Delgado lleva al Congreso la regla del celular: SEP busca convertir acuerdo en política duradera

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, compareció ante la comisión de educación de la Cámara de Diputados para informar sobre la regulación del uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas, además de otros programas del sector. La cita no era un trámite menor: traslada al terreno legislativo una decisión que hasta ahora se ha construido como acuerdo entre autoridades educativas y que ahora queda expuesta a preguntas, réplicas y posibles exigencias de los diputados.

Delgado sostuvo que México ya se sumó a los más de 100 países que han establecido reglas sobre el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas, y presentó la medida como respuesta a una preocupación central de la administración. Según su exposición, la regulación se apoya en una consulta a más de 650 mil maestros sobre el impacto de los dispositivos en la atención estudiantil.

El funcionario detalló que, de esa consulta, el 80% de los maestros reconoció en sus estudiantes dificultades para mantener la atención, recordar información y regular sus emociones, además de cansancio y somnolencia. Añadió que el 81% de las maestras y maestros pidió actuar y acordar reglas con todos los secretarios de educación del país, lo que derivó en el acuerdo para restringir el uso de celulares en clase y en los recesos en primaria y secundaria.

Delgado también presentó datos sobre los contenidos a los que, según la consulta, llegan los estudiantes por el desplazamiento involuntario en plataformas: 31.5% a retos virales, 27% a contenidos violentos o sexuales y 24% a expectativas poco realistas o inalcanzables. Con ese sustento, el secretario ubicó la regulación como una medida de prevención de adicciones y trastornos en menores de edad, y sostuvo que las plataformas deben asumir responsabilidad sobre contenidos que promueven violencia, acoso escolar o abuso sexual.

En el mismo comparecencia, el titular de la SEP afirmó que el Ejecutivo federal publicó un decreto para obligar a las empresas a detectar y remover esos contenidos y avisar a las autoridades. También aseguró que no hay marcha atrás en la remoción de comida chatarra en escuelas y que seguirán los litigios contra corporaciones para evitar su regreso. Mencionó la entrega de Becas para el Bienestar a 22 millones de estudiantes, la atención de más de 73 mil centros educativos por La Escuela es Nuestra y la llegada de más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos para el ciclo 2026-2027.

La lectura política

La comparecencia cambia el estatus de la medida. Al llevarla al Congreso, el Ejecutivo la somete a escrutinio legislativo y la expone a que los diputados pidan cuentas sobre su instrumentación, sus bases legales y su aplicación uniforme en un sistema educativo federalizado. Hasta ahora, el acuerdo entre autoridades educativas estatales y la SEP ha funcionado como mecanismo de coordinación; el paso por la comisión puede fortalecerlo si los legisladores lo respaldan, o abrir flancos si cuestionan la evidencia, los recursos o la capacidad de supervisión.

El actor que gana margen es la SEP, que puede presentar la regulación como una política con respaldo docente y comparación internacional. El dato de 81% de maestros que piden acuerdos nacionales le permite argumentar legitimidad gremial, aunque la consulta no equivale a una evaluación de impacto ni sustituye un marco normativo. Quienes pierden margen son las plataformas y, en su caso, las escuelas que deberán aplicar la restricción con criterios dispares: la propia comparecencia traslada a las empresas la carga de la remoción de contenidos, sin que la evidencia detalle cómo se verifica el cumplimiento.

El punto institucional pendiente es la forma jurídica de la regla. La evidencia disponible no permite afirmar que exista una ley o reglamento específico que obligue a todas las escuelas del país, por lo que la comparecencia deja abierta la pregunta sobre si el acuerdo se convertirá en norma general o seguirá dependiendo de la voluntad de las autoridades estatales. Esa es la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado.

Qué sigue

La comisión de educación tiene ante sí la posibilidad de citar a comparecer a otras autoridades, pedir la documentación de la consulta y solicitar un informe sobre cómo se aplicará la restricción en primaria y secundaria. También queda por verse si los diputados impulsan un instrumento normativo que dé certeza a la medida o si se limitan a respaldarla políticamente.

En el terreno operativo, el reto es la aplicación homogénea: la SEP deberá explicar cómo se supervisará el acuerdo en las escuelas, qué pasa cuando no se cumple y cómo se articula con las autoridades estatales. En el terreno de plataformas, la pregunta es cómo se verificará la remoción de contenidos y qué sanciones existen si no ocurre. La comparecencia dejó planteada la dirección, pero no cerró ninguno de esos cabos.