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Codelco detiene Andina por derrame de relaves y abre expediente ante la SMA
La estatal paralizó su división cordillerana tras activar el protocolo de reporte obligatorio. El incidente llega en medio de una crisis productiva y de irregularidades contables ya documentadas.
Codelco detuvo operaciones en su División Andina tras un derrame de relaves y activó el protocolo de reporte obligatorio ante la Superintendencia del Medio Ambiente, que exige informes en dos a cinco días. El incidente puede derivar en multas, restricciones operativas o clausura temporal, y ocurre mientras la estatal enfrenta una crisis productiva y auditorías por reportes de producción irregulare
Codelco detuvo las operaciones en su División Andina tras un derrame de relaves que activó de inmediato el protocolo de reporte obligatorio ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La paralización no es un trámite interno: es el primer paso formal de un proceso que puede derivar en multas, condiciones operativas más estrictas o una clausura temporal mientras se evalúa el daño. La SMA exigió informes sobre el incidente en un plazo de entre dos y cinco días, lo que confirma que el regulador clasificó el episodio como urgente.
Andina opera desde 1970 en la precordillera de la Región Metropolitana, a más de 3.500 metros de altitud, y es una de las divisiones más antiguas y estratégicas de la estatal. Extrae cobre de un yacimiento de pórfido descrito como el mayor de Chile en recursos no explotados. Codelco evalúa desde hace años su expansión —conocida como Andina 244—, que más que duplicaría la capacidad de producción y que ya enfrentaba oposición de comunidades y organizaciones ambientales por el manejo de agua en una cuenca que abastece a Santiago.
Un pasivo sensible en una cuenca bajo escrutinio
Los relaves contienen minerales procesados, reactivos químicos y metales pesados. Cuando escapan de sus sistemas de contención pueden afectar cuencas hidrográficas, suelos agrícolas y comunidades situadas aguas abajo. Desde el colapso de la presa de Brumadinho, en Brasil, en 2019 —que dejó 270 muertos—, el estándar internacional GISTM elevó el umbral de exigencia para la gestión de estas instalaciones, y Codelco adoptó compromisos explícitos de alinearse con él. Un derrame activo, aunque no implique colapso estructural, pone en entredicho la efectividad de los sistemas de monitoreo y contención de la empresa. La pregunta que queda abierta es si falló la alerta temprana, la contención o ambas; la evidencia disponible no permite determinarlo todavía.
El momento agrava el cuadro. La estatal ya cargaba con una crisis productiva documentada y con una auditoría interna reciente que reveló irregularidades en sus reportes de producción: 42.100 toneladas reportadas que no existían físicamente. A eso se sumó el bloqueo de acceso a la División Ministro Hales por trabajadores que reclamaban bonificaciones impagadas. Tres frentes en semanas —laboral, contable y ambiental— que no operan como episodios aislados, sino como síntomas de una presión institucional acumulada por caída productiva, deuda elevada y postergación de inversiones en mantenimiento.
La lectura
El peso político del incidente excede el expediente sancionatorio. El cobre representa más del 60% de las exportaciones chilenas y financia directamente el presupuesto fiscal a través de los aportes de Codelco, de modo que cualquier incidente grave en la operación estatal se convierte de inmediato en debate público, legislativo y presidencial. El gobierno ha apostado por estabilidad regulatoria y señales pro-inversión para el sector privado, y un incidente ambiental protagonizado por la propia empresa estatal complica ese relato. No porque el Ejecutivo vaya a cambiar de postura, sino porque la oposición y los grupos ambientalistas obtienen material concreto para cuestionar si la minería, incluso en manos del Estado, puede gestionarse con los estándares que el país exige.
Para las comunidades de la cuenca del Aconcagua y para los grupos que ya monitoreaban Andina 244, el argumento es directo: si la operación actual no puede contener sus propios relaves, ¿cómo se gestionará una operación dos o tres veces más grande? Esa pregunta condiciona la licencia social de la expansión más que cualquier resolución administrativa. La SMA, por su parte, ha sancionado a operaciones de todos los tamaños desde su creación en 2012, incluidas majors internacionales; el tamaño de la empresa no ha operado como escudo. Codelco tiene capacidad técnica y legal para responder, pero no inmunidad.
Qué sigue
El siguiente punto de decisión está en manos de la SMA: recibidos los informes en el plazo de dos a cinco días, evaluará la gravedad del daño, el historial de cumplimiento y la calidad de la respuesta inmediata para definir si abre un procedimiento sancionatorio y si impone restricciones operativas o una clausura temporal. En paralelo, la empresa deberá explicar públicamente qué falló en sus sistemas de contención y monitoreo, y si el derrame alcanzó cursos de agua o suelos agrícolas. Falta un dato decisivo para dimensionar el impacto: el volumen del material liberado y su extensión territorial, información que ni el hecho ni los antecedentes disponibles precisan.