CDMX detecta 634 jóvenes con problemas de salud mental y apura reforma constitucional

La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, compareció ante comisiones del Congreso local para informar que el programa Vida Plena, Corazón Contento, aplicado en escuelas secundarias y de educación media superior, detectó a 634 adolescentes que requieren atención prioritaria por estrés, ansiedad y depresión. De ese universo, 192 presentaron señales de riesgo suicida y fueron canalizados a los protocolos de atención correspondientes. El dato no es menor: convierte una política de tamizaje escolar en evidencia pública sobre la dimensión del problema y en argumento para una reforma institucional que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya envió al Congreso.

La comparecencia formó parte de la glosa del segundo Informe de Gobierno. Gasman detalló que los casos fueron identificados por especialistas mediante una guía elaborada por el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones, y que desde el inicio de la estrategia se han brindado más de 16 mil acompañamientos, además de involucrar a más de 114 familiares y responsables de crianza y a alrededor de 38 mil docentes. La detección de 192 jóvenes con señales de riesgo suicida convierte la salud mental escolar en un asunto de responsabilidad pública verificable, no en un discurso preventivo.

El anuncio operativo acompañó el reporte: la dependencia trabaja en un proyecto para habilitar 600 consultorios de atención médica con laboratorios clínicos y otros 600 espacios destinados a servicios de bienestar emocional, con la posibilidad de quedar listo durante el primer trimestre del próximo año. La secretaria condicionó la ampliación de infraestructura a un calendario acotado, lo que crea un parámetro para evaluar el cumplimiento de la política en 2027.

La lectura política

El movimiento relevante no es solo el diagnóstico, sino la intención legislativa. Gasman manifestó el interés de la dependencia en participar en el análisis de la propuesta de Brugada para expedir una ley de salud mental, bienestar emocional y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, y para reformar la Ley de Salud capitalina. A esa iniciativa se suma otra enviada por la jefa de Gobierno al Congreso local para modificar la Constitución Política de la Ciudad de México y reconocer la salud mental y la atención al consumo de sustancias psicoactivas como componentes fundamentales del derecho a la salud.

La reforma constitucional capitalina busca elevar la salud mental a componente del derecho a la salud, lo que obliga a los servicios sanitarios a incorporar promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. La exposición de motivos cita datos nacionales: 14.9% de las personas mayores de 20 años presentó síntomas depresivos moderados o severos, con mayor prevalencia entre mujeres (18.7%) que entre hombres (10.8%). Con información del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, el documento señala que en la Ciudad de México más de 60 mil mujeres y casi 30 mil hombres han solicitado atención en servicios públicos por condiciones de salud mental, principalmente depresión y ansiedad. La propuesta también plantea ampliar el reconocimiento de la habilitación y la rehabilitación integral como derechos de las personas con discapacidad, incluida la discapacidad psicosocial.

En clave de poder, Brugada gana margen si el Congreso, de mayoría oficialista, procesa ambas reformas sin diluirlas: la salud mental se vuelve un sello de su administración y un puente entre política social y derechos. Gasman gana centralidad al colocar a su dependencia como actor técnico indispensable en el diseño legislativo. El costo político aparece si el calendario de los 600 consultorios y los 600 espacios de bienestar emocional se incumple o si la detección de 192 casos de riesgo suicida no se traduce en capacidad de atención sostenida. La oposición en el Congreso local puede exigir presupuesto etiquetado y rendición de cuentas sobre los acompañamientos ya realizados.

Qué sigue

El Congreso capitalino deberá dictaminar la reforma constitucional y la ley de salud mental, y definir si la secretaría participa formalmente en el análisis o solo como invitada técnica. Falta conocer el presupuesto asignado a los 1,200 espacios anunciados, el mecanismo de contratación de personal clínico y la forma en que se dará seguimiento a los 634 adolescentes detectados, en particular a los 192 con señales de riesgo suicida. También queda por precisar cómo se articulará la ley local con la Ley de Salud capitalina vigente y con los servicios federales. Sin esos elementos, la reforma puede quedar como declaración de derechos sin garantía operativa.