Detención de Jáuregui abre crisis política para Maru Campos y el PAN

La detención de César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, por presunta traición a la patria ha abierto una crisis política para la gobernadora Maru Campos que trasciende el terreno judicial. El arresto de quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos erosiona el papel de Campos como figura capaz de unificar a la oposición frente al Gobierno de Claudia Sheinbaum, una posición que había construido en apenas seis meses y que ahora aparece cuestionada dentro del propio Partido Acción Nacional.

El caso se remonta al 18 de abril, cuando un operativo en Chihuahua con participación de agentes extranjeros derivó en una controversia sobre la presencia de personal de inteligencia estadounidense en territorio mexicano. La gravedad aumentó después de que dos agentes de la CIA y un funcionario estatal murieran en un accidente automovilístico. El Gobierno federal y Morena utilizaron el episodio para cuestionar lo que consideran injerencia extranjera alentada por sectores opositores; el PAN denunció una ofensiva política contra la mandataria.

En ese contexto, Campos logró reunir apoyos que trascendieron las divisiones internas de la oposición. Dirigentes como Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Felipe Calderón y Vicente Fox coincidieron en actos de respaldo, aparecieron camisetas con la consigna «Todos somos Maru» en el Congreso y algunos panistas comenzaron a mencionarla como posible aspirante presidencial para 2030. El periodista Ernesto Núñez, colaborador de El País, lo resumió en entrevista con MVS Noticias: «Maru Campos logró algo que no había logrado ningún político en los últimos ocho años de la 4T».

El giro del caso Jáuregui

La crisis se intensificó cuando autoridades estatales detuvieron al exfiscal. Según relató Núñez, después de que un juez local abriera la posibilidad de que continuara su proceso en libertad, la Fiscalía General de la República intervino con una acusación federal por traición a la patria. Jáuregui fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde permanece en prisión preventiva.

La sucesión de acontecimientos provocó desconcierto entre dirigentes panistas, que interpretaron la actuación de las autoridades de Chihuahua como una posible ruptura entre Campos y su antiguo fiscal. Comenzaron a circular versiones sobre un supuesto acuerdo entre la gobernadora y Sheinbaum. Núñez señaló, sin embargo, que una entrevista de Campos con Carlos Loret de Mola apunta a una relación mucho más conflictiva: según ese relato, en un encuentro en el aeropuerto de Ciudad Juárez la presidenta habría advertido que, si la mandataria no procedía contra su fiscal, el Gobierno federal lo haría. Esa versión corresponde a una conversación privada reconstruida periodísticamente y no constituye confirmación independiente de las palabras atribuidas a la presidenta.

Uno de los elementos centrales del caso es Guillermo Arturo Zuany Portillo, antiguo fiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, cuyo paradero se desconoce. Núñez señaló que mantenía vínculos operativos con los agentes estadounidenses que ingresaban a la entidad y que dejó su cargo a principios de mayo. También es relevante Pedro Oseguera, quien asumió la dirección de la Agencia Estatal de Investigación y falleció en el accidente junto con los dos agentes estadounidenses. La ausencia de ambos funcionarios complica el esclarecimiento de responsabilidades y mantiene abierta la pregunta sobre quién autorizó las operaciones. Campos ha sostenido que desconocía la participación de agentes extranjeros.

La lectura política

El costo principal para Campos es de margen político, no solo judicial: la figura que había conseguido articular a distintos sectores opositores empieza a perder respaldo dentro del PAN. Núñez citó la expresión de un panista —«Nos tiraron a la Juana de Arco del caballo»— para describir el deterioro de su imagen. El escenario de que la gobernadora solicitara licencia para encabezar una lista de candidaturas a diputados federales en 2027, que se había planteado como posibilidad, comienza a perder fuerza.

Quien gana margen es el Gobierno federal: la acusación por traición a la patria coloca la discusión en el terreno de la soberanía y la injerencia extranjera, un marco que Morena ha explotado políticamente. Quien pierde es el PAN, que enfrenta la dificultad de encontrar liderazgos capaces de reunir a los distintos sectores opositores en un momento clave del ciclo electoral. Institucionalmente, el caso traslada el pulso de Chihuahua a la Fiscalía General de la República y a los tribunales federales, mientras la fiscalía estatal queda bajo sospecha de haber facilitado o tolerado operaciones con agentes extranjeros.

Qué sigue

El proceso penal contra Jáuregui en el fuero federal definirá si la acusación por traición a la patria se sostiene y qué responsabilidades alcanza. La localización de Zuany Portillo y el esclarecimiento de quién autorizó los operativos son piezas pendientes que podrían afectar tanto a la gobernadora como a funcionarios estatales. En el plano político, el PAN deberá decidir si mantiene su respaldo a Campos o si busca un relevo como referente opositor rumbo a 2027. Para sostener una lectura más firme sobre la eventual responsabilidad de la gobernadora falta la confirmación judicial de los hechos y la documentación sobre la cadena de mando de los operativos.