Guanajuato prohíbe celulares en aulas y maestros deberán retirarlos

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) convirtió en obligación escolar lo que hasta ahora era una recomendación difusa: desde el 3 de noviembre, los maestros de educación básica deben retirar el celular a cualquier alumno que lo use en el salón, el patio o el recreo, y devolverlo al final de la jornada. La instrucción la confirmó el secretario de Educación estatal, Luis Ignacio Sánchez Gómez, y convierte a Guanajuato en uno de los primeros sistemas estatales en operar una prohibición explícita de pantallas en preescolar, primaria y secundaria.

El significado público de la medida no está en el dispositivo retenido, sino en quién queda responsable de aplicarla. La orden traslada al maestro la facultad de retener un objeto privado y le fija un procedimiento sin margen de interpretación. La SEG aclaró que los estudiantes no serán sancionados por ingresar con celulares o tabletas a los planteles: el aparato puede entrar, pero no puede usarse durante actividades escolares. Esa distinción importa porque separa la política disciplinaria de la política de convivencia: no se castiga la posesión, se regula el uso.

Sánchez Gómez presentó la regla como un hecho consumado y sin disidencias. "La regla está clara, se ha informado con toda la oportunidad y todo el mundo lo sabe: por supuesto que a partir del 3 de noviembre está prohibida su utilización en las escuelas, en los patios, en los recreos y en los salones de clase; no lo vamos a permitir en educación básica", declaró. Y añadió el argumento pedagógico: "Está totalmente comprobado que es una herramienta nociva en esas edades. No hay una sola voz que se haya pronunciado en favor de su autorización".

El funcionario sostuvo que no hay rechazo de padres, aunque admitió dudas por seguridad. "No hay un solo padre que nos haya dicho que no se le retire al alumno. Hay algunas dudas, por ejemplo, que yo no comparto, pero que sí las he recibido y las confieso, porque me dicen: 'no, pero es que por temas de seguridad'", relató. Su respuesta fue que la escuela asume el cuidado durante el horario y que las familias firman una carta responsiva. La medida, por tanto, no se apoya en una sanción legal nueva, sino en un acuerdo de corresponsabilidad que la autoridad educativa presenta como ya suscrito.

La lectura política

El costo político de la prohibición no recae en la SEG sino en los docentes y en los directores. Quien gana margen de maniobra es la autoridad estatal, que fija una regla visible y de bajo costo fiscal; quien lo pierde es el maestro, que queda expuesto a la fricción diaria con alumnos y familias. La SEG se posiciona como gobierno que actúa sobre convivencia y salud digital sin requerir presupuesto nuevo, mientras el conflicto operativo se descarga en el aula.

La declaración también revela una decisión institucional relevante: la dependencia renunció a medir el impacto con exámenes o métricas. "No hay diseñada una evaluación porque la mejor evaluación que vamos a tener es lo que va a terminar pasando en los próximos meses: vamos a tener jóvenes más despiertos, con mayor capacidad de atención, con mayores posibilidades de socialización y sobre todo más divertidos", afirmó. Esa ausencia de indicadores deja la política sin evidencia propia para defenderse o corregirse, y la vuelve dependiente de la percepción pública y de la disciplina de los planteles.

El diseño conserva un margen para la educación media superior, donde el celular solo podrá usarse si el docente diseña una actividad pedagógica que lo justifique, y deja a las universidades definir sus lineamientos por tratarse de adultos. Esa gradación sugiere que la prohibición no es un rechazo tecnológico general, sino una regla etaria: se prohíbe donde se considera que el alumno no puede autorregularse.

El antecedente inmediato es la modificación a la Ley de Educación estatal para regular el uso de dispositivos en espacios educativos. La SEG la presenta como una reforma cultural de aplicación paulatina, comparable a la regulación de alimentos saludables en escuelas, coordinada con docentes, personal administrativo, estudiantes y padres. Pero la instrucción operativa ya está vigente y no espera esa transición gradual.

Qué sigue

El primer punto de observación es la aplicación real en preescolar, primaria y secundaria: si los maestros retienen equipos de forma sistemática o si la regla se diluye en los planteles con mayor resistencia de familias. El segundo es la carta responsiva: la SEG la describe como instrumento de corresponsabilidad, pero no se ha precisado cuántas familias la han firmado ni qué ocurre cuando un padre se niega.

El tercero es la rendición de cuentas. Sin evaluación diseñada, la dependencia tendrá que explicar en los próximos meses con qué evidencia sostiene que hubo más atención, convivencia o rendimiento, o aceptar que la política se valida por percepción. También queda pendiente la coordinación anunciada con Economía, Salud, el IECA y Juventudes para atender deserción, adicciones y embarazo adolescente: ese frente es distinto del celular y aún no tiene hoja de ruta pública.