Agresión a Noemí Luna en San Lázaro abre pesquisa sobre accesos

La comparecencia del sector Salud en la Cámara de Diputados derivó en un episodio de forcejeo que la presidencia de la Mesa Directiva calificó como agresión contra la diputada panista Noemí Luna. Raúl Bolaños-Cacho Cué denunció el hecho y ordenó localizar a los responsables, desalojarlos del Palacio Legislativo de San Lázaro e investigar quién permitió el ingreso de personas ajenas al evento.

De acuerdo con la versión presentada por el legislador, a Luna Ayala le retiraron unas cartulinas con forcejeos durante la comparecencia, lo cual calificó con una agresión. El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que es su responsabilidad garantizar la seguridad de todas y todos dentro del Palacio Legislativo, y explicó que tras el episodio se comunicó con la diputada y pidió al director de Resguardo y Seguridad, Carlos Noriega, ubicar a los involucrados.

Bolaños-Cacho Cué aseguró que las personas fueron identificadas mediante los videos de seguridad y desalojadas del inmueble. Sin embargo, reconoció que todavía no se sabe qué diputado, comisión o grupo parlamentario gestionó su entrada. La investigación no apunta, por ahora, a un enfrentamiento entre legisladores, sino al mecanismo que permitió que terceros ajenos al evento accedieran al recinto y actuaran entre las bancadas.

El propio presidente de la Cámara recordó que durante las comparecencias suele ingresar personal de las dependencias cuyos titulares acuden a rendir cuentas ante los legisladores. Esa práctica, habitual en San Lázaro, convive con un control de accesos que ahora queda bajo escrutinio: si el personal de las dependencias entra con registro, la pregunta es quién avaló a quienes no pertenecían a esa categoría.

La lectura política

El episodio coloca a la Mesa Directiva ante una prueba de control institucional. Bolaños-Cacho Cué no solo denunció la agresión: fijó una responsabilidad propia al afirmar que le corresponde garantizar la seguridad al interior del Palacio. Al reconocer que aún no se sabe quién gestionó el ingreso, la presidencia de la Cámara admite un hueco en la cadena de autorización de accesos que puede afectar a cualquier grupo parlamentario.

Para el PAN, el caso permite a Luna y a su bancada presentarse como víctimas de un operativo de porristas ajenos al debate legislativo; la diputada ya sostuvo públicamente que no fue entre diputados y que las hojas las llevaban "ciudadanos" a quienes se permitió entrar. Para Morena y sus aliados, en cambio, el costo está en que la investigación pueda vincular a una diputación, comisión o grupo con esa autorización, sobre todo en un momento de alta tensión por el Presupuesto de Egresos 2027 y la convocatoria para la presidencia del INE.

El presidente de la Cámara consideró que los desencuentros entre grupos parlamentarios son parte de la dinámica legislativa, pero advirtió que no deben derivar en violencia, descalificaciones ni agresiones físicas. Al pedir a las bancadas evitar que los enfrentamientos se normalicen, Bolaños-Cacho Cué intenta separar la disputa política legítima de la operación de grupos externos dentro del recinto.

El episodio también ocurre en un contexto de debate intenso: el propio presidente anticipó una discusión prolongada del PEF 2027 y respaldó la propuesta de Ricardo Monreal de construir un acuerdo entre fuerzas políticas para definir la convocatoria del INE. La seguridad interna de San Lázaro se vuelve, así, parte de la negociación política más amplia.

Qué sigue

La investigación debe establecer qué diputado, comisión o grupo parlamentario gestionó el ingreso de las personas desalojadas. Ese dato es el que determinará si el caso se cierra como un fallo de control de accesos o escala como una disputa entre bancadas. También queda por verificar si la Mesa Directiva modifica el protocolo de ingreso para comparecencias y si la diputada Luna presenta una denuncia formal. Sin esos elementos, la lectura política del episodio queda incompleta: se sabe que hubo forcejeo y desalojo, pero no quién abrió la puerta.