POLÍTICA · MEDIUM
Edomex castiga la violencia ácida con hasta 36 años de prisión
El Congreso mexiquense reformó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para agravar las agresiones con sustancias químicas y garantizar atención médica gratuita a las víctimas.
El Pleno del Congreso del Estado de México aprobó reformas que fijan penas de hasta 36 años de prisión por agresiones con ácidos y sustancias corrosivas contra mujeres, niñas y adolescentes. La norma incorpora la violencia ácida como agravante, obliga a la atención médica gratuita y a medidas de reparación integral. El reto será su aplicación efectiva en el sistema de justicia estatal.
El Pleno del Congreso del Estado de México aprobó un paquete de reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal estatal que fija penas de hasta 36 años de prisión para quienes agredan con sustancias químicas a mujeres, niñas y adolescentes. La decisión, tomada en la capital mexiquense, convierte a la entidad en una de las que endurecen de forma explícita el castigo contra la llamada violencia ácida y abre la puerta a un esquema de protección integral para las víctimas.
La reforma incorpora como agravante cualquier agresión cometida con ácidos, sustancias corrosivas, componentes tóxicos o materiales inflamables. Con ese cambio, el sistema de justicia mexiquense contará con una herramienta legal específica para sancionar conductas que hasta ahora podían diluirse en tipos penales genéricos. El objetivo declarado por el Legislativo es reconocer la gravedad de esos actos y aplicar sanciones proporcionales al daño ocasionado.
El alcance no se limita a la pena de cárcel. La norma obliga a las autoridades mexiquenses a garantizar atención médica gratuita y medidas de reparación integral para quienes resulten afectadas. Ese componente busca que las víctimas accedan a tratamientos físicos y mentales sin cargar con un costo económico adicional durante el proceso de recuperación, un punto que en este tipo de agresiones suele ser determinante para la reconstrucción de la vida de la víctima.
Durante la discusión en el Pleno, la diputada Nelly Rivera precisó que la intención de las modificaciones es construir un entorno de justicia en el que el acompañamiento se mantenga desde el momento de la agresión y hasta la recuperación total de la víctima. La legisladora resumió así la finalidad del paquete legislativo al presentarlo ante las y los diputados.
La lectura política
El Congreso mexiquense gana margen como actor de política de género: la reforma le permite reclamar autoría institucional en un tema de alta visibilidad y baja resistencia política, y coloca al Edomex en la ruta de entidades que han tipificado con dureza la violencia ácida. El costo, sin embargo, se traslada al Poder Judicial y a las fiscalías estatales, que deberán acreditar la agravante, sostener la atención médica gratuita y ejecutar la reparación integral con recursos y protocolos que la evidencia disponible no detalla.
El beneficio político es claro para el Legislativo; el riesgo operativo recae en las instituciones de justicia y salud. La aprobación no resuelve por sí sola el problema de la violencia de género, pero sí modifica el marco institucional: crea una agravante específica, obliga a una prestación médica y abre la puerta a castigos más severos. Quienes pierden margen son los agresores, pero también, en términos de exposición pública, las autoridades que no logren aplicar la norma con la celeridad que el caso exige.
La reforma también tiene una lectura de competencia política. Al asumir el tema, el Congreso mexiquense se posiciona frente a un electorado sensible a la violencia de género y a un debate nacional sobre la eficacia de las leyes penales. La aprobación permite a las y los diputados mostrar resultados legislativos concretos, aunque la distancia entre la norma y su aplicación efectiva seguirá siendo el punto de escrutinio público.
Qué sigue
El siguiente paso es la publicación de las reformas en el Periódico Oficial del Estado de México y su entrada en vigor, un trámite que la evidencia disponible no permite fechar. Después, el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia mexiquense deberán emitir criterios de clasificación de la agravante y protocolos de atención médica gratuita para las víctimas.
El punto crítico será la capacidad institucional para cumplir la obligación de atención médica gratuita y reparación integral, no sólo la severidad de la pena. Sin presupuesto etiquetado, protocolos claros y personal capacitado, la reforma podría quedarse en el plano declarativo. La evidencia disponible no permite confirmar si el paquete incluye partidas presupuestales o plazos de implementación, un elemento que falta para sostener una lectura más completa sobre su viabilidad.
También queda por verificar cómo se coordinarán el Congreso, el Ejecutivo estatal y las fiscalías para reportar resultados. La aprobación es un hecho; la eficacia de la política pública contra la violencia ácida dependerá de lo que ocurra en los juzgados y en los hospitales, no sólo en el Pleno.