POLÍTICA · MEDIUM
Congreso de SLP elige fiscal anticorrupción con 18 votos y margen acotado
Benjamín Pérez Álvarez ocupará la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del 4 de noviembre de 2026 al 5 de mayo de 2028, un periodo de apenas 18 meses para concluir el ciclo iniciado en 2021.
El Congreso de San Luis Potosí eligió a Benjamín Pérez Álvarez como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción con 18 votos y tres nulos, tras la renuncia de Felipe Aurelio Torres Zúñiga. Fue propuesto en terna por el gobernador Ricardo Gallardo. El cargo vence en mayo de 2028, no en 2026: el nombramiento cubre solo el tramo final del periodo original.
El Congreso del Estado eligió a Benjamín Pérez Álvarez como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción para el periodo del 4 de noviembre de 2026 al 5 de mayo de 2028. La votación fue de 18 sufragios a favor y tres nulos; los otros dos integrantes de la terna propuesta por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Jesús Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño, no obtuvieron respaldo. El nuevo fiscal rindió protesta en Sesión Solemne.
El dato central no es solo el nombre, sino la duración. El nombramiento cubre únicamente el tramo final del periodo original, que vence el 5 de mayo de 2028, y no abre un ciclo completo de tres años. La designación se produce después de la renuncia de Felipe Aurelio Torres Zúñiga y sirve para concluir el periodo iniciado el 6 de mayo de 2021. Es decir, el Congreso resolvió una vacante con un horizonte corto: poco más de 18 meses de gestión efectiva.
Esa condición temporal tiene consecuencias institucionales. Un fiscal anticorrupción con mandato de 18 meses enfrenta incentivos distintos a los de un titular con periodo completo: su margen para construir una estructura propia, abrir carpetas de alto perfil o sostener investigaciones que incomoden a actores con peso político es estructuralmente menor. No se trata de una valoración sobre la persona designada, sino del diseño del cargo en estas condiciones. La Fiscalía Especializada depende de la autonomía que le permita su marco legal y de la relación con el Ejecutivo estatal, que propuso la terna, y con el Congreso, que la aprobó.
El respaldo de 18 votos en el Pleno sugiere una mayoría conformada en torno a la propuesta del gobernador. La terna la envió Ricardo Gallardo Cardona y el Congreso la resolvió sin dispersión relevante: los otros dos aspirantes quedaron en cero, lo que concentra la decisión en un solo perfil. Esa concentración no es irregular, pero sí es un dato político: el Ejecutivo conserva la iniciativa del nombramiento y la Legislatura la ratifica con amplitud.
La lectura política
El mapa de ganadores y perdedores es acotado pero claro. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona gana margen de influencia sobre la Fiscalía anticorrupción al colocar a su propuesta con una votación holgada, mientras el Congreso conserva la facultad de ratificar y, con ella, la de condicionar futuros nombramientos. El perdedor inmediato es la posibilidad de un proceso más competitivo: dos integrantes de la terna sin un solo voto no configuran una disputa real.
El costo institucional está en la interinidad. La renuncia de Torres Zúñiga obligó a resolver una vacante y el resultado es un fiscal de cierre de periodo, no un titular de ciclo completo. Eso debilita la continuidad de las investigaciones en curso y dificulta exigir resultados de mediano plazo a una gestión que nace con fecha de salida cercana. La pregunta pública pertinente no es solo quién fue elegido, sino qué pasa con las carpetas que la Fiscalía tenga abiertas y si el nuevo titular las sostendrá.
La misma sesión aprobó por unanimidad reformas en materia de migrantes, discapacidad, adultos mayores, autismo y una sanción penal para servidores públicos que difundan imágenes de cadáveres sin autorización legal. Ese paquete legislativo muestra un Congreso activo en agenda social, pero no sustituye la discusión sobre la autonomía y la capacidad real de la Fiscalía anticorrupción.
Qué sigue
El nuevo fiscal asume el 4 de noviembre de 2026 y su periodo vence el 5 de mayo de 2028. En ese lapso deberá definir prioridades de investigación, integrar o ratificar equipos y rendir cuentas ante el Congreso. El Legislativo tiene la facultad de solicitar información y documentación a dependencias y organismos, y esa herramienta será la vía para evaluar el desempeño de la Fiscalía.
Queda pendiente saber si el Congreso fijará criterios públicos de evaluación para el cierre del periodo y si el Ejecutivo volverá a proponer una terna para el siguiente ciclo completo. Sin esos elementos, la designación resuelve una vacante administrativa, pero no garantiza una política anticorrupción sostenida. La evidencia disponible no permite afirmar cuál será el comportamiento del nuevo titular frente a casos específicos; para sostener una lectura en ese sentido faltaría conocer su plan de trabajo y las condiciones de autonomía presupuestal de la Fiscalía.