadenas de suministro frente a China afectan los precios y las decisiones de inversión en el sector minero y manufacturero de la región, y muestran cómo Washington está dispuesto a sacrificar coherencia normativa por objetivos de seguridad económica.
Qué sigue
La incógnita es si la junta puede traducir los contactos en cooperación real contra las estafas y en algún acceso a minerales, o si el acercamiento solo le dará oxígeno político. Falta evidencia sobre los términos concretos de las conversaciones y sobre si Washington condicionó el diálogo a resultados verificables. También queda por ver cómo reaccionan los grupos armados que controlan los yacimientos y si la oposición escala su rechazo. Sin esos datos, la conclusión prudente es que el giro diplomático está confirmado, pero su eficacia sigue sin demostrarse.