IMCO advierte que falta de energía y agua frena inversiones en México

La directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Valeria Moy, advirtió que la falta de energía eléctrica y agua potable amenaza con frenar las inversiones que México podría atraer por su posición comercial, y atribuyó el retroceso del sector de electricidad y agua a decisiones de política económica que, a su juicio, han afectado al mercado energético.

La economista planteó la advertencia durante la conferencia “Expectativas económicas y políticas de México para el 2027”, que impartió este viernes en Saltillo, Coahuila. Ahí sostuvo que el país conserva una ventaja para atraer inversión extranjera —el segundo arancel promedio más bajo frente al resto del mundo, dijo—, pero esa oportunidad no será permanente si no se resuelven a corto plazo las deficiencias en infraestructura eléctrica e hídrica.

“Yo creo que hay una necesidad brutal de energía eléctrica porque los parques industriales se tienen que conectar y también hay una gran necesidad de agua en donde no se han hecho inversiones desde hace muchísimos años”, expuso Moy.

El señalamiento no es menor porque toca una condición material de la inversión: los parques industriales requieren electricidad y agua para operar y ampliar su capacidad productiva. Sin esos insumos, la ventaja comercial de México —que Moy describió como un activo vigente pese a las diferencias con el gobierno de Estados Unidos— queda expuesta a perderse frente a otros destinos.

El dato sectorial y la crítica a la política energética

Para respaldar su diagnóstico, la directora del IMCO citó cifras sectoriales del INEGI según las cuales el sector de electricidad, agua y gas registra un retroceso de -33.42% respecto al nivel de hace ocho años, mientras que los servicios profesionales, científicos y técnicos presentan un crecimiento de 45.83%.

“¿Cómo logramos que eso sucediera? Es un misterio. Es hacer un desastre en el mercado energético, porque de otra manera no pasa”, expresó al cuestionar las decisiones de política económica que, a su juicio, han afectado al sector.

La lectura de Moy es que la política energética debe abrir mayores espacios a la inversión privada, pues el Gobierno federal no cuenta con recursos para cubrir por sí solo las necesidades de infraestructura del país, mientras diversos proyectos permanecen sin concretarse. La afirmación desplaza el debate de la sola crítica al desempeño hacia la discusión sobre quién debe financiar y operar la infraestructura.

En materia de inversión, la economista explicó que la formación bruta de capital fijo registró una caída en julio de 2024, después de que se conoció que Morena tendría mayoría calificada en el Congreso y que avanzaría la reforma al Poder Judicial. Indicó que 86% de la inversión en México corresponde al sector privado, frente a 14% de inversión pública, y atribuyó a las empresas un papel central en la actividad productiva.

Moy calificó la situación como una mala decisión de política económica y atribuyó la presión sobre las finanzas públicas a los desequilibrios que dejó la administración federal anterior.

A su juicio, las restricciones de las finanzas públicas han convertido a la inversión pública en una de las principales variables de ajuste del presupuesto, debido a que otros compromisos —pensiones, transferencias sociales y servicio de la deuda— resultan más difíciles de reducir.

La lectura política

El diagnóstico de Moy tiene una consecuencia política clara: quien defiende el actual arreglo energético pierde margen de maniobra para explicar por qué la inversión no llega, mientras quienes piden mayor apertura privada ganan un argumento técnico con cifras del propio INEGI. El señalamiento ocurre además en un momento en que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca atraer inversiones mediante el Plan México, un programa que Moy reconoció como acierto por su enfoque regional, pero del que advirtió que no se cumple por decreto.

“El gran problema que yo veo con el Plan México es que no se hace por decreto, ni se hace de la noche a la mañana”, sostuvo.

La crítica no se limita al sector energético. Moy también consideró urgente ampliar y modernizar la infraestructura de movilidad —carreteras, aeropuertos regionales, aduanas y logística— e identificó el Estado de derecho como condición indispensable para el desarrollo económico. Sobre la economía en su conjunto, recordó que México ocupa el lugar 13 entre las mayores del mundo por tamaño, pero el 71 al medir el ingreso por persona ajustado por paridad de poder adquisitivo. “Ahí nos queda claro que algo no hemos hecho bien”, afirmó.

El peso de la advertencia depende de un elemento que la evidencia disponible no permite verificar: si las cifras de inversión y de desempeño sectorial se traducirán en decisiones concretas de política pública o quedarán como un llamado sin efecto. Lo que sí está documentado es que la falta de electricidad y agua, según la directora del IMCO, también limita la posibilidad de que México participe en industrias de mayor complejidad tecnológica, como la de los semiconductores.

Qué sigue

El primer punto de verificación será si el gobierno federal incorpora o no el diagnóstico del IMCO en la discusión sobre inversión en infraestructura eléctrica e hídrica, y si el Plan México suma metas verificables y suficiente energía para concretar nuevos proyectos productivos. También queda por verse si la apertura a la inversión privada que plantea Moy se traduce en cambios regulatorios o en esquemas de participación para los parques industriales. Sin esos pasos, la advertencia quedará como una señal de alerta sobre la competitividad del país, no como un cambio de rumbo.