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ASF detecta 9 mil millones sin aclarar y anuncia 40 denuncias penales
El auditor Aureliano Hernández presentó la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025 ante la Comisión de Vigilancia; afirmó que la ASF actuará contra cualquier irregularidad, sin importar el cargo o institución.
La Auditoría Superior de la Federación identificó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la Cuenta Pública 2025 y presentó 40 denuncias penales por corrupción en seis meses. Su titular, Aureliano Hernández, dijo que no importa quién haya cometido la irregularidad: la ASF actuará conforme a la ley. También investiga de oficio al INE.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso sobre la mesa un saldo incómodo para los tres órdenes de gobierno: más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la Cuenta Pública 2025. Al presentar la segunda entrega de informes individuales ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel anunció además la interposición de 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción en lo que va de su gestión, iniciada hace seis meses.
El monto observado no es un dato menor. Los 374 informes individuales abarcan 42 auditorías a municipios, 286 a entidades federativas y 46 a entes federales, y en conjunto arrojan más de 9 mil millones de pesos sin comprobar. El auditor subrayó que la fiscalización ya no se limita a revisar cuánto se gastó, sino a rastrear quién recibió los recursos, cómo se usaron y si hubo acuerdos para defraudar al Estado. "No importa quién haya cometido una irregularidad, qué cargo ocupe o a qué institución pertenezca: si existen elementos para investigar, la ASF actuará conforme a la ley", afirmó.
Entre los hallazgos federales destacan el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que suman 2 mil 327 millones de pesos observados. En el ámbito estatal, las auditorías detectaron más de mil 200 millones pendientes de aclarar, principalmente en educación y salud, aunque antes de concluir las revisiones las entidades reintegraron mil 132 millones de pesos; Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California encabezan las devoluciones, con el sector salud concentrando 553 millones.
El caso municipal es particularmente crítico. En 42 auditorías municipales se revisó el cien por ciento de los recursos federales otorgados, y más de 5 mil 200 millones de pesos quedaron sin acreditar su destino. Es decir, la totalidad de los recursos federales asignados a esos 42 municipios no pudo ser comprobada ante la ASF. El auditor propuso implementar una plataforma para que los entes que concluyen su mandato suban la información de cuentas públicas pendientes; en caso de negativa, advirtió, se aplicará "todo el rigor de la ley".
La lectura política
El anuncio de 40 denuncias penales en seis meses, de las cuales 21 ya fueron judicializadas según el propio auditor, busca proyectar una ASF que no se queda en observaciones. El mensaje tiene un destinatario claro: los gobiernos estatales y municipales, principales responsables de los montos no aclarados, y también el Instituto Nacional Electoral, objeto de una investigación de oficio. Hernández Palacios Cardel dijo que las nuevas facultades de fiscalización otorgadas por el Congreso "no se quedaron en el papel, ya las estamos ejerciendo".
Esa afirmación no es retórica: la ASF firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para intercambiar información sobre operaciones de riesgo y elaborar un padrón de personas políticamente expuestas, y otro con la Comisión Nacional Antimonopolio para detectar colusiones en contrataciones. Con ello, la Auditoría amplía su capacidad de investigación más allá de la revisión documental. Quien gana margen es la ASF, que se posiciona como un actor de control con herramientas técnicas y penales; quien pierde son los entes fiscalizados que no puedan comprobar el destino de los recursos, en particular municipios y gobiernos estatales.
La investigación de oficio sobre el INE añade un componente político sensible. No se detallaron los hechos, pero el solo anuncio coloca al árbitro electoral bajo escrutinio de la ASF en un contexto de alta tensión institucional. La evidencia disponible no permite sostener que exista una motivación política detrás de esa investigación; el expediente se limita a señalar que fue iniciada de oficio.
Qué sigue
El proceso de fiscalización no termina con la entrega de informes. Las entidades y municipios señalados tienen plazos para aclarar los montos observados o reintegrar los recursos; de no hacerlo, la ASF puede promover responsabilidades administrativas y penales. Las 40 denuncias ya presentadas seguirán su curso en la Fiscalía Especializada, y las 21 judicializadas marcan un precedente sobre la viabilidad de las acusaciones. La propuesta de plataforma para cuentas públicas de entes salientes deberá discutirse en la Comisión de Vigilancia, donde Morena y sus aliados tienen mayoría. El punto crítico será si el Congreso respalda con presupuesto y respaldo político la nueva etapa de fiscalización, o si el anuncio queda como una demostración de fuerza sin consecuencias sostenidas.