IEPC Guerrero niega contratos con red Taddei y acota el caso a 2025

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero respondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que durante el ejercicio fiscal 2025 no contrató ni destinó presupuesto a las empresas de materiales gráficos señaladas por su presunta vinculación con la red de corrupción y conflicto de intereses atribuida a la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. La respuesta, entregada a la Contraloría estatal, busca cerrar el requerimiento que la ASF envió el 28 de octubre a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero deja abierto el flanco más incómodo: qué ocurrió en años con elecciones.

El IEPC sostiene que una búsqueda en archivos físicos y electrónicos de control presupuestal, contable y patrimonial de 2025 no arrojó contratos, comprobantes fiscales ni registros de pagos a las empresas requeridas. La lista incluye a Corporativo Zeg, Cajas Graf, SERIPLAST de México, Diseño, Reconstrucción y Comunicación, TOL Producciones, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Formas Finas de México y Gráficas Corona, firmas dedicadas a la fabricación de material electoral, impresión y trabajos gráficos, vinculadas según el expediente periodístico a los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas y a otros integrantes de su familia.

El argumento central del instituto es de calendario: "durante el ejercicio fiscal (2025) no se llevaron a cabo procesos electorales", lo que explicaría la ausencia de licitaciones y contratos para la creación de material electoral. Es una defensa técnicamente verificable y políticamente estrecha, porque responde exactamente a lo preguntado —el año 2025— sin pronunciarse sobre el periodo en que el instituto sí ejerció presupuesto en la materia.

Ese límite lo expuso la propia presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, al reconocer que algunas de las empresas hoy señaladas sí tuvieron contratos con el órgano electoral local en procesos electorales pasados. Para el proceso de 2021, cuando el IEPC era presidido por Nazarín Vargas Armenta, Cajas Graf recibió un contrato de 39 millones de pesos para la impresión de material electoral, según la versión de Matildes Gama. La cifra convierte la respuesta administrativa en un asunto con memoria presupuestal: el organismo no niega el vínculo histórico, lo acota temporalmente.

La lectura política

El movimiento del IEPC tiene un destinatario doble. Ante la ASF, cumple con un requerimiento documental y evita una negativa sin sustento. Ante la política guerrerense, protege la gestión actual al separar el ejercicio 2025 —sin comicios— de la administración anterior, que es donde la propia presidenta ubica el contrato de 39 millones de pesos. Quien gana margen de maniobra es la actual presidencia del instituto, que puede presentarse como cooperadora de la auditoría sin asumir el costo político de un contrato que no firmó. Quien queda expuesto es la gestión de Vargas Armenta y, por extensión, la trazabilidad de las compras electorales en Guerrero.

El costo institucional es distinto. La ASF pidió información a la gobernadora, no solo al IEPC, lo que sugiere que el alcance de la revisión no se agota en el organismo electoral. La respuesta del IEPC acredita ausencia de contratos en 2025, pero no clausura la pregunta sobre el patrón de contratación en años electorales, que es donde se concentra el gasto en material gráfico y donde la auditoría puede encontrar el vínculo relevante. La distinción entre "no contratamos ese año" y "no contratamos a esas empresas" es la frontera que separa una respuesta completa de una respuesta oportuna.

También cambia el terreno de la Contraloría estatal, que ahora custodia un oficio con una admisión relevante: la existencia de contratos previos con una de las firmas señaladas. Ese documento puede convertirse en punto de partida para revisiones de ejercicios anteriores o quedar archivado como respuesta suficiente al requerimiento federal. La diferencia depende de si la ASF formula una nueva solicitud con periodo ampliado.

Qué sigue

El paso inmediato es verificar si la ASF acepta el alcance temporal de la respuesta o amplía el requerimiento a los ejercicios 2021 y 2024, años con procesos electorales en Guerrero. También queda por definirse si la Contraloría estatal remite el oficio a la Auditoría sin observaciones o abre una revisión propia sobre el contrato de Cajas Graf en 2021. Para el IEPC, la prueba política será sostener la separación entre gestión actual y administración pasada sin que la cifra de 39 millones de pesos se convierta en el centro de la discusión. Para la gobernadora Evelyn Salgado, el asunto mide su disposición a entregar documentación sensible sobre compras electorales de una institución autónoma.