INPI defiende consulta indígena en Guerrero mientras críticos acuden al amparo

El delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, afirmó que en la consulta sobre la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos “se atendieron todas las voces de hombres y mujeres” y presentó la normativa como un marco de desarrollo y reconocimiento de derechos, no como un instrumento de confrontación con el Estado. La declaración, hecha durante una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero, responde a las críticas de activistas de las regiones Montaña, Costa Chica y Norte, que consideran que el proceso no fue culturalmente adecuado y que no fueron considerados.

El funcionario sostuvo que las asambleas regionales y las ocho mesas de trabajo sirvieron para atender inconformidades en plena asamblea, aunque reconoció que algunos inconformes acudieron al amparo y que serán los tribunales los que resuelvan. Esa admisión es relevante: el INPI no niega la existencia del conflicto jurídico, sino que lo desplaza al terreno judicial mientras se presenta como un gobierno “de escucha, de diálogo” que “camina en el territorio”. La ley, dijo, tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y cuenta con 453 artículos.

El acto no fue menor en términos políticos. A la conferencia asistieron los diputados locales morenistas Catalina Apolinar Santiago, Guadalupe García Villalva y Pánfilo Sánchez Almazán, además del director de la Facultad, César Rosas Herrera, el coordinador de la Academia de Técnica Jurídica y Producción Normativa, Jehová Méndez Olea, y la directora de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guerrero, Zaira Gallegos López. La presencia de legisladores oficialistas y de una representante del Poder Judicial federal sugiere que el INPI busca proyectar respaldo institucional a la ley y a su proceso de consulta, en un momento en que la impugnación judicial mantiene abierta la disputa sobre su legitimidad.

Vázquez Quintero ubicó la ley en una continuidad política: agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador haber impulsado la reforma al Artículo 2 constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, y mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce que estos pueblos no contaban con un marco legal de este tipo. Al vincular la norma con dos administraciones y con la reforma constitucional, el delegado presenta la ley como parte de un proyecto de gobierno más amplio, lo que también implica que su defensa pública queda atada al costo político de ese proyecto.

La lectura política

El hecho central es que el INPI defiende la consulta en el espacio público mientras los inconformes la impugnan en tribunales. Quien gana margen de maniobra es el gobierno federal, que puede sostener ante su base y ante los legisladores presentes que la ley nació de un proceso de escucha y que cualquier desacuerdo debe resolverse judicialmente. Quien pierde margen, al menos por ahora, son los activistas que denuncian falta de adecuación cultural: su reclamo queda subordinado al tiempo de los amparos y a la narrativa oficial de diálogo permanente.

Institucionalmente, el mensaje del INPI refuerza la idea de que la ley es un marco de desarrollo y no de confrontación, lo que puede facilitar su implementación presupuestal y administrativa. Pero esa misma presentación genera una expectativa: si los tribunales fallan contra la consulta o si las comunidades impugnantes no ven atendidas sus demandas, el discurso de “todas las voces” quedará expuesto como una afirmación difícil de sostener. El respaldo de diputados morenistas y de una representante de la Suprema Corte en el acto no resuelve el fondo del conflicto, pero sí eleva el costo político de que la ley sea percibida como impuesta.

Qué sigue

Los tribunales deberán resolver los amparos presentados por los inconformes, y el INPI afirma que mantiene un proceso de diálogo y escucha para “nutrir” la ley. El punto a observar es si ese diálogo se traduce en ajustes concretos a la normativa o en un mecanismo de mediación con las regiones que impugnaron la consulta. También queda por verse cómo se implementa la ley en Guerrero, donde el delegado contabilizó mil 732 comunidades indígenas y afromexicanas, y si el presupuesto directo que la norma contempla llega con claridad a esas comunidades. Sin esos pasos, la afirmación de que se atendieron todas las voces seguirá siendo una declaración política en disputa.