Galindo cuestiona al nuevo fiscal anticorrupción y la votación en el Congreso

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, cuestionó abiertamente la designación de Benjamín Pérez Álvarez como titular de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, al poner en duda su capacidad y experiencia jurídica, así como la transparencia del proceso de votación en el Congreso del Estado. La postura del presidente municipal introduce un conflicto público entre dos niveles de gobierno y coloca bajo escrutinio la independencia de un organismo clave para la rendición de cuentas en la entidad.

Galindo Ceballos sostuvo que el cargo exige una trayectoria sólida en el ámbito jurídico y una imparcialidad no sujeta a cuestionamientos, condiciones que, consideró, Pérez Álvarez no reúne debido a su paso por administraciones públicas y su cercanía con un grupo político. Esa objeción, expresada en términos de idoneidad y no de ilegalidad, apunta a un debate sobre los filtros políticos que rodean la designación de un fiscal anticorrupción, una figura que en teoría debe investigar a funcionarios de todos los niveles.

El alcalde reconoció que el nombramiento no representa necesariamente una ilegalidad si el nuevo fiscal cumple con los requisitos establecidos, pero insistió en que contar con las condiciones administrativas para ocupar el puesto no equivale a tener la experiencia suficiente para desempeñarlo. Esa distinción entre legalidad y capacidad efectiva es relevante porque traslada la discusión al terreno de la confianza pública y no al de la norma escrita.

El presidente municipal también calificó la designación como conveniente para el próximo proceso electoral de 2027, pero incómoda para otros sectores. La afirmación sugiere que, desde su perspectiva, el nombramiento responde a una lógica de acomodo político con miras a la contienda, sin que la evidencia disponible permita confirmar tal intención. Se trata de una interpretación del actor, no de un hecho documentado.

En paralelo, Galindo Ceballos cuestionó las condiciones en que se desarrolló la votación en el Congreso del Estado, particularmente por la ausencia de seis legisladores, las versiones sobre un posible cambio en el horario de la sesión y la diferencia entre el conteo de las boletas y el resultado anunciado por la Directiva legislativa. Estos señalamientos colocan el foco en la opacidad del procedimiento parlamentario, más allá del perfil del funcionario electo. Sin embargo, la evidencia disponible no permite verificar si esas irregularidades existieron ni su magnitud; se trata de cuestionamientos públicos que requerirían documentación adicional para sostenerse.

La lectura política

El pronunciamiento de Galindo Ceballos tiene un doble efecto. Por un lado, erosiona la legitimidad inicial de Pérez Álvarez al frente de una fiscalía que debe perseguir la corrupción, pues instala la duda sobre su independencia antes de que asuma funciones. Por otro, posiciona al alcalde como un actor crítico del proceso, lo que puede fortalecerlo ante sectores que desconfían del Congreso, pero también exponerlo a señalamientos por intromisión en decisiones que no le corresponden.

El Congreso del Estado es quien queda en la posición más delicada. Las dudas sobre el conteo de boletas y la ausencia de legisladores, de ser ciertas, afectarían la validez política del nombramiento, aunque no necesariamente su legalidad. La presidenta de la Directiva legislativa no ha sido citada en la evidencia disponible para responder a los cuestionamientos, por lo que su postura queda como un elemento faltante para completar la lectura.

El grupo político al que Galindo vincula a Pérez Álvarez no se especifica en la evidencia. Tampoco se detalla qué administraciones públicas integran su trayectoria. Esos vacíos impiden evaluar la solidez de la objeción y obligan a tratar el señalamiento como una declaración del alcalde, no como un hecho comprobado.

La Fiscalía Especializada en Anticorrupción gana o pierde margen de maniobra según la percepción pública. Si la crítica del alcalde escala, el nuevo titular podría enfrentar un escrutinio constante que limite su capacidad de actuar sin sospechas. Si, por el contrario, el respaldo del Congreso se mantiene firme, el cuestionamiento podría diluirse como un episodio secundario.

Qué sigue

El primer paso es que Benjamín Pérez Álvarez asuma formalmente el cargo y haga públicas sus primeras decisiones, particularmente si abre o no investigaciones contra funcionarios de administraciones anteriores. Esa acción será la prueba más clara de su independencia.

El Congreso del Estado tiene la oportunidad de aclarar las condiciones de la votación, ya sea mediante la publicación del acta completa o de una explicación sobre el conteo de boletas. Si no lo hace, la sombra de opacidad persistirá y podría convertirse en un tema de la agenda legislativa.

El alcalde Galindo Ceballos podría llevar su crítica a instancias formales, como un exhorto o una solicitud de revisión del proceso. Hasta ahora su postura es declarativa, pero puede escalar si encuentra eco en otros actores políticos.

Finalmente, el proceso electoral de 2027 marca el horizonte. Si la designación fue vista como un movimiento anticipado, los partidos opositores podrían convertirla en un punto de campaña. La evidencia disponible no permite confirmar esa intención, pero el contexto electoral mencionado por el propio alcalde la vuelve una hipótesis plausible que solo el tiempo y los actos subsiguientes podrán confirmar o desmentir.