MC presiona a la Fiscalía de Morelos para reactivar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco

La dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Morelos, Jessica Ortega de la Cruz, y la bancada de su partido en el Congreso de la Unión exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) subsanar las deficiencias legales del expediente contra el diputado federal Cuauhtémoc Blanco y así poder solicitar formalmente una nueva Declaratoria de Procedencia —el desafuero— ante la Cámara de Diputados. La demanda no es un trámite menor: coloca de nuevo en el centro del debate público la frontera entre la inmunidad procesal y la obligación de investigar señalamientos graves, en este caso por presunta violación en grado de tentativa en agravio de su media hermana.

Ortega de la Cruz, también diputada federal, cuestionó que después de más de un año la institución ministerial no haya integrado los elementos necesarios para reactivar el procedimiento. La exigencia de MC no pide una condena, sino que la Fiscalía haga su parte para que el Congreso pueda pronunciarse sobre el fuero. La dirigente lo formuló con cuidado: “No decimos si es culpable o es inocente, no lo sabemos. Lo que sí decimos es que debe renunciar a su fuero”, sostuvo.

El señalamiento central de la dirigencia emecista apunta a la responsabilidad política de otros actores. Ortega de la Cruz acusó a Morena, al PRI y a sus partidos aliados de encubrir al exgobernador y de haber frenado la solicitud de desafuero presentada anteriormente en San Lázaro. Es una acusación política, no una resolución judicial, y conviene leerla como tal: no existe en la evidencia disponible una determinación que acredite ese encubrimiento, pero sí un patrón de estancamiento procesal que MC convierte en bandera.

La dirigente también consideró insuficientes las disculpas públicas ofrecidas recientemente por el diputado Hugo Eric Flores, quien reconoció haber impulsado la carrera política de Blanco Bravo. Para MC, ese gesto no sustituye la obligación institucional de despejar el camino del desafuero. La inmunidad procesal no debe convertirse en un mecanismo para impedir que se investiguen presuntos delitos del fuero común, particularmente cuando se trata de señalamientos de naturaleza sexual, insistió.

La lectura política

El movimiento tiene un destinatario doble. Por un lado, presiona a la Fiscalía de Morelos, un órgano autónomo en el discurso pero incrustado en una disputa política de largo aliento en el estado. Por otro, interpela a la Cámara de Diputados, donde la mayoría de Morena y sus aliados controla el calendario de cualquier Declaratoria de Procedencia. Quien gana margen aquí es MC: convierte un caso judicial en una causa política de perfil propio, con una dirigente que también tiene escaño federal. Quien lo pierde, al menos en el terreno simbólico, es la coalición gobernante, que queda colocada en la posición de tener que explicar por qué el expediente no avanza.

El costo institucional es más delicado. Si la Fiscalía no subsana el expediente, el mensaje que se consolida es que la inmunidad funciona como escudo práctico. Si lo hace, el Congreso queda obligado a pronunciarse y a asumir el costo político de votar a favor o en contra del desafuero de un diputado de Morena. Lo que cambia institucionalmente no es todavía el estatus jurídico de Blanco, sino la presión sobre dos instituciones que hasta ahora han administrado el caso con lentitud.

La acusación contra Morena y el PRI también tiene una función interna para MC: le permite diferenciarse en un territorio donde compite por el voto de mujeres y de electorados cansados de la impunidad. Es una apuesta de riesgo medio, porque si la Fiscalía no responde, el reclamo puede diluirse en el ruido.

Qué sigue

El primer paso depende de la FGE de Morelos: corregir las deficiencias legales del expediente y, si lo considera procedente, remitir una nueva solicitud de Declaratoria de Procedencia a la Cámara de Diputados. Sin ese movimiento, la exigencia de MC se queda en declaración política. Si la solicitud llega, la Junta de Coordinación Política y la Comisión Jurisdiccional tendrán que definir si la admiten y en qué plazo. Falta un elemento clave para sostener una lectura más fuerte: no hay en la evidencia disponible un plazo institucional comprometido ni una respuesta pública de la Fiscalía a esta exigencia. Ese dato, cuando exista, dirá si el caso avanza o vuelve a congelarse.