INAPAM sin director seis años: protesta por presupuesto y prestaciones

Trabajadores y jubilados del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se concentraron este 4 de noviembre de 2026 en Paseo de la Reforma, frente a la Secretaría de Bienestar, con ambos sentidos de la avenida bloqueados a la altura de la calle de París, en la alcaldía Cuauhtémoc. La protesta tiene dos demandas concretas: el nombramiento de una persona titular en la Dirección General y certeza sobre el presupuesto que sostiene prestaciones y apoyos.

El reclamo no es menor. El INAPAM es el organismo público descentralizado que funciona como órgano rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, un universo que el propio instituto enmarca en torno a 17 millones de personas. La protesta expone una anomalía institucional: el organismo lleva aproximadamente más de seis años sin titular en la Dirección General, según el reclamo de sus propios trabajadores.

Esa ausencia no es solo simbólica. Entre las atribuciones exclusivas de la Dirección General está nombrar al personal del instituto y participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo. Sin una persona con representación legal plena, esas decisiones quedan en manos de un encargado de despacho que, de acuerdo con el planteamiento de los manifestantes, no tiene las mismas facultades que marca el Estatuto Orgánico. El efecto práctico es que las demandas laborales pendientes —pensiones y prestaciones incluidas— no encuentran una instancia con autoridad plena para resolverlas.

El presupuesto, la otra mitad del reclamo

La exigencia de nombramiento se acompaña de una advertencia sobre recortes que, sostienen los manifestantes, ponen en riesgo el futuro de sus prestaciones y apoyos. El tema ya tuvo eco legislativo: en la decimosexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, celebrada el 25 de agosto, la directora de Fortalecimiento y Operación de las Políticas Públicas del INAPAM, Rocío Ruiz López, presentó un informe sobre la situación del instituto, según el acta publicada en la Gaceta Parlamentaria.

En esa reunión, la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado reconoció la necesidad de incrementar el presupuesto destinado al Instituto y propuso que la comisión impulse mayores recursos en el siguiente ejercicio fiscal. El diputado Juan Armando Ruiz Hernández coincidió en la urgencia de fortalecer presupuestalmente a las instituciones que atienden a grupos en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con el mismo documento oficial. El reconocimiento legislativo confirma el fondo del reclamo que hoy se plantea en la calle: el problema no es solo de gestión interna, también de asignación de recursos.

Lo que está en juego tiene rostro. El INAPAM opera seis albergues con atención permanente las 24 horas —cuatro en la Ciudad de México, uno en Guanajuato y uno en Tuxtepec, Oaxaca— donde se ofrece alojamiento, atención médica, psicológica y alimentación a adultos mayores sin apoyo familiar o recursos suficientes. Mantiene además seis residencias de día, cinco en la Ciudad de México y una en Jerez, Zacatecas, con estancia temporal de lunes a viernes. El ingreso a ambos espacios depende de una valoración gerontológica y de la disponibilidad de recursos del instituto, a cargo del Comité de Ingreso y Casos Especiales. Esa disponibilidad es precisamente la que los manifestantes consideran amenazada.

La lectura política

El conflicto coloca al Ejecutivo federal frente a una decisión que ha postergado más de seis años. Quien gana margen con la protesta son los trabajadores y jubilados, que logran visibilizar una demanda laboral estancada y la vinculan con un servicio público de alcance nacional. Quien pierde margen es la propia estructura de Bienestar: la ausencia de titular impide cerrar negociaciones laborales con una contraparte con facultades plenas y traslada el costo político a la calle.

Institucionalmente, lo que cambia es la percepción de abandono de un organismo rector: un encargado de despacho puede operar la administración ordinaria, pero no sustituir la representación legal que el Estatuto Orgánico reserva al titular. Para la Secretaría de Bienestar, la protesta también es un recordatorio de que el discurso de atención a grupos vulnerables se mide en nombramientos y presupuesto, no solo en programas.

El Congreso aparece como el otro actor con margen. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ya dejó constancia de la necesidad de más recursos; la definición del Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal es la vía concreta para responder a la segunda demanda. Si esa asignación no se traduce en certeza para prestaciones, el reclamo laboral seguirá sin solución aunque llegue el nombramiento.

Qué sigue

La resolución depende de dos decisiones pendientes: el nombramiento de una persona titular para la Dirección General y la definición del presupuesto que el Congreso asigne al instituto para el próximo ejercicio fiscal. No hay en la evidencia disponible un plazo comprometido por parte de la Secretaría de Bienestar ni una fecha para la designación. Tampoco está claro si la protesta se mantendrá o se levantará tras la jornada. Lo verificable es que ambas decisiones siguen abiertas y que, sin ellas, las prestaciones y apoyos que hoy reclaman trabajadores y jubilados permanecen sin garantía institucional.