Comisión avala terna para fiscal anticorrupción; el Pleno definirá

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la terna para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y la turnará al Pleno, donde los diputados votarán por uno de los tres aspirantes. El trámite parece menor, pero define quién investigará a los servidores públicos acusados de desviar recursos o cobrar sobornos en San Luis Potosí durante los próximos años.

La terna la integran Benjamín Pérez Álvarez, secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, y los abogados Jesús Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño, ambos con trayectoria en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la dependencia que concentra la obra pública estatal. El perfil de los tres importa porque la Fiscalía Anticorrupción es el área de la Fiscalía General del Estado que lleva ante un juez los casos de desvío de recursos, sobornos y abuso de funciones.

El proceso arrastra una vacante que el Congreso declaró mediante el Decreto 507, publicado el 9 de abril, luego de que Felipe Aurelio Torres Zúñiga renunciara el 31 de marzo con efectos inmediatos. Torres Zúñiga había sido electo en mayo de 2021 para un periodo de siete años, de modo que quien lo sustituya ocupará el cargo hasta el 5 de mayo de 2028, es decir, durante los primeros meses del gobierno estatal que seguirá al de Ricardo Gallardo Cardona, cuyo mandato termina en septiembre de 2027.

La lectura política

El hecho confirma que el gobernador mantiene la iniciativa sobre el nombramiento: la terna salió de su despacho y la comisión la avaló sin un solo voto en contra. Eso no es una anomalía, pero sí un dato relevante cuando el propio Ejecutivo anunció una ofensiva contra alcaldes señalados por usar dinero público en vehículos de lujo, ranchos y ganado. El 13 de abril, Gallardo afirmó: "Todos los alcaldes que han actuado como 'ratas', socialmente hablando, van a ser señalados".

La paradoja es que los tres perfiles provienen de estructuras municipales y estatales que forman parte del entramado de obra pública y gobierno local. Pérez Álvarez fue director general de la Comisión Estatal del Agua de 2022 a marzo de 2024 y director de Infraestructura de Soledad de 2019 a 2022; Meza Galeana es titular de la Unidad de Transparencia de la Seduvop desde septiembre de 2021 y trabajó de 2017 a 2021 en la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Soledad; Ortiz Patiño fue subdirector de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Seduvop de junio de 2022 a septiembre de 2024. Ninguno de los tres aparece en la evidencia con un vínculo partidista explícito, pero tampoco con una trayectoria independiente del aparato de gobierno que la Fiscalía debería vigilar.

Ese contraste choca con lo que pidieron los propios diputados cuando se declaró la vacante. El diputado Carlos Arreola Mallol dijo entonces que el nuevo fiscal debía tener "un perfil técnico" y "necesariamente también sin responsabilidad y sin vínculos partidistas", y agregó que la Fiscalía Anticorrupción "tiene que ser incómoda al poder". La aprobación unánime en comisión sugiere que esa exigencia no se tradujo en un filtro efectivo, o que los diputados consideran que los perfiles cumplen con el requisito. La evidencia no permite saber cuál de las dos cosas ocurrió.

Quien gane margen de maniobra es el Ejecutivo estatal, que colocó a tres personas de su confianza institucional en la antesala del cargo; quien pierde, al menos en apariencia, es la expectativa de un fiscal autónomo frente al poder que lo nombra. El Congreso, en cambio, conserva la decisión final y la responsabilidad política de votar por uno de los tres.

Qué sigue

El Pleno del Congreso deberá votar por uno de los tres aspirantes. No hay en la evidencia una fecha cierta para esa votación ni el número de votos que requiere cada candidato, elementos que faltan para medir el grado de control del Ejecutivo sobre el resultado. Lo que debe observarse después es si el fiscal electo abre investigaciones contra funcionarios y alcaldes del propio gobierno que lo propuso, y si el Congreso asume o diluye la exigencia de un perfil sin vínculos que planteó Arreola Mallol.

El nuevo titular llegará con un mandato corto y a caballo entre dos administraciones: hasta mayo de 2028, ya con otro gobernador. Esa condición puede darle margen para investigar sin costo político inmediato, o puede convertir su gestión en un periodo de transición sin capacidad real de incidir. La respuesta dependerá de quién sea electo y de cómo se comporte el Pleno en la votación.