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Morena exige a la FGR esclarecer desvío de 7,200 millones en Nuevo León
Ramírez Cuéllar pide investigar la ruta del dinero señalada por la ASF en la cuenta pública 2025 y deslindar responsabilidades, incluido el gobernador Samuel García.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió a la FGR investigar el presunto desvío de más de 7,200 millones de pesos en Nuevo León, denunciado penalmente por la ASF. El legislador pide seguir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y deslindar responsabilidades sin excepciones, en un caso que apunta al gobierno de Samuel García.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer el presunto desvío de más de 7,200 millones de pesos en la administración de Nuevo León, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal por la triangulación de recursos públicos durante el ejercicio 2025. La exigencia traslada al terreno federal un conflicto que hasta ahora se libraba entre el gobierno estatal y la oposición, y coloca a la FGR ante la disyuntiva de investigar a fondo o quedar como árbitro pasivo en un caso con implicaciones directas para el gobernador Samuel García Sepúlveda.
Ramírez Cuéllar sostuvo que la denuncia de la ASF obliga a esclarecer el destino de los recursos públicos y a determinar las responsabilidades correspondientes, y rechazó que se trate de una disputa política o de un simple intercambio de acusaciones. Según el reporte de la ASF citado por el legislador, se identificaron cuatro rutas de transferencias a través de distintas empresas, mediante las cuales 928.13 millones de pesos habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre, lo que habría permitido comprar un rancho valuado en mil millones de pesos. El legislador calificó el esquema como "la estafa regia" y afirmó que desde octubre del año pasado advirtió públicamente sobre presuntos esquemas de facturación falsa que, dijo, ahora fueron confirmados por la auditoría.
La lectura política
El movimiento de Ramírez Cuéllar no es aislado. El legislador presentó el 29 de julio un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para pedir a la ASF una auditoría integral a los recursos federales transferidos a Nuevo León, solicitud aprobada el 19 de agosto, y ahora utiliza ese resultado para presionar a la FGR. Con ello, Morena convierte un hallazgo técnico de fiscalización en un instrumento de confrontación política contra un gobernador de oposición, pero también se expone a que la fiscalía no actúe con la celeridad que el discurso exige.
Quien gana margen de maniobra es la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que puede presentarse como impulsora del combate a la corrupción y de la fiscalización del gasto federal transferido. Quien lo pierde, al menos en el terreno simbólico, es el gobierno de Nuevo León, que deberá explicar públicamente las operaciones señaladas por la ASF y enfrentar un escrutinio que ya no depende solo de la política local. La FGR, por su parte, queda en una posición incómoda: la exigencia de "investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes, sin encubrimientos ni privilegios para nadie", en palabras del legislador, fija un estándar público que la fiscalía tendrá que cumplir o pagar el costo político de no hacerlo.
El antecedente inmediato refuerza la estrategia: Ramírez Cuéllar insistió el 1 de noviembre en la necesidad de que el Congreso de Nuevo León reinstale su comisión anticorrupción para permitir el juicio político contra Samuel García, y presentó una iniciativa de reforma al artículo 109 constitucional para eliminar el fuero y fortalecer el juicio político. La secuencia —auditoría, denuncia penal, presión para el juicio político y reforma constitucional— sugiere una estrategia coordinada para mantener el caso en la agenda pública y cerrar los espacios de impunidad que el propio legislador atribuye al sistema político.
Qué sigue
El siguiente paso formal está en manos de la FGR: deberá definir si abre una investigación formal, qué diligencias practica para seguir la ruta del dinero y si identifica a los beneficiarios finales de las operaciones señaladas. La evidencia disponible no permite anticipar el sentido de esa decisión ni el grado de avance de la denuncia presentada por la ASF. Tampoco permite confirmar responsabilidades penales del gobernador o de su entorno; lo que existe es una denuncia de la auditoría y señalamientos públicos de un legislador.
En el plano legislativo, queda pendiente el destino de la iniciativa de reforma al artículo 109 constitucional y de la exigencia de reinstalar la comisión anticorrupción en Nuevo León. El elemento que falta para sostener una lectura más contundente es la respuesta institucional de la FGR y del Congreso local: sin ella, el caso permanece como una acusación política de alto impacto, pero sin consecuencias jurídicas verificables.