Congreso de SLP aprueba acompañamiento por muerte gestacional

El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, con el objetivo de incorporar expresamente el derecho al acompañamiento integral ante la muerte gestacional y neonatal. La iniciativa fue impulsada por la diputada Sara Rocha Medina y, según la exposición de motivos, busca fortalecer la igualdad sustantiva y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El hecho tiene relevancia pública porque traslada al terreno legislativo un problema que la propia exposición de motivos califica como de salud pública: la muerte gestacional, perinatal y neonatal afecta profundamente a las familias e impacta a los sistemas de salud. La reforma convierte el acompañamiento ante esas pérdidas en un derecho reconocido en la ley estatal, no sólo en una práctica deseable.

Del principio a la obligación

El dictamen se apoya en la idea de que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es uno de los principios rectores del orden jurídico nacional y estatal. A partir de ahí, el Estado queda obligado a adoptar medidas legislativas, administrativas e institucionales para atender circunstancias que afectan de manera diferenciada a las mujeres, particularmente en salud, bienestar emocional y acceso a servicios públicos con enfoque de derechos humanos.

El alcance real de la reforma dependerá de cómo se traduzca el derecho al acompañamiento en protocolos, personal capacitado y presupuesto. La evidencia disponible no detalla plazos, sanciones ni mecanismos de exigibilidad, por lo que aún no puede sostenerse que el cambio opere de forma automática en hospitales y clínicas.

La exposición de motivos también vincula la prevención de estos fallecimientos con el control prenatal temprano y adecuado, la detección oportuna de complicaciones durante el embarazo, el seguimiento del bienestar fetal y la atención de calidad durante el parto. Ese enfoque sugiere que la reforma no se limita al momento de la pérdida, sino que se conecta con la calidad de la atención materna.

La lectura política

Sara Rocha Medina coloca un tema de agenda social y de derechos reproductivos en el centro del debate legislativo, con un costo político bajo y un rédito simbólico alto. La iniciativa no enfrenta, en la evidencia disponible, una oposición organizada; su aprobación en el Pleno permite a la legisladora presentarse con una agenda de protección a las mujeres.

El Congreso, por su parte, gana margen para mostrar una producción legislativa con enfoque de derechos humanos, aunque el beneficio depende de que la reforma no quede sólo en el enunciado. Quien pierde margen de maniobra es el Ejecutivo estatal y el sistema de salud, que quedan ante la expectativa de instrumentar el acompañamiento sin que la evidencia permita saber si contarán con recursos etiquetados.

Institucionalmente, el cambio es acotado pero significativo: la ley de igualdad incorpora un derecho específico, lo que puede servir de base para exigir protocolos en el sector salud. No obstante, falta conocer el texto final del Decreto, su publicación en el Periódico Oficial y las disposiciones transitorias para medir su verdadero alcance.

Qué sigue

El siguiente paso es la publicación del Decreto y la definición de las autoridades responsables de garantizar el acompañamiento integral. También queda por verse si el Congreso etiqueta recursos en el Presupuesto de Egresos y si la Secretaría de Salud estatal emite lineamientos para hospitales públicos y privados.

Sin esos elementos, la reforma es una señal política clara, pero su efecto práctico para las familias que enfrentan una muerte gestacional o neonatal aún está por verificarse.