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México restringe celulares en escuelas: la SEP prueba su capacidad de aplicar
Las nuevas reglas entran en vigor con restricciones diferenciadas por nivel educativo. El reto no es el anuncio, sino la coordinación con estados y planteles.
México aplica desde este martes nuevas reglas para el uso de dispositivos móviles en escuelas públicas y privadas, con restricciones diferenciadas entre básica, bachillerato y universidad. La SEP, dirigida por Mario Delgado, afirma que el sistema está preparado. El acuerdo se publicó el 22 de septiembre y da 180 días a los estados para adecuar sus normas. El desafío será la implementación heterogé
México comenzó este martes a aplicar las nuevas reglas para el uso de dispositivos móviles en escuelas públicas y privadas, con restricciones y medidas diferenciadas entre educación básica, bachilleratos y universidades, según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP). El titular de la dependencia, Mario Delgado, aseguró que el sistema educativo "está preparado para implementar la regulación" impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a favorecer el aprendizaje, la convivencia y la protección de menores frente a los riesgos del uso excesivo de pantallas.
La medida abarca un sistema de 34,1 millones de estudiantes, 2,2 millones de docentes y 263.600 escuelas. En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción comprende toda la jornada escolar, aunque el acuerdo permite usar dispositivos para actividades educativas previamente programadas y orientadas por docentes, así como en emergencias o por necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión. En bachillerato, cada plantel acordará las medidas con su comunidad educativa, incluidos docentes y familias. En universidades se promoverá un uso responsable de la tecnología y la formación de una ciudadanía digital crítica, con respeto a la autonomía institucional.
La entrada en vigor convierte un acuerdo publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación en una obligación operativa para miles de planteles que no participaron en su diseño. El documento fijó el 3 de noviembre como fecha de inicio y concedió a las autoridades estatales 180 días naturales para emitir o adecuar sus normas. Es decir, la aplicación nacional arranca mientras las reglas locales aún pueden estar en proceso de ajuste.
Delgado invitó a los estudiantes a "apagar el celular y encender la imaginación con la lectura". Según el funcionario, la regulación busca atender riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas y la posible adicción a plataformas digitales, además de la exposición a violencia, contenidos sexuales, mensajes de odio y ciberacoso. La SEP citó una consulta nacional en la que el 80% de los docentes identificó dificultades de sus estudiantes para mantener la atención; el 79%, para recordar información; el 73%, para regular sus emociones o afrontar la frustración, y el 81% consideró necesario adoptar medidas.
El diseño escalonado reconoce que no hay una sola escuela: la restricción total en básica convive con la negociación local en bachillerato y la autorregulación en universidades. Esa flexibilidad puede facilitar la aceptación, pero también abre la puerta a una aplicación desigual entre entidades y planteles. El propio acuerdo reconoce que 19 estados ya contaban con disposiciones sobre dispositivos móviles en centros educativos, lo que anticipa un mosaico normativo que la federación deberá armonizar.
La lectura política
La SEP gana un instrumento visible de autoridad regulatoria, pero su margen real de maniobra depende de gobiernos estatales, sindicatos docentes y familias que operan la medida en el día a día. El anuncio permite a Delgado posicionarse como ejecutor de una política presidencial con alto respaldo social potencial, aunque el costo de un mal resultado recaerá sobre la propia dependencia.
Los estados conservan un margen relevante: tienen 180 días para adecuar sus normas, lo que en la práctica les permite interpretar la restricción con distinta intensidad. Las universidades, por su autonomía, quedan fuera de una prohibición estricta, de modo que el alcance real de la medida será más acotado de lo que sugiere el anuncio nacional.
Delgado también desplazó parte de la responsabilidad hacia las plataformas digitales al sostener que la protección de menores en internet no puede recaer exclusivamente en familias, docentes y autoridades. Es una señal política: la SEP no quiere cargar sola con el fracaso de una regulación que depende de factores tecnológicos y comerciales fuera de su control.
Qué sigue
El primer test será la implementación en aulas concretas durante las próximas semanas: si las escuelas de básica aplican la restricción de jornada completa y si los planteles de bachillerato logran acuerdos con familias y docentes. También habrá que observar cómo responden los gobiernos estatales dentro del plazo de 180 días y si la SEP publica criterios homogéneos de supervisión.
Queda pendiente saber si la dependencia dará a conocer mecanismos de evaluación o ajuste, y si la regulación se acompañará de recursos pedagógicos para que el uso con fines educativos no quede como una excepción nominal. Sin esos elementos, la medida corre el riesgo de quedarse en un anuncio de alcance desigual.