POLÍTICA · MEDIUM
Batres busca blindar el gasto de cuidados en el presupuesto de la CDMX
La presidenta de la Comisión de Presupuesto propone un anexo transversal obligatorio para que los recursos del sistema de cuidados dejen de depender de interpretaciones. La reforma armonizaría la Ley de Austeridad con la Ley de Cuidados.
Valentina Batres, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la CDMX, propuso reformar la Ley de Austeridad para que el presupuesto de egresos incluya un anexo transversal obligatorio sobre el sistema de cuidados. Busca armonizar la ley de gasto con el artículo 78 de la Ley de Cuidados, que ya ordena identificar esos recursos.
La diputada local de Morena Valentina Batres propuso reformar la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México para que el proyecto de presupuesto de egresos de cada año incluya un anexo transversal obligatorio sobre el sistema de cuidados. El movimiento tiene significado público porque traslada una obligación que ya existe en la ley especial al documento que efectivamente reparte el dinero: el decreto presupuestal que el Congreso aprueba cada año.
La propuesta obliga a que el anexo identifique servicios, programas, acciones, unidades responsables del gasto, actividades institucionales y metas físicas y financieras, no sólo una bolsa global. Según el planteamiento de Batres, ese documento deberá señalar las unidades responsables del gasto, las actividades institucionales correspondientes y las metas físicas y financieras previstas. Es decir, no basta con etiquetar una partida: se pide trazabilidad entre lo que se promete en cuidados y lo que se ejerce.
La legisladora, que preside la Comisión de Presupuesto en el Congreso local, sostuvo que la iniciativa busca que la identificación del gasto no quede sujeta a interpretaciones, sino que forme parte obligatoria del decreto presupuestal. Ese es el punto institucional de mayor peso: hoy la Ley de Cuidados ya manda identificar presupuestariamente los recursos, pero la ley de austeridad no contempla ese anexo entre los elementos obligatorios del decreto. Batres lo describió como una necesidad de armonizar ambos ordenamientos para que el mandato de la legislación especial tenga correspondencia clara en las disposiciones que regulan el gasto.
El artículo 78 de la Ley de Cuidados, recordó la diputada, establece que los recursos destinados a la operación de los servicios públicos de cuidados deben observar criterios de progresividad, transversalidad, perspectiva de género y derechos humanos, y que las asignaciones deben reflejarse en un anexo transversal dentro del presupuesto de egresos. La reforma propuesta no crea la obligación de fondo: la conecta con el instrumento que la hace exigible.
La lectura política
Quien gana margen es el Congreso, y en particular su Comisión de Presupuesto, que podría usar el anexo como herramienta de control y negociación del gasto. Al volver obligatorio el desglose, el Legislativo tendría una base documental para preguntar por unidades responsables, metas e indicadores durante la discusión presupuestal, en lugar de discutir el sistema de cuidados como declaración de intenciones. La propia Batres planteó que las instituciones identifiquen desde la planeación presupuestaria los recursos vinculados con el sistema de cuidados y los relacionen con servicios, programas, metas e indicadores.
Quien pierde discrecionalidad es el Ejecutivo local y las áreas de gasto, que ya no podrían diluir los recursos de cuidados en partidas genéricas sin dejar rastro documental. La reforma no garantiza más dinero: garantiza que el dinero destinado a cuidados sea visible y rastreable. Esa diferencia es relevante porque el anexo no fija montos, sólo obliga a identificarlos.
El costo político de la propuesta es bajo para Morena y alto en términos de transparencia: no implica recorte ni nuevo impuesto, pero sí una obligación de reporte que puede incomodar a las áreas administrativas. La iniciativa se apoya en una ley ya vigente, lo que le da un argumento técnico difícil de controvertir en el pleno.
El límite de la evidencia es claro: no se conoce el texto completo de la iniciativa, su fecha de dictamen ni si cuenta con respaldo del resto de las bancadas o del gobierno de la ciudad. Sin esos elementos no puede sostenerse que la reforma vaya a aprobarse ni que el próximo presupuesto incluya el anexo.
Qué sigue
La iniciativa deberá pasar por el proceso legislativo en el Congreso de la Ciudad de México: dictamen en comisión, discusión en el pleno y, en su caso, publicación. El punto a observar es si la reforma se aprueba antes de la discusión del próximo presupuesto de egresos, porque de ello depende que el anexo transversal sea exigible en el decreto inmediato o quede para el siguiente ejercicio. También queda por verse si el Ejecutivo local acompaña la propuesta o si el anexo se convierte en un punto de fricción durante la negociación presupuestal.