Michoacán aprueba subsidios al Morebús pero el Ejecutivo no envía la propuesta

El gobierno del estado de Michoacán no ha presentado al Congreso la propuesta de subsidios para el Morebús y los teleféricos, un insumo que resulta necesario para construir el presupuesto estatal de 2027. La ausencia de esa iniciativa ocurre después de que el Legislativo aprobara, el 20 de octubre, una reforma que permite destinar recursos multianuales a esos sistemas de transporte. El dato fue expuesto por el diputado Alfredo Anaya Orozco, del Partido Verde Ecologista de México, quien explicó el alcance de la modificación y advirtió sobre el riesgo de que la inversión pública ya realizada quede sin operación sostenida.

La reforma aprobada crea un mecanismo para registrar y autorizar subsidios, pero no obliga al Ejecutivo a presentar la propuesta de recursos. Esa distinción es central: el Congreso habilitó la vía jurídica, pero la decisión de cuánto, cómo y con qué calendario se subsidia al Morebús y a los teleféricos sigue en manos del gobierno estatal. Anaya lo planteó así: "Lo que aprobamos ayer es que hubiera un registro puntual para el subsidio, que no estaba contemplado". La legislación anterior no preveía apoyos para el mantenimiento de estos servicios, de modo que la reforma corrige una omisión, pero no sustituye la voluntad política de enviar la propuesta.

El legislador advirtió sobre la importancia de garantizar recursos para mantener en operación estas obras, considerando la significativa inversión pública destinada a su construcción. "Lo peor sería que no se diera la atención y que quedaran como elefantes blancos", afirmó, en referencia a las gigantescas inversiones que representan patrimonios estatales. La frase no es retórica: el Morebús y los teleféricos son infraestructura que requiere mantenimiento, personal y energía para funcionar, y sin subsidio su operación queda en entredicho.

El costo estimado de los subsidios ronda los mil millones de pesos anuales, según el dirigente transportista José Pasalagua. Esa cifra, que no ha sido confirmada por la autoridad estatal, dimensiona el compromiso financiero de largo plazo que el gobierno de Michoacán debería asumir. Pasalagua también contrastó la escala de los sistemas: el transporte tradicional moviliza a más de 860 mil personas diariamente, mientras que el Morebús y los teleféricos juntos transportan entre 30 mil y 40 mil usuarios. La comparación introduce una tensión política evidente: los transportistas concesionados reclaman que los apoyos se extiendan a taxis y camiones urbanos, lo que ampliaría el universo de beneficiarios y el costo fiscal.

El Congreso queda como escenario de una discusión que el Ejecutivo aún no ha activado formalmente. La reforma del 20 de octubre le dio al Legislativo una herramienta de registro y autorización, pero sin la propuesta del gobierno estatal el mecanismo queda sin contenido presupuestal. En términos institucionales, el cambio no altera la distribución de poder entre poderes: el Ejecutivo conserva la iniciativa de gasto y el Congreso la facultad de aprobarlo. Lo que cambia es que ahora existe una vía legal para subsidiar, lo que hace más visible la omisión si el gobierno no la utiliza.

La lectura política

El costo político de la ausencia recae, por ahora, en el gobierno estatal. La reforma fue aprobada y el diputado que la impulsa pertenece al PVEM, un aliado que no necesariamente coincide con el Ejecutivo estatal en todos los temas. Anaya hizo público el faltante en un momento en que el presupuesto 2027 comienza a discutirse, lo que coloca al gobierno en la posición de tener que explicar por qué no ha enviado la propuesta. Si el Ejecutivo no la presenta, el Congreso podría aprobar el presupuesto sin partida para los subsidios, y el costo de esa decisión se trasladaría a la operación de los sistemas.

El margen de maniobra del gobierno estatal se reduce porque la reforma ya fijó el marco legal y porque el diputado que la promovió tiene incentivos para reclamar su instrumentación. El margen del Congreso, en cambio, aumenta: puede exigir la propuesta, condicionar la aprobación del presupuesto o, en su defecto, dejar constancia de que el Ejecutivo no cumplió. Los transportistas concesionados también ganan un argumento: si hay subsidio para el Morebús y los teleféricos, reclaman paridad para el transporte tradicional, lo que complica la negociación.

El riesgo de los elefantes blancos es el argumento más potente en juego, porque conecta la discusión fiscal con la rendición de cuentas sobre inversión pública ya ejercida. La construcción de estas obras implicó recursos estatales; su abandono operativo convertiría esa inversión en pérdida patrimonial. Esa lógica no resuelve el debate sobre el monto ni sobre la equidad entre modos de transporte, pero sí establece un piso de responsabilidad para el Ejecutivo.

Qué sigue

El gobierno estatal debe enviar al Congreso la propuesta de subsidios para el Morebús y los teleféricos si quiere que el presupuesto 2027 incluya una partida para su operación. El Congreso, por su parte, tiene la facultad de requerirla formalmente y de decidir si aprueba el presupuesto con o sin ese componente. La discusión sobre si los subsidios se extienden a taxis y camiones urbanos queda abierta y probablemente se resolverá en el mismo proceso presupuestal. Sin la propuesta del Ejecutivo, el escenario más probable es que el presupuesto 2027 se apruebe sin recursos etiquetados para estos sistemas, lo que dejaría su operación sujeta a decisiones administrativas posteriores o a un nuevo ciclo de negociación.