Tijuana declara emergencia por El Niño y activa mesa de respuesta

El Cabildo de Tijuana aprobó una declaratoria de emergencia ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, un paso administrativo que busca movilizar recursos y coordinar la respuesta institucional. Al día siguiente, el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz presidió la Cuarta Mesa Permanente de Preparación y Respuesta, con la participación de la titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Gobierno Federal, Beatriz Olivares Pinal. La sesión, realizada la mañana del viernes 6 de noviembre, reunió a integrantes del gabinete municipal, regidoras y regidores, directores de dependencias y delegados.

La declaratoria no es un trámite menor: permite acceder a fondos de emergencia y justifica la movilización de áreas operativas. Sin embargo, la aprobación del Cabildo y la reunión interinstitucional no equivalen a la ejecución de medidas concretas; el siguiente paso es la implementación de censos en viviendas y la habilitación de refugios temporales.

El alcalde Burgueño Ruiz subrayó que el objetivo es salvaguardar la integridad de las familias y adelantó que en los próximos días se realizarán censos en viviendas. La Dirección Municipal de Protección Civil presentó el estatus del fenómeno, el monitoreo de zonas con deslizamientos y su participación en mesas con la Coordinación Estatal. La coordinación entre niveles de gobierno es clave, pero la responsabilidad de la respuesta inmediata recae en las autoridades municipales, que deberán demostrar capacidad operativa.

En la reunión se detalló la capacidad disponible: mil 195 policías, 557 unidades, 524 elementos de Bomberos, 19 estaciones y tres turnos de servicio, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. La Secretaría de Bienestar expuso propuestas de espacios para refugios temporales y anunció jornadas de volanteo y perifoneo en zonas prioritarias como El Bordo. Asimismo, las direcciones de Obras e Infraestructura Urbana y de Servicios Públicos reportaron avances en el programa de limpieza de azolve en infraestructura pluvial y vialidades.

La participación de la funcionaria federal Beatriz Olivares Pinal vincula la emergencia climática con la estrategia de prevención social del delito, al destacar que en Tijuana se trabaja con 150 jóvenes en zonas de vulnerabilidad y se implementa la estrategia Casa por Casa. Esta conexión sugiere que la respuesta no se limita a lo meteorológico, sino que se integra a una agenda de seguridad y cohesión social, aunque no se explicó cómo se articulan ambos esfuerzos.

La lectura

El territorio enfrenta una amenaza concreta: lluvias intensas que pueden provocar deslizamientos e inundaciones, especialmente en asentamientos irregulares y zonas de riesgo como El Bordo. La declaratoria de emergencia reconoce esa vulnerabilidad, pero también evidencia la necesidad de recursos y de una coordinación efectiva. El conflicto por recursos se manifiesta en la disputa por fondos de emergencia y en la priorización de zonas de atención, donde las comunidades más pobres suelen ser las más expuestas.

La responsabilidad institucional está clara: el Cabildo aprobó la declaratoria, el alcalde encabeza la mesa y las dependencias municipales ejecutan las acciones. La funcionaria federal aporta un componente de prevención social, pero su presencia también puede interpretarse como un respaldo político a la gestión municipal. La ausencia de un plan detallado con plazos y montos para los censos y refugios deja interrogantes sobre la efectividad de la respuesta.

Qué sigue

El siguiente punto de decisión es la implementación de los censos en viviendas y la habilitación de refugios temporales, así como la conclusión de la limpieza de drenajes antes de que arrecien las lluvias. La Dirección Municipal de Protección Civil definirá la ruta de acción con base en la información disponible. El Cabildo deberá dar seguimiento a la ejecución y, en su caso, asignar recursos adicionales. La sociedad civil y los medios tienen la tarea de vigilar que la declaratoria se traduzca en protección efectiva para las familias en riesgo.