POLÍTICA · MEDIUM
La Modalidad 40 del IMSS no se acaba, pero su costo la vuelve inalcanzable
El régimen de jubilación del IMSS mantiene su vigencia, pero el encarecimiento progresivo de las cuotas lo transforma en un lujo para la clase media y los trabajadores independientes.
La Modalidad 40 del IMSS sigue vigente, pero el encarecimiento progresivo de sus cuotas la hace inviable para la mayoría. En 2026, la aportación máxima supera los 152 mil pesos anuales, y para 2030 alcanzará el 18.8% del salario base. Este ajuste estructural obliga a los trabajadores a replantearse su estrategia de ahorro para el retiro.
La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social no desaparecerá, pero su costo la está convirtiendo en un bien de lujo. Lo que durante décadas funcionó como una de las vías más accesibles para garantizar una pensión digna, hoy se ha transformado en una carrera de obstáculos financieros que deja fuera a la mayoría de los trabajadores independientes y a la clase media. El cambio no es simbólico: es estructural.
Para entender la magnitud del problema, hay que recordar el origen de este régimen. Creado en 1997, permitió a los trabajadores por cuenta propia afiliarse al IMSS pagando un porcentaje fijo sobre un salario base de cotización, sin importar sus ingresos reales. Durante años, fue la única opción viable para quienes no tenían un patrón que les descontara las cuotas obrero-patronales. Sin embargo, el modelo siempre dependió de un equilibrio frágil entre aportaciones bajas y un fondo de reserva que, con el tiempo, mostró grietas estructurales. Hoy, ese equilibrio se rompió por completo.
Los números hablan por sí solos. Para 2026, la cuota mensual máxima ya alcanzará los 12,700 pesos, lo que equivale a más de 152,000 pesos al año. Y la escalada no se detiene: para 2030, la aportación se ajustará al 18.8% del salario base de cotización. En un contexto de estancamiento salarial, inflación persistente y precarización laboral, este encarecimiento progresivo convierte la jubilación en un objetivo inalcanzable para la gran mayoría de los afiliados. No se trata de un ajuste técnico, sino de una reconfiguración del contrato social que deja a los trabajadores en una encrucijada: pagar lo que no pueden o renunciar a su derecho a una pensión.
La política detrás de esta medida es clara. El IMSS necesita saneamiento financiero y la seguridad social mexicana enfrenta un reto demográfico sin precedentes: la población envejecida crece mientras la base de cotizantes se contrae. Pero la respuesta no ha sido una reforma integral que amplíe la base tributaria o modernice el sistema de pensiones, sino una carga directa sobre el trabajador individual. La falta de una estrategia de Estado para la seguridad social ha trasladado el costo de la sostenibilidad al bolsillo de quien menos puede absorberlo. Mientras el gobierno federal habla de protección social, los datos muestran que la protección se encarece hasta volverse excluyente.
Las consecuencias ya se vislumbran. Miles de trabajadores independientes, comerciantes, profesionistas y pequeños empresarios están evaluando si vale la pena mantenerse en el régimen o migrar a esquemas de ahorro individual como el AFORE voluntario, que tampoco garantiza el mismo nivel de protección. La erosión de la Modalidad 40 no solo debilita la confianza en el IMSS, sino que profundiza la brecha entre quienes tienen acceso a una pensión pública y quienes dependen de la informalidad o el ahorro precario. En un país donde más de la mitad de la fuerza laboral no cotiza de manera formal, este ajuste tiene implicaciones políticas y sociales de largo aliento.
Lo que viene a continuación será determinante. El Congreso y la administración federal deberán enfrentar la presión de los gremios de trabajadores independientes, que ya han anunciado movilizaciones y demandas de ajuste. Además, habrá que observar si el IMSS implementa mecanismos de subsidio cruzado, escalas salariales diferenciadas o alguna figura de transición que mitigue el impacto. La próxima etapa del debate no será solo técnica, sino profundamente política: se definirá si la seguridad social en México sigue siendo un derecho universal o se convierte en un privilegio de quienes pueden pagarla. Mientras tanto, la Modalidad 40 sigue vigente, pero su futuro depende de si el Estado decide hacerla accesible o la deja morir por su propio peso.