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México prohíbe celulares en la jornada escolar de educación básica
La SEP y las 32 autoridades educativas aplican en todo el país una restricción sin sanciones, basada en una consulta docente. La medida contrasta con Colombia, donde el Congreso sigue sin aprobar una norma nacional.
México aplica desde la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial una prohibición del uso de celulares y dispositivos inteligentes durante clases y recreos en educación básica, pública y privada. La regla no contempla sanciones y admite excepciones pedagógicas, de salud y emergencias. La decisión se apoya en una consulta con 565.396 docentes, de los cuales casi el 80 % reportó problemas
México cerró el paso a una discusión que llevaba años abierta en buena parte de la región: los estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas ya no pueden usar el teléfono móvil durante la jornada escolar, por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La regla no se limita al aula: alcanza también los recreos, y cubre relojes inteligentes y otros dispositivos personales. Los equipos pueden entrar al plantel, pero deben permanecer guardados según lo que defina cada escuela.
El alcance es nacional porque la decisión no quedó en manos de cada entidad. Los lineamientos fueron aprobados por las autoridades educativas de las 32 entidades federativas en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y publicados en el Diario Oficial de la Federación en septiembre, con un periodo de 30 días para informar a las comunidades escolares antes de su entrada en vigor. La iniciativa fue impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que sitúa la medida en el terreno de las políticas de gobierno con sello propio y no solo en el de una resolución administrativa del sector.
Una regla con excepciones y sin castigos
El diseño de la norma importa tanto como su contenido. La restricción prevé excepciones para uso pedagógico programado y orientado por el docente, emergencias personales, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión, y situaciones extraordinarias justificadas por la comunidad educativa. Esa arquitectura deja margen a los planteles para adaptar la aplicación sin convertirla en una prohibición absoluta.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó el 5 de noviembre en un encuentro educativo en Nuevo León que la restricción no estará acompañada de un esquema de sanciones. "No nos interesa tener una serie de sanciones", dijo, y explicó que la estrategia se basa en la formación y la concientización. También señaló que las plataformas digitales deben responsabilizarse por los contenidos peligrosos para la infancia. La ausencia de castigos es una decisión política relevante: traslada la carga de la aplicación a la autoridad de cada escuela y a la persuasión, no al régimen disciplinario.
La justificación oficial se apoya en una consulta nacional en la que participaron 565.396 docentes y otras figuras educativas. Según los resultados divulgados por la SEP y recogidos por la prensa mexicana, el 79,7 % de los docentes reportó dificultades de atención en sus estudiantes, el 73,3 % observó problemas para regular emociones o tolerar la frustración y el 38,7 % señaló conflictos que comenzaron en redes sociales y continuaron en la escuela. Además, el 29 % mencionó casos de ciberacoso. Son percepciones docentes, no mediciones de aprendizaje, y conviene tratarlas como tales.
La norma también traza una frontera por niveles. En educación media superior no hay prohibición nacional: cada plantel define sus reglas mediante acuerdos con su comunidad. En educación superior, la SEP anunció que promoverá junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) un "uso crítico" de la tecnología, que incluye la comprensión de los algoritmos y la inteligencia artificial.
La lectura política
El gobierno federal gana un instrumento de política educativa visible y de aplicación uniforme, mientras los planteles pierden discrecionalidad para decidir el régimen de uso de dispositivos. La aprobación en el Conaedu permite al Ejecutivo presentar la medida como un acuerdo federalista, no como una imposición central, aunque el impulso presidencial es explícito. Para la SEP, el rédito está en la claridad del mensaje y en el respaldo de una consulta con más de medio millón de participantes; el costo potencial está en la brecha entre la regla y su cumplimiento real, sobre todo donde no hay mecanismos de verificación.
La decisión también posiciona a México como referencia regional. El contraste con Colombia es nítido: allí no existe una norma nacional que restrinja el uso del celular en los colegios y en el Congreso cursan al menos dos proyectos de ley sin aprobación. En Bogotá, la Secretaría de Educación preparaba en septiembre un proyecto de resolución con límites diferenciados por edad, pero hasta ahora no se ha anunciado su fecha de entrada en vigor. México resolvió por vía administrativa lo que Colombia todavía discute por vía legislativa, y ese diferencial puede pesar en el debate colombiano.
El flanco más expuesto es la ausencia de sanciones. Sin régimen disciplinario, la eficacia dependerá de la capacidad de cada escuela para hacer cumplir la regla y de la comunicación con las familias. La propia SEP fijó un periodo de 30 días para informar a las comunidades escolares, lo que reconoce que la implementación es un proceso, no un acto único.
Qué sigue
La pregunta inmediata es cómo se traducirá la norma en la práctica cotidiana de miles de planteles: qué criterios fijará cada escuela para el resguardo de los dispositivos y cómo se resolverán las excepciones sin abrir portillos. También queda por verse si la SEP produce datos de seguimiento sobre cumplimiento y conflictos, y si la promoción del "uso crítico" en educación superior con la ANUIES se traduce en lineamientos concretos. En el terreno político, la medida queda atada al gobierno de Sheinbaum como una de sus apuestas educativas de alcance nacional; su evaluación pública dependerá menos del anuncio que de lo que ocurra en los recreos.