Congreso de Morelos evalúa destituir a cuatro alcaldes por desacato judicial

El Congreso del Estado de Morelos tiene sobre la mesa expedientes remitidos por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que podrían derivar en la destitución e inhabilitación de los alcaldes de Xoxocotla, Tlaquiltenango, Zacatepec y Jonacatepec. Los presidentes municipales involucrados son José Carlos Jiménez Ponciano, Enrique Alonso Plascencia, José Luis Maya Torres e Israel Andrade Zavala. Ninguno de los cuatro ha sido separado del cargo: lo que existe es un procedimiento en revisión, no una sanción consumada.

El origen de los casos no es un conflicto político entre poderes, sino el incumplimiento de sentencias firmes, principalmente obligaciones laborales, laudos, pensiones y pagos ordenados judicialmente. El TJA puede acreditar el desacato y remitir el asunto al Poder Legislativo, pero no tiene facultad para separar del cargo a autoridades electas. Esa decisión corresponde al Congreso, y por eso el trámite se vuelve un examen político además de jurídico.

Los expedientes no son nuevos. Desde junio de 2026 el Congreso había reconocido la recepción de notificaciones del TJA y el inicio del análisis jurídico. Xoxocotla acumula al menos dos expedientes contra Jiménez Ponciano, uno de ellos extendido a integrantes del Cabildo por una resolución laboral. Tlaquiltenango suma tres procedimientos activos contra Alonso Plascencia, entre ellos el expediente TJA/5ªSERA/JRAEM-135/2022, en el que el Tribunal consideró no acreditado el cumplimiento. Zacatepec y Jonacatepec aparecen por incumplimientos vinculados con pensiones y obligaciones laborales; Andrade Zavala registra además un antecedente de inhabilitación por un año en una administración anterior por faltas de naturaleza similar, según información atribuida al TJA, lo que no implica automáticamente una sanción agravada en el procedimiento actual.

El presidente del Tribunal, Guillermo Arroyo Cruz, ha señalado que algunos municipios mantienen incumplimientos reiterados pese a los requerimientos judiciales. Esa valoración corresponde al TJA y deberá contrastarse con la documentación y los argumentos que presenten las autoridades municipales. El caso de Tepalcingo y Tlaltizapán, que atendieron obligaciones pendientes antes de que sus procedimientos avanzaran, muestra que la destitución no es automática mientras existan vías para acreditar el cumplimiento.

La lectura política

El Congreso queda como árbitro final de un conflicto que ya no es solo administrativo: decidir sobre alcaldes en funciones implica costos políticos para los grupos parlamentarios. El diputado Daniel Martínez Terrazas, del PAN, dijo que los grupos analizarán la documentación antes de fijar postura: "Tenemos que evaluar lo que se presentó directamente en la documentación, para poder tomar una determinación". Su bancada solicitará el lunes al presidente de la Mesa Directiva la información de los cuatro casos, lo que no significa que ese día se vote o se resuelva la destitución.

Quien gana margen es el TJA, que traslada al Legislativo la carga de una decisión impopular; quien lo pierde son los alcaldes, que enfrentan un expediente abierto sin control sobre los tiempos. Para los presidentes municipales, la vía más viable no es política sino jurídica: acreditar el cumplimiento de las resoluciones. Para el Congreso, el riesgo es que el trámite se perciba como selectivo o como moneda de cambio entre fuerzas. El marco jurídico estatal reconoce la intervención del Poder Legislativo en asuntos de autoridades municipales, pero cada expediente debe resolverse según sus circunstancias y las sentencias que le dieron origen.

Qué sigue

El PAN pedirá los expedientes el lunes; el análisis puede pasar por distintas instancias internas antes de llegar al Pleno, donde deberá adoptarse la determinación conforme al procedimiento legislativo. Hasta ahora no existe un plazo público definido para que el Congreso resuelva los cuatro casos, y esa ausencia de calendario es en sí un dato político. Lo que debe ocurrir después es verificable: que los expedientes se turnen formalmente, que las autoridades municipales presenten pruebas de cumplimiento y que el Congreso explique con qué criterio resuelve cada caso. Si esas piezas no aparecen, la opacidad será el principal costo institucional del proceso.