MEDIO AMBIENTE · MEDIUM
México recicla 9% de su plástico y aplaza la limpieza de costas a 2030
Autoridades y legisladores reconocieron en la Cámara de Diputados que seis millones de toneladas anuales de plástico desbordan la capacidad de reciclaje, mientras la meta de playas limpias depende de una ley aún en revisión.
México genera seis millones de toneladas de plásticos al año y recicla solo el 9%, según datos expuestos en una mesa de diálogo de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Semarnat, Marina y Conapesca reafirmaron la meta de eliminar plásticos de playas y costas para 2030, pero la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico sigue en discusión legislativa.
México genera seis millones de toneladas de plásticos al año y recicla únicamente el 9 por ciento, una brecha que autoridades federales y legisladores reconocieron de forma abierta durante una mesa de diálogo organizada por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. El encuentro, celebrado el 4 de noviembre de 2026 bajo el título “De la visión a la acción: Retos y oportunidades para la implementación de la política nacional para el manejo sustentable de mares y costas”, reunió a Semarnat, la Secretaría de Marina, Conapesca y legisladores de las comisiones de Pesca y de Medio Ambiente. El dato no es menor: los residuos plásticos representan más del 85 por ciento de la basura marina a nivel mundial, según expuso Margarita Caso Chávez, directora general de Conservación y Gestión de Mares y Costas de Semarnat.
La cifra funciona como termómetro de una política que avanza más lento que el problema. La funcionaria recordó que la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México fue anunciada el 5 de junio de 2025 con un objetivo explícito: eliminar los plásticos de las playas y costas mexicanas para 2030. La meta existe, pero su viabilidad depende de instrumentos legales y presupuestales que todavía no están cerrados, como admitió la propia dinámica del encuentro.
El territorio en juego
El contralmirante Arturo Caracas Uribe, director ejecutivo de Investigación y Monitoreo Oceanográfico Atmosférico de la Secretaría de Marina, puso dimensiones al desafío: México tiene presencia en cuatro regiones marítimas —Pacífico, golfo de California, golfo de México y mar Caribe—, con 12 mil 564 kilómetros de litoral y 17 estados costeros donde habitan 57.9 millones de personas, el 46 por ciento de la población nacional. El país alberga unas 35 mil especies marinas y 97 áreas naturales protegidas costero-marinas, cuya superficie equivale al 78 por ciento de todo lo protegido por la Federación.
“La sustentabilidad de mares y costas de México no es un gasto, es una inversión estratégica en la soberanía, el bienestar y el futuro alimentario del país”, sostuvo Caracas Uribe. La frase enmarca el conflicto de fondo: la conservación compite por recursos con otras prioridades y su financiamiento depende de decisiones legislativas.
Bernardino Jesús Muñoz Reséndez, de Conapesca, puso el acento en las comunidades que dependen del mar. La pesca y la acuacultura producen alrededor de dos millones de toneladas de alimentos y sostienen empleos y formas de vida en los estados costeros. La contaminación plástica no solo daña ecosistemas: erosiona la base económica de miles de familias pesqueras, por lo que el funcionario pidió planificación del espacio marino, investigación científica y criterios de sostenibilidad para producir alimentos sin comprometer los recursos.
La lectura
El encuentro mostró una coincidencia retórica amplia y una brecha operativa igual de visible. La diputada Azucena Arreola Trinidad, presidenta de la Comisión de Pesca, fue directa: “No podemos esperar a que el deterioro ambiental sea irreversible para actuar. Tenemos instrumentos, conocimiento y experiencia; necesitamos convertirlos en decisiones y acciones que tengan un impacto real”. El reconocimiento de que faltan recursos para investigación, restauración, vigilancia e innovación equivale a admitir que la meta de 2030 no está asegurada con el marco actual.
La responsabilidad institucional está repartida y eso complica la rendición de cuentas: Semarnat diseña y coordina la política de conservación; la Marina aporta monitoreo oceanográfico y presencia territorial; Conapesca regula la actividad pesquera; y la Cámara de Diputados controla el presupuesto y la actualización normativa. Ninguna de esas instancias puede cumplir la meta de playas sin plásticos por sí sola, y el hecho de que la discusión ocurra en una mesa de diálogo —no en la publicación de un decreto o un programa con partidas etiquetadas— sugiere que la fase de implementación sigue pendiente.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gabriela Benavides Cobos, informó que se trabaja en la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico para fortalecer los mecanismos de conservación. Ese es, por ahora, el vehículo legislativo disponible.
Qué sigue
El siguiente punto de decisión está en el Poder Legislativo: la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la eventual asignación de recursos para la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas. Sin partidas para investigación, restauración y vigilancia, la meta de 2030 quedará como declaración. Queda también por definir cómo se incorporan las necesidades de las comunidades pesqueras a las decisiones públicas, un compromiso planteado en la mesa pero sin mecanismo concreto anunciado. La evidencia disponible no permite aún verificar montos, calendarios ni sanciones asociadas al objetivo de eliminar plásticos de playas y costas.