POLÍTICA · MEDIUM
ASF detecta triangulación de 700 mdp en gobierno de Samuel García
La Auditoría Superior de la Federación reveló que fondos del erario neoleonense fueron desviados a cuentas ligadas a funcionarios, incluyendo un despacho del propio gobernador.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una presunta triangulación financiera en el gobierno de Nuevo León por más de 700 millones de pesos. Los recursos públicos fueron canalizados a través de empresas constructoras y comercializadoras, terminando en cuentas vinculadas a funcionarios y al bufete jurídico fundado por el gobernador Samuel García. Este hallazgo en la Cuenta Pública de 2022 expone posibles irregularidades graves que podrían derivar en procesos penales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha colocado bajo un escrutinio severo la gestión financiera del gobierno estatal de Nuevo León, encabezado por el gobernador Samuel García. A través de su informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022, el auditor Aureliano Hernández Palacios reveló indicios de una compleja operación de triangulación financiera que suma más de 700 millones de pesos, una práctica que consiste en desviar recursos públicos a través de terceros para ocultar su destino final o beneficiar a intereses particulares.
El hallazgo no es menor, ya que la ruta del dinero trazada por los auditores federales conecta directamente con entidades privadas y, en un caso específico, con el despacho jurídico fundado por el propio mandatario estatal. La investigación de la ASF señala que una constructora recibió cinco mil millones de pesos del gobierno de Nuevo León para la ejecución de obras públicas. Sin embargo, de esa cifra, 385 millones de pesos fueron transferidos a un bufete de abogados que tiene vínculos con funcionarios del gobierno estatal, incluyendo al gobernador García. Este flujo de capital rompe con la lógica de la contratación pública transparente, sugiriendo que los fondos destinados a infraestructura o servicios estatales fueron redirigidos hacia intereses privados.
Pero la trama no se detiene ahí. La auditoría identificó un segundo canal de desvío a través de otra empresa comercializadora. Esta entidad desvió más de 200 millones de pesos adicionales hacia cuentas que, según la ASF, están ligadas a funcionarios públicos. La suma de ambas operaciones supera los 700 millones de pesos, una cantidad significativa que representa recursos que debieron haber sido invertidos en el bienestar de la población neoleonense o en el cumplimiento de obligaciones estatales, pero que terminaron en manos de particulares.
Estas revelaciones plantean interrogantes críticas sobre los mecanismos de control interno del gobierno de Nuevo León. La capacidad de una empresa privada para recibir miles de millones del erario y, a su vez, transferir cientos de millones a despachos jurídicos sin que el sistema de auditoría interna lo detectara a tiempo, sugiere fallas estructurales en la supervisión de los contratos públicos. Además, el hecho de que el bufete en cuestión tenga vínculos con el gobernador eleva la tensión política y legal, ya que se percibe un conflicto de interés potencial. ¿Fue un error administrativo o una estrategia deliberada para canalizar recursos? La ASF no emite juicios de valor, pero presenta los hechos contables que son la base para cualquier investigación posterior.
La reacción inmediata de la oposición y de la sociedad civil ha sido exigente. Se pide a la Fiscalía General de la República (FGR) que abra de inmediato un proceso penal por la posible comisión de delitos como uso indebido de recursos públicos, peculado o asociación delictiva. La presión social aumenta porque la percepción de impunidad en casos de corrupción ha sido uno de los temas más sensibles en la política mexicana reciente. Si bien el gobierno de Nuevo León ha defendido la legalidad de sus actos, la evidencia documental presentada por la ASF obliga a una explicación detallada y pública sobre la naturaleza de estos pagos y la justificación de los servicios prestados por los despachos involucrados.
El caso también resalta el papel crucial de la ASF como órgano de control externo. En un contexto donde la confianza en las instituciones locales puede estar erosionada, las auditorías federales actúan como un contrapeso necesario. Sin embargo, la detección es solo el primer paso. Lo que sigue es la capacidad del sistema de justicia para actuar con celeridad y rigor. Si los hechos se confirman, las consecuencias podrían incluir la responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios involucrados, así como la recuperación de los recursos desviados.
Para los ciudadanos de Nuevo León y para el país, este caso es un recordatorio de la importancia de la transparencia fiscal. La triangulación no es solo un tecnicismo contable; es una herramienta que puede socavar la democracia al permitir que el dinero público se convierta en beneficio privado. La comunidad internacional y los organismos anticorrupción observan con atención cómo se resuelve este caso, ya que establece un precedente sobre la voluntad política para perseguir la corrupción, incluso cuando involucra a altos funcionarios del gobierno estatal.
Lo que debemos observar a continuación es la respuesta formal del gobierno de Nuevo León ante las acusaciones de la ASF, así como las acciones que tome la Fiscalía Federal. ¿Se abrirá una carpeta de investigación? ¿Se solicitará la suspensión de los funcionarios implicados? La sociedad neoleonense merece respuestas claras y acciones concretas que restablezcan la confianza en el uso de sus impuestos. La triangulación detectada es una señal de alarma que no puede ser ignorada ni enterrada en burocracias administrativas.