Gobierno revisa 25 años del INE y abre disputa por prescripción

El Gobierno federal puso bajo la lupa los contratos y adjudicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) de los últimos 25 años. El anuncio, presentado tras una reconstrucción de antecedentes de contratistas durante la conferencia presidencial, no es un trámite administrativo menor: coloca al árbitro electoral bajo escrutinio público y abre una disputa sobre los límites jurídicos y políticos de investigar un cuarto de siglo de operaciones.

La revisión llega en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas a la gestión de Guadalupe Taddei. Esa coincidencia es la que da peso político al anuncio: el escrutinio sobre el presente se envuelve en una revisión del pasado.

La objeción jurídica

El abogado penalista Gabriel Regino cuestionó la utilidad de remontarse tan atrás. "Lo que se está haciendo no tiene lógica, no es lógico, es político", afirmó en entrevista con Ana Francisca Vega. Su argumento central es técnico: los posibles delitos y faltas administrativas cometidos hace 25 años estarían, en términos generales, fuera de los plazos legales para exigir responsabilidades.

Regino situó los plazos de prescripción de diversos delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas alrededor de cuatro, cinco o seis años, según el tipo penal y las circunstancias. Bajo esa lectura, las investigaciones con mayores posibilidades de derivar en responsabilidades penales serían las de hechos ocurridos aproximadamente desde 2020 o 2021. La prescripción, precisó, debe determinarse caso por caso conforme al delito, las penas aplicables y las circunstancias que modifiquen el cómputo.

El penalista también advirtió del riesgo de ampliar artificialmente el alcance temporal mediante acusaciones de delincuencia organizada o lavado de dinero sin elementos suficientes. Usar esas figuras sólo para sortear la prescripción supondría, a su juicio, un uso abusivo del derecho penal y podría vulnerar garantías constitucionales.

A ello sumó una paradoja institucional: el INE y sus antecesores han estado sujetos a fiscalización periódica de órganos internos de control y de la Auditoría Superior de la Federación. "Si el propio órgano que supervisa año con año, que emite observaciones, ahora resulta que va a volver a investigar a un órgano que ya investigó sobre algo que ellos mismos hicieron, entonces estamos en una paradoja", señaló.

La lectura política

El anuncio desplaza el foco del presente al pasado: traslada la discusión hacia administraciones anteriores del organismo en un momento en que los señalamientos contra Taddei han puesto bajo escrutinio su funcionamiento. Regino describió esa operación como "una especie de arqueología jurídica para tratar de llevar al pasado las causas de lo causado y de lo no advertido".

El movimiento tiene ganadores y perdedores de margen. El Gobierno federal gana iniciativa política al instalar la discusión sobre la historia del INE, pero asume el costo de que la medida sea leída como presión sobre un órgano autónomo. La presidencia del INE queda en una posición incómoda: sus señalamientos actuales conviven con una revisión histórica que puede diluir la responsabilidad concreta. Y el propio sistema de fiscalización queda cuestionado, porque si las irregularidades existieron y no se detectaron, el fallo alcanza a los órganos que debían vigilarlas.

Regino planteó que el problema no se limita a establecer si hubo corrupción, sino a determinar si las autoridades supervisoras actuaron oportunamente. "Hay un agravio social, hay un agravio a la democracia, hay un agravio institucional y legal", afirmó, y advirtió una percepción de aplicación desigual de la justicia, con casos que avanzan rápido y otros sin resultados visibles. "Parecería que el encubrimiento institucional se sigue presentando a todos los niveles en actos de posible corrupción", sostuvo, aunque insistió en respetar los derechos de los investigados.

Sobre Taddei, el penalista distinguió tres vías independientes: la administrativa, con sanciones que podrían incluir multas e inhabilitaciones; el juicio político, que puede derivar en destitución e inhabilitación —"una especie de muerte política"—; y la penal, con posibles denuncias por cohecho, ejercicio abusivo de funciones o ejercicio ilícito del servicio público. Ninguna de esas vías acredita por sí misma responsabilidad alguna.

Qué sigue

La revisión de 25 años sólo tendrá consecuencia jurídica si se concreta en expedientes con hechos no prescritos, es decir, posteriores a 2020 o 2021. Para el resto, el valor será político, no penal.

Lo que debe observarse en los próximos días es si el Gobierno presenta una ruta institucional verificable —órgano responsable, universo de contratos, criterios de selección— o si la revisión queda en el anuncio. También importa si la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera abren líneas propias sobre el caso actual, y si el órgano interno de control del INE actúa con criterios uniformes. Sin esos pasos, la advertencia de Regino quedará como la lectura dominante: una investigación de utilidad política antes que jurídica.