Juntos por el Perú plantea amnistía para Castillo y reabre el debate sobre el 7 de diciembre

La bancada de Juntos por el Perú presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para otorgar amnistía al expresidente Pedro Castillo y a quienes intervinieron en los hechos del 7 de diciembre de 2022 y en las protestas sociales posteriores. La iniciativa llega a menos de cuatro años del intento de cierre del Congreso y de la ruptura del orden constitucional, y coloca en la agenda legislativa una discusión que hasta ahora permanecía en el terreno de las declaraciones políticas.

El proyecto no se limita al expresidente: cubre a todas las personas que intervinieron en la elaboración, lectura, difusión o ejecución del mensaje del 7 de diciembre, en cualquier grado de autoría o participación. La fórmula, de autoría de Catherin Palomino y respaldada por otros 29 diputados de Juntos por el Perú y 14 del Partido Cívico Obras, contempla un segundo supuesto para hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2021 y la víspera de la entrada en vigor de la norma, siempre que se hayan producido en el contexto de protestas, movilizaciones y paros. Entre los delitos comprendidos figuran disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, violencia y resistencia a la autoridad, daños, usurpación, extorsión, apología y organización criminal, cuando la imputación se sustente en la convocatoria, organización o financiamiento de las protestas con recursos lícitos.

El texto excluye genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos. Sus efectos incluyen la extinción de la acción penal o de la pena, el archivo definitivo de los procesos y el levantamiento de medidas de coerción y órdenes de captura. El principal beneficiado sería Castillo, quien purga una condena de 11 años y 5 meses por conspiración para rebelión en el penal de Barbadillo. La misma condena alcanza a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez, hoy en México tras recibir un salvoconducto del Gobierno de Keiko Fujimori. La amnistía también podría favorecer a Aníbal Torres, entonces asesor del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, y a Willy Huerta, exministro del Interior.

La lectura política

La presentación del proyecto no equivale a su aprobación, pero sí instala una señal política: un sector del Congreso busca convertir la amnistía en moneda de cambio legislativa. Juntos por el Perú no reúne por sí solo los votos necesarios, y el respaldo del Partido Cívico Obras y de César Holguín, de Ahora Nación, sugiere una construcción de bloques que aún debe medirse en la Cámara. El margen de maniobra que gana la bancada es sobre todo simbólico y de agenda; el que pierde es el de quienes sostienen que las condenas por el 7 de diciembre son intocables.

El constitucionalista Natale Amprimo consideró que la amnistía es una decisión de carácter político, pero advirtió que su aprobación enviaría un mal mensaje a la ciudadanía. Recordó que Castillo pretendió cerrar el Tribunal Constitucional, la fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso, y sostuvo que aprobar la iniciativa "sería la legalización de un estado de absoluta arbitrariedad". Su lectura no es vinculante, pero describe el costo institucional que el debate pone sobre la mesa.

El punto institucionalmente decisivo no es solo quién sale de la cárcel, sino qué mensaje envía el Legislativo sobre la responsabilidad de quienes rompieron el orden constitucional. Una amnistía de este alcance reabriría la discusión sobre los límites de la política frente a las decisiones judiciales y sobre el tratamiento de las protestas sociales que dejaron víctimas y procesos abiertos. La exclusión de los delitos más graves no resuelve por sí sola esa tensión.

Qué sigue

El proyecto debe pasar por las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados antes de llegar al pleno, y su suerte depende de una mayoría que la evidencia disponible no permite acreditar. Falta conocer el dictamen, el calendario de debate y la posición de las demás bancadas, incluida la que respalda al Gobierno. También queda por verse si el Ejecutivo anticipa una posición formal. Sin esos elementos, la lectura más sólida es que se trata de una jugada de agenda con alto costo político y resultado incierto, no de una amnistía en curso.